Venezuela denunció como un “golpe de Estado” la decisión “fraudulenta” de sus socios de suspenderlo como estado miembro del Mercosur y privarlo de la presidencia pro témpore que le corresponde. “Es una agresión a Venezuela de dimensiones realmente muy graves”, dijo la canciller Delcy Rodríguez.

En su momento, Paraguay, Brasil y Argentina exigieron “mayores condiciones de institucionalidad en Venezuela”, argumento injerencista sin mayor sustento, al decir del presidente uruguayo Tabaré Vázquez: “en Venezuela funciona la división de poderes, independientemente de que se esté de acuerdo en “cómo están funcionando”. Es más, en el Parlamento del Mercosur, diputados oficialistas y opositores se opusieron a la sanción a Venezuela.

Un duro comunicado de la Cancillería señala que “pretenden imponer una fraudulenta suspensión a los derechos legítimos de Venezuela como Estado Parte, mediante falsos supuestos preconcebidos para agredir y hostigar” a su país. La sanción, “no tiene sustento legal válido, carece de procedimiento jurídico expreso y de un cuerpo colegiado competente para decidir”, añade.

Mientras, Venezuela busca activar los mecanismos de diálogo previstos por la normativa de Mercosur ante “las agresiones y hostigamiento contra su Presidencia Pro Témpore”  e inició el lunes 5 de diciembre los procedimientos previstos en el Protocolo de Olivos para la solución de controversias en el seno del bloque regional.

El embajador venezolano ante el Mercosur y Aladi, José Félix Rivas Alvarado, señaló desde la Secretaría de Mercosur en Montevideo “la necesidad de establecer un espacio de negociación, de diálogo, apuntando hacia la restitución de la legalidad y la institucionalidad del Mercosur”.

Para el diplomático, los Estados parte de Mercosur “deben sentarse a discutir lo que se ha vulnerado y puesto en entredicho por el desconocimiento de la Presidencia venezolana, y sus consecuencias en el proceso de integración que debería construirse sobre la base del respeto a la normativa y la tolerancia, aceptando la diversidad y pluralidad de las diferentes visiones o modelos económicos”.

Bolivia, estado en proceso de admisión en el Mercosur, suscribió la convocatoria del inicio de los procedimientos previstos en el Protocolo de Olivos. “A través del diálogo vamos a poder defender nuestras instituciones y nuestro Mercosur”, señaló el embajador ante Mercosur y Aladi, Benjamín Blanco.

El ir y venir uruguayo

Desde Viena, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, se mostró dispuesto a reunirse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para debatir la suspensión temporal de Venezuela del Mercosur, una medida que – dijo – no es “irreversible” y puede cambiarse aplicando fundamentos jurídicos y diálogo.

“En política y en las relaciones entre los países, nada es irreversible, todo puede cambiar. Pero tiene que haber fundamentos jurídicos, fundamentos legales, fundamentos sólidos, para ver el camino que vamos a seguir hacia el futuro”, señaló Vázquez.

La inclusión de la firma del canciller uruguayo Nin Novoa preocupó al gobernante Frente Amplio. La central unitaria de trabajadores PIT-CNT, señaló enfáticamente que “la decisión tomada por el no representa en absoluto a las clases trabajadoras y por lo tanto la rechazamos enfáticamente”

En una declaración –En defensa de la institucionalidad y la integración regional- presentada por la bancada de Venezuela en pleno (oficialistas y opositores como William Dávila y Luis Emilio Rondón) el Parlamento del Mercosur (Parlasur) decidió por unanimidad reafirmar la importancia de que los Estados parte preserven y protejan las normas fundacionales y la institucionalidad del Mercosur y los instó a canalizar sus diferencias y controversias a través de los mecanismo institucionales previstos  en las normas del bloque regional.

Pero poco la interesó a los gobiernos autoritarios de Argentina, Brasil y Paraguay, la opinión de sus parlamentarios que, en definitiva, son quienes aprueban a no los tratados. Un gobierno argentino acusado por la ONU de mantener presos políticos (Milagro Sala, diputada del Parlasur), un gobierno brasileño golpista y corrompido, un gobierno paraguayo manchado aun por la masacre de campesinos de Curuguaty, base del golpe “blando”  contra el presidente constitucional Fernando Lugo.

