Una mirada de conjunto al proceso de paz y negociación del conflicto nos permite visualizar un conjunto de obstáculos que atentan contra su implementación y desarrollo. Los desarrollos jurídicos avanzan con lentitud y en algunos casos con dificultades inesperadas. Hasta el momento de escribir estas notas se ha aprobado una ley de amnistía que cobija a los combatientes de las FARC-EP que no están comprometidos con delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Su aplicación es lenta puesto que los jueces que son quienes tienen que aplicar la ley en su gran mayoría no lo han hecho alegando falta de claridad jurídica que esperarían del Sistema Integral de Justicia para la Paz que avanza lentamente en el Congreso con la oposición en aspectos importantes del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez.

En concreto el acto legislativo que hemos examinado en números anteriores de esta Revista avanza en su discusión ahora en la Comisión Primera del senado de la República después de un tránsito lleno de debates en la Cámara de Representantes. Los principales debates están relacionados con la responsabilidad de mando sobre todo para los miembros de las Fuerzas Armadas. Sobre este tema en particular las críticas se centran en que los contenidos definidos buscarían hacer laxa la figura de responsabilidad de mando y no contemplaría el estándar definido para esta figura por la Corte Penal Internacional. Esto es lo que ha señalado la Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda en artículo publicado en la Revista Semana. También un grupo de organizaciones en documento que publicamos en ésta edición. A ello se suman críticas más puntuales como la exoneración a los miembros de la Fuerza Pública que resultaren condenados quienes no estarían obligados a la reparación material de sus víctimas. Precisamente sobre estos aspectos críticos el Fiscal General no ha dicho nada, sus criticas están relacionadas con temas relacionados con las responsabilidades de las guerrillas como la precisión –que ya estaba en los Acuerdos de La Habana- que los disidentes de las FARC-EP no podrán acceder a los beneficios de las penas alternativas del sistema de justicia transicional o que los llamados crímenes continuados como el secuestro, el narcotráfico, deberían pasar a la justicia ordinaria y a la fiscalía si ellos se cometieren después de la aprobación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto ocurrida el primero de diciembre de 2016.

Muchos jueces se han negado a aplicar la amnistía para guerrilleros presos por rebelión alegando que es la Sala de amnistías e indultos del sistema de justicias transicional la que debe resolver esas solicitudes. Con lo cual se genera una desconfianza innecesaria en las bases guerrilleras que asumen que se están incumpliendo los pactos firmados.

También avanzan dos proyectos de Ley que buscan facilitar el tránsito de la guerrilla de las FARC-EP a su conformación como partido político en la legalidad. Un proyecto de ley que modifica la ley 5 de 1992 para habilitar al mecanismos transitorio “Voces de Paz” conformado por seis voceros, tres en el Senado de la república y tres en la Cámara de Representantes que llevan la representación de las FARC-EP en los debates y en el trámite de los actos legislativos y leyes que buscan aprobar el marco jurídico para llevar adelante los acuerdos. Este proyecto está ya muy avanzado en su aprobación en el Congreso como también el proyecto que busca concederles medidas de favorabilidad política a las FARC-EP que les concede 10 curules en el Congreso para los períodos legislativos de 2018 y 2022 así como financiamiento, otorgamiento de personería jurídica que también hemos examinado en estas páginas. Para terminar con este somero recorrido hay que señalar que se ha presentado el proyecto de Estatuto de la Oposición que ya comienza su trámite en el Congreso con un vacío enorme puesto que nada contempla sobre la oposición y los organismos de control pero sobre ese volveremos más adelante pues no es el objeto de este paneo general sobre la marcha y los obstáculos del proceso de paz.

Así mismo se ha instalado la Misión de Expertos que deberá presentar una propuesta de reforma política y de reforma al sistema electoral en medio de un clima enrarecido por las denuncias e investigaciones del financiamiento de las dos principales campañas presidenciales en el año 2014. Como una cortina de humo y sin que la Misión de Expertos que apenas comienza su trabajo se haya pronunciado, el Gobierno presenta toda una serie de propuestas que entorpece a no dudarlo el trabajo de la Misión de Expertos. El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha hablado de proponer una reforma política que amplíe a cinco años y unifique los períodos de Gobernadores y Alcaldes con el período del Presidente de la República a la cual nos hemos opuesto desde tiempo atrás pues lo que se busca es atentar contra la autonomía territorial y la independencia de los ciudadanos a la hora de elegir a sus gobernantes locales y regionales, lo propio sobre la propuesta de eliminar la circunscripción nacional para la elección del senado de la República. Estas propuestas que deberían ser presentadas por el Gobierno a la Misión de Expertos para llevar un debate ordenado son lanzadas al aire sin que realmente hagan parte de una propuesta sistemática de reforma que debe incluir obviamente el tema de las autoridades electorales, el financiamiento de las campañas, las listas, la publicidad, entre otros temas que son a mi juicio la médula de una reforma política.

