Introducción

La cuestión de los derechos humanos en Cuba siempre suscita muchas controversias en Occidente. Los medios de comunicación siempre se muestran unánimes para estigmatizar a las autoridades de La Habana, acusándolas particularmente de perpetrar violaciones masivas de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Las clases políticas –con algunas excepciones– no se quedan a la zaga y regularmente señalan a la isla del Caribe sobre este tema. Se puede notar una constancia: la oposición cubana ocupa el espacio mediático en Europa y en Estados Unidos y, al mismo tiempo, se silencia sistemáticamente el punto de vista del Gobierno cubano sobre estos tópicos cruciales.

No obstante resulta relativamente sencillo forjarse una opinión sobre los derechos humanos en Cuba y en el planeta. Amnistía Internacional, organización fundada en 1961, publica cada año un informe sobre la situación de los derechos humanos a nivel mundial. Así, para conseguir una imagen global, basta con consultar los estudios anuales que están disponibles en varios idiomas. Los medios de comunicación no vacilan en basarse en estos trabajos para evocar la problemática de los derechos humanos en Cuba. Sin embargo es asombroso observar que no se propone a la opinión pública ningún análisis comparativo. ¿Por qué no comparar, por ejemplo, los últimos informes de Amnistía Internacional sobre Cuba con los de Francia y Estados Unidos? ¿Acaso no permitiría a la opinión pública hacerse una idea más precisa de la realidad de los derechos humanos en Cuba tomando como referencias dos grandes democracias occidentales que a menudo se erigen en jueces moralizadores?

El estudio comparativo es un ejercicio científico saludable que permite romper los clichés y prejuicios. Este artículo propone presentar las conclusiones de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, Francia y Estados Unidos. El objetivo es brindar al público hechos concretos que le permitan forjarse una opinión más justa sobre la Cuba de hoy.

Los derechos humanos en Cuba

Según el último informe de Amnistía Internacional “las libertades de expresión, de asociación y de circulación todavía son sometidas a restricciones draconianas”. La organización apunta que “se señalaron varios miles de casos de acoso contra los detractores del régimen, de arresto y de detenciones arbitrarias”.¹ AI se hace más precisa y señala que “defensores de los derechos humanos y periodistas” son víctimas de “detenciones de corta duración” que pueden alcanzar las “nueve horas”. Para el año 2015, AI presenta la cifra de 8.600 personas, basándose en los datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. AI enfatiza por ejemplo que fueron arrestados “tres militantes que habrían intentado acercarse del Papa para evocar los derechos humanos”.

La organización denuncia el hecho de que los opositores sufren “actos de repudio”, es decir, “manifestaciones organizadas por partidarios del régimen con el concurso de agentes de los servicios de seguridad”. AI señala “cargos penales motivados por consideraciones políticas”. Señala también que el aparato judicial se encuentra bajo el control del poder político, sin dar más detalles.

AI recuerda también que las autoridades controlan internet y “bloquean y filtran algunos sitios, lo que restringe el acceso a la información y las críticas antigubernamentales”. AI enfatiza que la red de telefonía móvil no funcionó bien durante la visita del papa en septiembre de 2015.

En cambio AI no señala ningún caso de violencias físicas por parte de las autoridades contra los opositores o los ciudadanos, ni casos de malos tratos, tortura, desaparición o asesinato cometidos por las fuerzas del orden y tampoco cita la presencia de algún preso político.

Los derechos humanos en Francia

En cuanto a Francia, para el año 2015, Amnistía Internacional apunta que las autoridades “persiguieron muchas veces a personas por declaraciones que no constituían incitaciones a la violencia y tenían que ver con el ejercicio legítimo de la libertad de expresión”.²

AI enfatiza también que “las autoridades impusieron un arresto domiciliario a 26 militantes ecologistas en el marco de la COP21 por su supuesta participación en manifestaciones violentas en el pasado”.

La organización denuncia la adopción de “una nueva ley que autoriza la vigilancia masiva de todas las comunicaciones electrónicas con destino a –o procedentes del– exterior”. El poder ejecutivo puede autorizar este tipo de vigilancia “sin ninguna consulta previa ni control judicial independiente, con el objetivo de alcanzar metas definidas en términos vagos”.