La decisión, un esperpento jurídico

Jurídicamente es un esperpento. La normativa de Mercosur no autoriza a los cancilleres a tomar este tipo de decisiones, forjando excusas antijurídica e, incluso, absurdamente invocando la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, a sabiendas que no aplica a Venezuela por no ser signataria de este instrumento.

Se trata de una profunda intolerancia política e ideológica contra la Revolución Bolivariana, y en esa decisión no cesan de golpear el proceso de integración y al Mercosur.

Para los expertos, Venezuela no sólo ha cumplido sobradamente con el marco normativo del Mercosur  y en cuatro años incorporó el 92% de las normas, cifra a la que no se acercan muchos de los llamados países fundadores del grupo regional, hace 25 años.  O sea, Venezuela ha adoptado formal y oficialmente las normas mercosureñas para establecer y regular el comercio.

“Si fueran al menos coherentes con sus propias mentiras, debieran primero suspenderse a sí mismos, dado su extravagante y escandaloso retraso en la incorporación de las normas”, dice con cierto humor el comunicado de la cancillería venezolana.

Desde que Venezuela asumió el pasado 29 de julio la presidencia Pro témpore del Mercosur, gobiernos de derecha en países como Argentina, Paraguay y Brasil han emprendido una campaña para intentar deslegitimar al país e intentar anular su ejercicio en el organismo, lo que contraviene en las normas del bloque.

Cuando se suscribió el Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur, se fijaron los “principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio, reconocimiento de las asimetrías, y del tratamiento diferencial”, criterios que sustentan cualquier modelo de integración en el mundo, y hoy  están siendo totalmente desconocidos por parte de Argentina, Brasil, Paraguay… y ahora también Uruguay.

La suspensión y la posible expulsión de Venezuela como miembro del Mercosur marca un hito por demás negativo para el proceso de integración regional estratégica más importante del Cono Sur. En cualquier acuerdo comercial o de integración, cuando se instala una controversia o diferendo entre las partes, lo usual es someter el tema en cuestión a un proceso de diálogo, negociación y resolución, pautada de común acuerdo entre las partes.

No cabe ninguna duda, que los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay boicotearon, sobotearon, el período de Presidencia Pro-Témpore de Venezuela: desconocieron las convocatorias a reuniones de los grupos de trabajo, excluyeron a Venezuela de reuniones de cancilleres o con terceros países en el marco de negociaciones en curso y realizaron reuniones del Mercosur, sin convocar a Venezuela, que hasta tanto no sea considerada como “expulsada” permanece como miembro pleno, duela a quien duela.

Lo que está sucediendo desde agosto, es lisa y llanamente una clara definición político-ideológica de no querer a Venezuela como integrante del proceso de integración: primero intentaron aplicarle el Protocolo de Usuahia sobre el compromiso democrático del Mercosur y no pudieron, luego la Carta Democrática de la OEA y tampoco pudieron. Y ahora, con la complicidad de los grandes medios de comunicación, directamente se pretende eliminarla del Mercosur.

El vicepresidente del Parlasur y diputado uruguayo Daniel Caggiani se pregunta ¿Cuáles son los motivos del desconocimiento a toda esta normativa del Mercosur? ¿No es conveniente asegurar la sustentabilidad del Mercosur como bloque en un contexto regional que seguramente tendrá cambios electorales en los próximos años? ¿Por qué se avanza hacia un enfoque de desarticulación del Mercosur, por la vía de la suspensión a Venezuela y el freno al ingreso de Bolivia al bloque? ¿Qué modelo para el Mercosur quieren instalar los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay?

Para nuestros países la integración (de los pueblos y no solo la comercial) tiene un profundo contenido estratégico y en esta oportunidad no se trata de equivocaciones sino de irresponsabilidad hacia el futuro de la región en sus intentos de un mayor desarrollo de sus economías y mejor y más justa y equitativa distribución de sus riquezas. Se trata de renuncia a la soberanía y a la posibilidad de apalancar el crecimiento en la fortaleza de la unidad. Como dijera el expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, es un “autosuicidio”.

Rubén Armendáriz

Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE-FILA)