Las reformas de contenido social no están en la agenda del Congreso. Nos referimos a la creación del Fondo de Tierras para la paz y los mecanismos que hagan posible la titulación de 7 millones de hectáreas a tenedores y poseedores colonos que no tienen títulos de propiedad. Lo único que se ha avanzado es la presentación del Plan de erradicación manual voluntaria de cultivos de uso ilícito que como se ha señalado presenta incoherencias muy grandes pues de la meta de 100 mil hectáreas para ser erradicadas este año de 2017 con la estrecha colaboración de 39 mil familias y de excombatientes de las FARC-EP ha sido también entregada al Ejército Nacional. En concreto 50 mil hectáreas se haría con base en la participación de las FARC-EP y de las comunidades locales mientras que otras 50 mil serían erradicadas por miembros del Ejército sin que se hayan establecido mecanismos de coordinación y que será muy difícil de llevar a la práctica si al mismo tiempo no se dispone de tierras para redistribuir entre los campesinos que han decidido abandonar los cultivos ilícitos. Como se sabe los cultivos de uso ilícito generan grandes rendimientos económicos en pequeños territorios mientras que los cultivos de uso licito para que sean una real alternativa para los campesinos requieren de mayores extensiones de tierra; si lo que de verdad se quiere es la conformación de un campesinado de medianos propietarios en el país que sean realmente una barrera para los cultivos de uso ilícito.

Pero el principal obstáculo a mi juicio no está en el proceso de adecuación y reformas legales que se requiere para poner en marcha los Acuerdos para la Terminación del conflicto. Esto va marchando aunque con una lentitud pasmosa a pesar del fast track o vía rápida para su aprobación. El principal obstáculo lo constituye el tema de la seguridad de los excombatientes de las FARC-EP, del control estatal del territorio en aquellas zonas en que las FARC-EP ejercían dominio territorial, en el asesinato de los líderes sociales y de manera muy preocupante en esos corredores geográficos dejados por las FARC-EP y en la expansión y consolidación territorial del paramilitarismo llamado ahora por el gobierno de manera eufemística como Grupos Armados Organizados (GAO).

Organismos de Derechos Humanos e investigación social, han señalado que en lo corrido del año 2016 fueron asesinados 116 líderes sociales según Indepaz mientras que el Cinep señala que fueron asesinados 92 líderes sociales y en lo que va corrido del año 2017 han sido asesinados 12 líderes sociales principalmente en zonas dejadas por las FARC-EP. Este es el reto mayor.

En su XII informe sobre la presencia de grupos paramilitares la Unidad Investigativa de Indepaz ha presentado un completo informe sobre la presencia y las actuaciones de éstas organizaciones criminales durante lo corrido del año 2016. Allí se señala que 2016 representó un año de sucesos trascendentales que han comenzado a modificar las dinámicas territoriales determinadas por el conflicto armado. Se firmó y refrendó el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, junto con el inicio del cese al fuego bilateral y definitivo, el cual ha representado las cifras más bajas de víctimas a razón del conflicto en la historia. Sin embargo, en contradicción con estos dos eventos, 2016 fue un año de incremento de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos y, además, nuevamente el paramilitarismo dio muestras de su capacidad de acción: el paro armado realizado por el Clan del Golfo paralizó 36 municipios de ocho departamentos y avivó el debate sobre el riesgo generado por estas estructuras en muchas regiones y en la implementación del acuerdo de La Habana.[1]

En este informe de Indepaz se reseña que el Ministerio de la Defensa Nacional ha configurado unos lineamientos para enfrentarlas. En primer lugar, la denominación Bacrim (Bandas Criminales) fue reemplazada por Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO). Y en una directiva ministerial, las nuevas GAO se clasifican así:

Clase A: Clan del Golfo, los Puntilleros, los Pelusos. Estos grupos cuentan con capacidad armada, estructura organizativa, capacidad de enfrentar la fuerza pública.

Clase B: La Constru, Cordillera, Botalones, La Empresa, entre otros. Estos son de carácter regional y mantienen alianzas con estructuras tipo A.

Clase C: Bandas delincuenciales que actúan con un fin específico y en un lugar determinado.

Agrega el informe de Indepaz que en esta clasificación los Rastrojos no aparecen. En los seguimientos de Indepaz se ha notado una presencia de este grupo menos significativa que en los años pasados que de ninguna manera indica que ya no actúan en el territorio nacional. Es así que para 2016 aún se reconoce su actividad en 55 municipios de 18 departamentos.

