Entre sus prioridades está la promulgación de la ley de etiquetado de alimentos transgénicos.

Este año la articulación mantendrá sus principales ejes de trabajo, como el monitoreo de las políticas públicas y decisiones privadas en torno a la agricultura y la alimentación, la difusión de informaciones, la realización de eventos, charlas y talleres en distintos espacios para facilitar el encuentro entre familias campesinas productoras y consumidores de la ciudad y la elaboración de propuestas para el cumplimiento de los derechos ciudadanos.

El desafío será fortalecer su rol como constructor de conciencia ciudadana, especialmente en la zona urbana, explicó su secretario ejecutivo Miguel Lobianco.

Entre sus objetivos más cercanos, dijo, figura el estudio y promulgación de la ley de etiquetado de transgénicos (DESCARGAR), que viene trabajando durante los últimos dos años.

El proyecto de ley establecerá en todo Paraguay “la obligatoriedad del etiquetado de los productos destinados al consumo humano que contengan o sean producidos a partir de organismos genéticamente modificados y/o transgénicos” a través de una letra “T” de transgénico dentro de un triángulo amarillo en los envases.

También prohibirá que alimentos con transgénicos puedan destinarse a la merienda escolar que reparte el Estado paraguayo a millares de estudiantes en todo el país.

En una audiencia en agosto último, el colectivo logró debatir con distintos actores sociales y logró adhesiones y compromisos de parte del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) de acompañar el proyecto de ley.

En un taller nacional abierto a todo público, a realizarse este 25 de febrero, de 8 a 16, en lugar a confirmar, se estarán definiendo los lineamientos para el año.

Ñamoseke Monsanto es un colectivo conformado por unas 30 organizaciones e instituciones del campo y la ciudad de Paraguay que tienen en común el rechazo del modelo extractivista, que en el país se expresa principalmente a través del cultivo de la soja transgénica y la ganadería extensiva, con múltiples consecuencias ambientales, sociales, alimentarias y económicas.

En contrapartida, propone a la agricultura campesina como modelo agroalimentario, basado en valores de reciprocidad entre productores y consumidores, la diversidad productiva, la no utilización de agrotóxicos y el respeto integral de la naturaleza y las personas.

Asunción, 17 de febrero de 2017

Fuente: Base Investigaciones Sociales (Base Is)