La experiencia demuestra que los movimientos de izquierda pueden llegar al Gobierno sin conquistar el poder. La democracia, es decir, el ejercicio del poder por el pueblo y para el pueblo, requiere mucho más. En el 2015, el problema se planteó en Grecia con Syriza y en un futuro se planteará en España y en otras partes de Europa con las fuerzas del cambio.

La cuestión se planteará para cualquier movimiento de izquierda que llegue al Gobierno en una sociedad capitalista. Cuando una coalición electoral o un partido de izquierda llega al Gobierno, no obtiene el poder real, porque el poder económico (que depende de la posesión y el control de los grupos financieros e industriales, de los grandes medios de comunicación privados, del gran comercio, etc.) permanece en manos de la clase capitalista, es decir del 1 % más rico, que incluso, con frecuencia, es menos del 1 % de la población. Además, esa clase capitalista controla el Estado, el poder judicial, los Ministerios de Economía y Finanzas, el Banco Central… En Grecia y en España, como en otros países, un Gobierno determinado a ejercer cambios estructurales reales, deberá entrar en conflicto con el poder económico para debilitar y luego acabar con el control de la clase capitalista sobre los grandes medios de producción, de servicios, de comunicación y sobre el aparato del Estado.

Si los gobiernos de izquierda quieren realmente romper con las políticas de austeridad y de privatizaciones que se desarrollan actualmente en toda Europa, entrarán inmediatamente en conflicto con las potentes fuerzas conservadoras tanto a nivel nacional como europeo. Y esto por el solo hecho de afirmar que su Gobierno desea aplicar las medidas que demanda la población, que rechaza masivamente la austeridad. Cualquier Gobierno de izquierda encontrará una dura oposición en las instancias europeas, en la mayoría de los gobiernos en la Unión Europea, así como en los dirigentes y los grandes accionistas de las principales empresas privadas, sin olvidar al FMI.

Incluso auto limitando su programa de cambio, cualquier Gobierno de izquierda seguirá aguantando una fuerte oposición, ya que, enfrente, las clases altas y las instancias europeas (íntimamente ligadas y solidarias) quieren llevar más lejos aún el mayor ataque concertado, en el ámbito europeo, contra los derechos económicos y sociales de los pueblos, sin olvidar la voluntad de limitar fuertemente el ejercicio de los derechos democráticos.¹

Es ilusorio pensar que se puede convencer a las autoridades europeas y a la patronal de las grandes empresas (principalmente financieras e industriales) de abandonar el curso neoliberal reforzado desde 2010. Señalemos que François Hollande y Matteo Renzi, que tímidamente proponen aflojar el cinturón de la austeridad, buscan al mismo tiempo aplicar el modelo alemán en sus respectivos países: una precarización más avanzada de los derechos de negociación colectiva y de la protección de las conquistas de los trabajadores.² Ellos no han sido los aliados del pueblo griego en el año decisivo de 2015 ni de otras fuerzas de izquierda auténtica mañana en otros países.

La conclusión que se impone es que no habrá un camino fácil para poner en marcha un programa económico y social que rompa con la austeridad y las privatizaciones. Los gobiernos de izquierda deberán desobedecer a los acreedores, a las autoridades europeas y al FMI (unos y otros se confunden ampliamente) para ser fieles a sus promesas electorales. Tienen una legitimidad y un apoyo muy considerable, tanto en su país como en el ámbito internacional, evidenciando en qué grado la austeridad y las políticas europeas son rechazadas. El rechazo a pagar una parte sustancial de la deuda constituirá un elemento clave en la estrategia del Gobierno, así como la decisión de no continuar con las privatizaciones y restablecer plenamente los derechos sociales que fueron afectados por las políticas de austeridad. Esa combinación es vital.

Reducir radicalmente el stock de la deuda y aliviar de manera drástica la parte del presupuesto dedicado al pago de la deuda es una condición sine qua non para poder aumentar masivamente los gastos sociales y las inversiones necesarias para financiar la transición ecológica y la creación de empleos.

Un Gobierno de izquierda tiene que socializar el sector bancario (es decir, la expropiación de las acciones privadas y transformar a los bancos en un servicio público bajo control ciudadano³), tomar medidas estrictas de control de movimientos de capitales, recaudar un impuesto sobre el patrimonio del 1 % más rico, rechazar los préstamos condicionados por la prosecución de la austeridad y de las privatizaciones, rechazar el pago de una deuda ampliamente ilegítima, ilegal, insostenible desde el punto de vista del ejercicio de los derechos humanos, incluso odiosa. Uno de los numerosos instrumentos de los que dispone un Gobierno de izquierda para favorecer la participación y el apoyo popular, reforzando al mismo tiempo su posición frente a los acreedores, es la auditoría de la deuda con una participación ciudadana activa, con el fin de identificar la parte de la deuda que no se debería pagar, que sería necesario repudiar.