En informe señala que durante el año 2016 se registraron actividades criminales de grupos narcoparamilitares en 344 municipios de 31 departamentos del país. En este período se identificaron trece estructuras clasificadas en dos tipos: las que tienen una relación con las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, con injerencia a nivel nacional; y las que actúan a niveles regionales y municipales, que no se han consolidado o que aparecen por primera vez este año. Dentro de las primeras se encuentran el Clan del Golfo, los Rastrojos, las Águilas Negras y los Puntilleros, estos últimos como la fusión entre el Bloque Meta y Libertadores del Vichada. En el segundo tipo están, entre otros, La Constru, los Pachenca, La Oficina, La Empresa, Cordillera, los Paisas, Nuevo Orden, Nuevo Renacer AUC y AUC.

El Clan del Golfo se ha venido consolidando como la estructura con mayor incidencia en el territorio nacional, los Rastrojos continúan con una tendencia a desaparecer, las Águilas Negras duplicaron los municipios en los que hacen presencia y los Puntilleros mantienen control sobre la zona de los llanos orientales. El resto de bandas paramilitares tienen presencia en regiones sin una estructura nacional -agrega el informe- aunque realizan alianzas con las organizaciones paramilitares que tienen alcance nacional. Así mismo el informe señala que las principales actividades de estos grupos paramilitares son: actividades económicas a gran escala en el narcotráfico (control de zonas de cultivo de uso ilícito, puntos estratégicos (aeropuertos, puertos marítimos) y corredores o rutas para el tráfico de drogas, tráfico de insumos para el procesamiento, propiedad sobre los laboratorios, e inversión en infraestructura (submarinos, bodegas, fincas, casas, para almacenaje y camuflaje de la droga, entre otras). Minería; control de zonas mineras, explotación y comercialización. Tráfico de personas: cobro por paso de extranjeros indocumentados. Servicios de Seguridad Privada. Lavado de activos. Contrabando.

También realizan actividades económicas de menor escala: microtráfico, préstamos gota gota, redes de prostitución, extorsión, sicariato. Para facilitar el desarrollo de sus actividades criminales –dice el informe de Indepaz- infiltran a las Fuerzas Armadas y de Policía; venta de armas, de información y participación en las demás actividades de economía ilícita; penetran organismos como la Fiscalía, para obtener fallos para su conveniencia; penetran a los gobiernos locales para apropiarse de sus recursos, obtener decisiones políticas favorables para lo cual inciden en los procesos electorales. Estas bandas criminales enfrentan a la fuerza pública y han recurrido al asesinato de miembros de la Policía Nacional mediante las llamadas operaciones pistola. Pero también afectan a la población civil mediante las amenazas y homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, reclutan menores, asesinan a pobladores, desplazan a las comunidades. Pero al mismo tiempo se han convertido en los principales empleadores en algunos municipios del país.

Ahora bien frente a este reto los acuerdos de La Habana contemplan la puesta en marcha de un sistema de confrontación, sometimiento y desmonte de éstas estructuras. El acuerdo plantea la creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en la cual tras la renegociación de los acuerdos no están las FARC-EP sino cinco expertos, tres nombrados por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo para el cumplimiento de los Acuerdos y dos más nombrados por las plataformas de derechos humanos, este organismo es presidido por el Presidente de la República y de mismo forman parte varios ministerios, el Director de la Policía Nacional y el Comandante General de las Fuerzas Armadas, entre otros . La creación de una unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de los grupos paramilitares adscrita a la Fiscalía General de la Nación pero con autonomía administrativa y financiera, la conformación de un Cuerpo Élite para que actúe contra las organizaciones narcoparamilitares. Estas instancias son importantes para enfrentar este que es el principal riesgo de los Acuerdos de La Habana. El problema radica en que no se ha puesto en marcha porque en la renegociación de los Acuerdos tras el triunfo del NO-esta Unidad que ya estaba en marcha- fue torpedeada, desde poderosos intereses empresariales y del propio Fiscal Néstor Humberto Martínez, su directora Alexandra Valencia fue cesada en sus funciones y se estableció en el nuevo acuerdo que será el Comité de Selección de los Magistrados del Sistema Integral de Justicia quien elabore una terna para que el Fiscal General nombre a su director y entre tanto el Fiscal dice que no hay sistematicidad en el asesinato de los líderes sociales el Ministro de la Defensa dice que no existen paramilitares y sin embargo siguen asesinando líderes sociales y defensores de derechos humanos. Urge pues que el Comité de Selección elabore rápidamente la terna para que se ponga en marcha la política de desmonte de los grupos narcopaamilitares que se han convertido en el principal escollo para avanzar en la implementación de los Acuerdos de la Habana.

Bogotá 16 de febrero de 2017.

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista SUR

NOTAS

[1] XII Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares 2016. Unidad investigativa Indepaz. Enero de 2017. En www.indepaz.org.co

Fuente: https://www.sur.org.co/los-mayores-obstaculos-al-proceso-de-paz/