AI condena también las violaciones reiteradas de los “derechos de los refugiados y de los migrantes”. Subraya que las condiciones de vida en el campamento de Calais se asemejan a “un trato inhumano”, basándose en un informe del Consejo de Estado. La entidad expresa también su preocupación “ante los actos de violencia, acoso y malos tratos cometidos contra los migrantes y los que solicitan asilo por parte de agentes de las fuerzas del orden en Calais”. AI lamenta “el recurso abusivo a la detención administrativa contra los migrantes de Calais”. La organización enfatiza que “menores no acompañados fueron encarcelados con frecuencia en la ‘zona de espera’ del aeropuerto Roissy-Charles-de Gaulle”.

AI lista varios casos de “discriminación” contra poblaciones gitanas procedentes de Rumanía, apuntando que “migrantes y personas que solicitan asilo también fueron expulsadas por la fuerza de campamentos improvisados durante todo el año”.

AI recuerda también que la Corte Europea de los Derechos Humanos ha incluido en su agenda “tres casos relativos a personas transexuales que no pudieron conseguir el reconocimiento de su género femenino en el registro civil”.

AI informa por fin de atentados contra “la libertad de expresión” señalando la condena de 14 personas que “participaron a iniciativas no violentas en un supermercado para llamar al boicot de los productos israelíes”.

Los derechos humanos en Estados Unidos

En cuanto a Estados Unidos, AI denuncia la impunidad persistente para las autoridades responsables de crímenes.³ Así, “no se ha [..] adoptado ninguna medida para poner fin a la impunidad por las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en el marco del programa de detención secreta gestionado por la CIA”. La organización apunta que “la mayoría de los detenidos, si no todos, habían sido sometidos a desaparición forzada y a condiciones de reclusión y/o técnicas de interrogatorio que violaban la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

AI denuncia la persistencia de detenciones arbitrarias y apunta que “se siguieron negando los derechos humanos a los detenidos de Guantánamo”. “Al concluir el año había 107 hombres recluidos en Guantánamo. La mayoría estaban recluidos sin cargos ni juicio”.

AI señala también las violencias policiales y enfatiza que “al menos 43 personas murieron en 25 estados tras recibir descargas de armas Taser a manos de la policía, con lo que el total de fallecidos en esas circunstancias desde 2001 se elevó al menos a 670”. La organización recuerda que “la mayoría de las víctimas no iban armadas ni parecían representar una amenaza de muerte o lesión grave cuando se recurrió al arma Taser”.

AI denuncia varios centenares de homicidios cometidos por las fuerzas del orden. Subraya que “entre 458 y más de 1.000” personas fueron asesinadas por “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” en 2015. La organización enfatiza un hecho recurrente: “Según los limitados datos disponibles, entre las víctimas de homicidio policial había una cantidad desproporcionada de hombres negros”.

AI condena las violencias contra los migrantes y particularmente contra los “más de 35.000 menores de edad no acompañados”. Subraya que muchas familias “estaban recluidas en centros sin acceso adecuado a atención médica, a asistencia letrada ni a alimentos y agua que cumplieran con las normas sanitarias”. La organización apunta también discriminaciones contra las minorías sexuales recordando que “A las personas transexuales se las detenía habitualmente según su género de nacimiento, lo que las hacía más vulnerables a sufrir abusos o se las recluía en régimen de aislamiento y sin acceso a terapia hormonal”.

En cuanto a los derechos de las mujeres, AI recuerda que “las mujeres indígenas que habían sido violadas seguían sin tener acceso a asistencia básica, incluidos exámenes médicos y otros servicios básicos de salud, como medidas de anticoncepción de urgencia”. Agrega que “las mujeres indígenas seguían sufriendo niveles desproporcionados de violencia y tenían unas probabilidades 2,5 veces más altas de ser violadas o agredidas sexualmente que las demás mujeres del país”. AI apunta también “una gran disparidad en el acceso de las mujeres a la atención a la salud sexual y reproductiva, incluida la atención a la salud materna. Las mujeres afroamericanas seguían teniendo casi cuatro veces más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo que las mujeres blancas”. AI denuncia también los ataques cometidos contra el derecho de las mujeres a disponer libremente de su cuerpo recordando que “se presentaron en múltiples estados más de 230 proyectos de ley cuyo propósito era restringir el acceso a un aborto legal y seguro”.

