Uno de los principales objetivos del Fondo Monetario Internacional (FMI), incluso antes de que se oficializara el programa de ajuste económico neoliberal en 1990, es la liberalización total del mercado cambiario. Se busca que el tipo de cambio sea determinado por las fuerzas del mercado, sin interferencia alguna del Banco Central, lo que implica en el caso de Honduras una devaluación abrupta del lempira frente al dólar americano.

A finales de la década de los 80s, la justificación era la sobrevaluación del lempira que supuestamente restaba competitividad a las exportaciones, y por tanto, el cambio de la paridad fija de dos (2) lempiras por (1) dólar debía modificarse. Esta sobrevaluación se estimaba en menos del 50%, o sea que la paridad del mercado según este argumento, debería ser 3 lempiras por un (1) dólar americano.

Las autoridades monetarias en el gobierno de Azcona (1986-1989) se resistieron a ello, pero permitieron que los agentes económicos y exportadores tuvieran acceso a los certificados de opción a divisas por exportación (CETRAS) que permitió, entre otras cosas, especular con las divisas al seguir vigente oficialmente dicha paridad. Estos certificados podían ser negociados a precios mayores, accediendo a divisas y promoviendo un mercado no regulado. El CETRA produjo una desviación de las divisas de un destino esencial hacia un uso no esencial, desatando expectativas especulativas en la economía. (Valladares: 1989, pág. 34).

La devaluación recetada por el gobierno del presidente Callejas Romero fue de 100%, terminando su gobierno con un tipo de cambio de 9.80 lempiras por dólar. El intento de liberalización total de la divisa no tuvo existo, ya que la protesta generalizada de la población hizo que las autoridades monetarias retrocedieran es su pretensión de otorgar un premio mayor a los exportadores. El gobierno de Reina (1994-1997), introdujo el mecanismo de subasta de divisas  con un mayor control del Banco Central, para permitir ajustes graduales y pequeños en la tasa de cambio según un rango establecido entre el precio de compra y el precio de venta de la divisa. Este control permitió que los agentes económicos y exportadores entregaran las dividas al BCH para su uso óptimo, o sea asignarlas de acuerdo a prioridades como compra de medicamentos, materias primas, insumos y bienes de capital, pago de deudas.

Los Gobiernos de Flores Facusse (1998-2001) y Maduro (2002-2005) resistieron a su manera las presiones de los exportadores y maquiladores, sobre todo del FMI, por flexibilizar el mecanismo y liberalizar la tasa de cambio. Igual sucedió en el gobierno de Mel Zelaya, donde incluso se tuvo que asumir la política de no devaluación frente a la presión del Organismo. Este largo periodo, fue un periodo de estabilidad cambiaria que favoreció el aumento de la producción e inversión productiva.

Después del golpe de Estado, se evidencia una flexibilidad en la política de no devaluación, y de ajuste en la tasa de cambio. Una medida tomada, en el marco del convenio suscrito con dicho organismo, fue la flexibilidad en el mecanismo de subasta de divisas bajo el argumento del largo periodo de estabilidad cambiaria y acumulación de reservas por el BCH. En realidad se buscaba otra cosa, premiar a los exportadores al obtener más lempiras por dólar exportado, pero también abaratar el costo de la mano de obra y contribuir a cerrar la brecha de gasto interno por la contracción que genera la devaluación.

Las quejas en contra de esta política económica no se han hecho esperar, pero el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), no puede dar marcha atrás ya que lo convencieron de liberalizar aún más la tasa de cambio y permitir que los agentes económicos como los bancos retengan un porcentaje de las divisas. Estas quejas incluyen a los industriales que tienen que importar la mayor parte de bienes de capital, agroindustriales por la importación de insumos y servicios, transportistas, obreros, imprentas, periódicos, librerías, etc.

Se busca una liberalización total que empieza con un 10% del monto de las divisas retenidas por los bancos del sistema, y se avanza a futuro hasta llegar a un porcentaje mucho mayor; idealmente cerca del 100%. Si se capta unos 8,500 millones de dólares al año, la retención por la banca privada seria 850 millones de dólares, los que pueden utilizarse entre los mismos bancos para comprar y vender divisas en un mercado cambiario paralelo. El compromiso con el FMI era que esta medida debía ejecutarse a principios del año, por lo que es parte de la condicionalidad establecida en el convenio suscrito.

Cuáles son los problemas que este tipo de políticas conlleva. El primero es el aumento de la inflación interna, la cual en parte es reprimida por el Banco Central a través del control y reducción de la liquidez bancaria. Tiene efectos negativos en las actividades económicas y comerciales, ya que los costos internos son cada vez más altos. La segunda es el aumento de la deuda externa, especialmente la tasada en moneda fuerte, por lo que el país tendrá que obtener o generar mayores recursos para honrar el servicio de la deuda en ascenso. Una tercera es el alto precios de los hidrocarburos, donde el gobierno se resiste a bajar su tajada que cobra por galón de combustible que se factura. Igual sucede con las tarifas de los servicios públicos como la energía eléctrica, alquileres y pago de préstamos.

Cuáles son los beneficios. Como sucedió en el pasado, un reducido grupo de exportadores y bancos tendrán las puertas abiertas para especular con la divisa, acelerando la devaluación del lempira, pero también pagar menos salarios con lo cual, según este enfoque neoclásico-monetarista, se abaratan los costos de producción y mejora la competitividad de las exportaciones.

Los dirigentes políticos de la oposición al gobierno, no se han pronunciado abiertamente sobre esta liberalización del mercado cambiario y sus impactos negativos en los ingresos, salarios y producción interna. En el Partido Liberal, destaca la posición de Carlos Montoya en contra de la devaluación, igual las dudas de Gabriela Ñunez sobre la efectividad de la política en una coyuntura de aumento de impuestos y destrucción del empleo productivo. Luis Zelaya, candidato de una de las corrientes del Partido Liberal con posibilidades de triunfo, al parecer no tiene un planteamiento claro sobre el tema, pero su equipo económico trabaja en ello.

Se sabe que Xiomara Castro, Nelson Ávila y Rasel Tomé del Partido LIBRE son contrarios a la devaluación, por lo que deben pedir la postergación de la firma de un nuevo convenio con el FMI para después de enero de 2018, ya que todo apunta a que el FMI presionara más por alcanzar el sueño de 25 años, o sea la liberalización del mercado cambiario. Todavía no tenemos un planteamiento claro de Salvador Nasralla del PAC, pero se espera que sea en contra de la liberalización total del mercado cambiario.

Hay que ir a la historia y demostrarle a los nuevos técnicos del FMI y tramitadores económicos del gobierno del JOH que Honduras no camina con una política de liberalización total del mercado cambiario, simplemente muere.  La mayor competitividad de las exportaciones y de la economía del país, se logra con otras cosas, una de ellas es la inversión en capital humano, tecnologías e investigación.

Tegucigalpa, DC, 28 de febrero de 2017.