Respecto a las condiciones de encarcelamiento AI recuerda que más de 80.000 presos (sobre una población encarcelada de 2,2 millones de personas) están “recluidos […] en condiciones de privación física y social en las prisiones federales y estatales de todo el país”. En cuanto a la pena capital, la organización apunta que 27 hombres –entre ellos uno de 74 años– y una mujer fueron ejecutados en 2015 y que hay “3.000 personas pendientes de ejecución”. AI subraya también que un enfermo mental, Warren Hill, fue ejecutado el 27 de enero de 2015. Apunta que “todos los expertos que lo evaluaron, incluidos los convocados por el estado, coincidieron en que tenía una discapacidad intelectual que convertía su ejecución en inconstitucional”.

Una comparación necesaria

La lectura de estos tres informes es reveladora. Así, mientras que se estigmatiza constantemente a Cuba sobre el tema de los derechos humanos, una comparación de las conclusiones de AI pulveriza los clichés sobre la isla. En Cuba AI no ha reportado casos de violación de los derechos de los refugiados y migrantes (Francia, EE UU), de trato inhumano (Francia, EE UU), de actos de violencia y de malos tratos cometidos por las fuerzas del orden (Francia, EE UU), de menores encarcelados (Francia, EE UU), de discriminación contra las minorías (Francia, EE UU), de discriminación contra las personas transexuales (Francia, EE UU), de impunidad para las autoridades responsables de crímenes (EE UU), de desaparición forzada (EE UU), de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes (EE UU), de violencias policiacas (EE UU), de homicidio cometido por las fuerzas del orden (EE UU), de homicidio cometido por las fuerzas del orden en mayoría contra hombres negros (EE UU), de personas privadas de alimentos, agua potable y atención médica por las autoridades (EE UU), de violación reiterada de los derechos de las mujeres procedentes de las minorías (EE UU), de privación de servicios básicos de salud y otros servicios esenciales para mujeres víctimas de violación (EE UU), de discriminación contra las mujeres embarazadas por su origen étnico (EE UU), de ataques contra el derecho de las mujeres a disponer libremente de su cuerpo (EE UU), de presos detenidos en condiciones de privación física y exclusión social (EE UU), de pena de muerte aplicada (EE UU), de pena de muerte aplicada contra una mujer (EE UU), de pena de muerte aplicada contra un hombre de 74 años (EE UU), de pena de muerte aplicada contra un enfermo mental (EE UU) o de pena de muerte aplicada en violación de la Constitución del país (EE UU).

Así, cuando se hace este comparativo, resulta difícil para Francia o Estados Unidos erigirse en fiscal sobre la problemática de los derechos humanos. Ségolène Royal, ministra francesa de Ecología, dio prueba de clarividencia recordando lo siguiente: “Francia no tiene lecciones que dar” a Cuba.⁴ Por su parte, el futuro presidente Donald Trump, se mostró menos inspirado exigiendo de Cuba una mejora de la situación de los derechos humanos y la instauración de una economía de mercado⁵. No cabe duda de que pondrá su opinión en tela de juicio tras la lectura del informe de AI sobre Estados Unidos.

Conclusión

La comparación de los distintos informes de Amnistía Internacional arroja una luz significativa. Contra todo pronóstico Cuba presenta un mejor balance que su principal detractor, Estados Unidos. Del lado de Francia, las críticas que emite AI incitan a la humildad. Así, ni Francia ni EE UU tienen la autoridad moral necesaria para erigirse en juez.

Es importante recordar que los informes de Amnistía Internacional nunca evocan el respeto de los derechos económicos y sociales –que son derechos humanos fundamentales– tales como el acceso a la alimentación, la vivienda, la seguridad, la educación, la salud, la cultura, el deporte, la recreación, campos en los cuales Cuba sobresale según todos los organismos de las Naciones Unidas, que citan su sistema de protección social como el ejemplo a seguir. Un dato es elocuente: según la UNICEF, el único país de América Latina y del Tercer Mundo que ha erradicado la desnutrición infantil es Cuba.

Los informes de Amnistía Internacional contradicen los discursos occidentales sobre Cuba. Los medios de comunicación, al proporcionar una información parcial, orientada y sin ninguna puesta en perspectiva de la situación cubana con el resto del mundo, en vez de informar a la opinión pública, la engañan y construyen una imagen de la isla del Caribe que no corresponde a la realidad.

Salim Lamrani

Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Cuba, ¡palabra a la defensa!, Hondarribia, Editorial Hiru, 2016.

http://www.tiendaeditorialhiru.com/informe/336-cuba-palabra-a-la-defensa.html

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