Sin pretensión de ser exhaustiva/os se pueden avanzar las definiciones siguientes:

Deuda pública ilegítima: deuda contraída por los poderes públicos sin respetar el interés general o en favor del interés particular de una minoría privilegiada. Por ejemplo, la generada por 'elefantes blancos' como el aeropuerto de Castellón.

Deuda ilegal: deuda contraída en violación del orden jurídico o constitucional aplicable. Por ejemplo, la originada por los casos de corrupción, como los que evidencian las operaciones 'Malaya', 'Púnica' o 'Gürtel'.

Deuda pública odiosa: créditos ligados a la implementación de políticas que violan los derechos sociales, económicos, culturales, civiles o políticos de las poblaciones afectadas por el pago de dicha deuda, con el conocimiento de los acreedores. Por ejemplo, la deuda contraída para rescatar a la banca española implementando políticas diseñadas por la Comisión Europea para imponer más austeridad violando derechos económicos y sociales de la ciudadanía⁴.

Deuda pública insostenible: deuda cuya devolución impide a los poderes públicos garantizar los derechos humanos fundamentales. Por ejemplo: La deuda pública española, del 101% del PIB. El pago de la deuda supone una de las mayores partidas de los Presupuestos Generales del Estado, lo que impide destinar miles de millones de euros a servicios básicos.

El punto 9 del artículo 7 del Reglamento (UE) nº 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de mayo de 2013 —que ya habíamos denunciado porque constituye la puesta bajo tutela de los estados miembros sometidos a planes de ajuste estructural— prescribe para esos países la realización de una auditoría integral a fin de determinar por qué el endeudamiento aumentó de manera exagerada y desvelar irregularidades. He aquí el texto completo del punto 9 del citado artículo 7: «Un Estado miembro sometido a un programa de ajuste macroeconómico efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas con el fin, entre otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en niveles excesivos de endeudamiento y de detectar cualquier posible irregularidad.»⁵

El Gobierno griego de Antonis Samaras (2012-2014) se abstuvo de aplicar esa disposición del reglamento para así ocultar a la población griega los verdaderos motivos del aumento de la deuda y las irregularidades vinculadas al respecto. Los demás gobiernos europeos bajo asistencia financiera, incluyendo el de Mariano Rajoy⁶, tampoco hacen la auditoría. La Comisión Europea no exige tal auditoría porque se dio cuenta de que esta disposición del reglamento puede ir en contra de sus intereses y de los intereses de los acreedores. Nosotra/os abogamos por que un Gobierno de izquierda tome medidas unilaterales de autodefensa frente a las imposiciones injustas de las instituciones europeas. Hace falta desobedecer y al mismo tiempo es posible fundar tal decisión refiriéndose a este artículo del reglamento que los gobiernos 'austeritarios' y la Comisión Europea no aplican.

Lo que está en juego con la auditoría de la deuda de los municipios

Tras más de 5 años de austeridad impuesta desde la UE en connivencia con los gobiernos de Zapatero y Rajoy, los llamados municipios del cambio empiezan a rebelarse contra ella. Primero se modificó el artículo 135 de la Constitución Española para dar prioridad absoluta al pago de los intereses de la deuda⁷, y después llegaron leyes 'austeritarias' como la Ley de Estabilidad Presupuestaria⁸ o la 'Ley Montoro' de Administración Local⁹. La aplicación de estas normas socava la autonomía de ayuntamientos y gobiernos autonómicos y ataca los derechos de la ciudadanía. Consideramos que éstas son unas legislaciones profundamente injustas que se han impuesto sin legitimidad democrática. De hecho, la 'Ley Montoro' ha sido declarada parcialmente inconstitucional¹⁰.

La socialización de las pérdidas que supuso el rescate a la banca española, ha continuado con medidas como el Plan de Pago a Proveedores (FFPP) de los ayuntamientos o el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que en vez de servir a los intereses generales, en realidad a quien ha servido es a los bancos, que aplican a las Administraciones Públicas unas tasas de interés abusivas hasta 26 veces superiores a las que el Banco Central Europeo aplica a las entidades financieras. Tanto el Plan de Pago a Proveedores como el FLA han contribuido a inflar la deuda pública de manera ilegítima a ayuntamientos y comunidades.

En el Ayuntamiento del cambio de Cádiz, siendo alcalde José María González 'Kichi', el equipo de gobierno formado por Sí Se Puede Cádiz y Ganar Cádiz presentó una moción en este sentido el 20 de noviembre de 2015 que no fue aprobada. Dicha moción, muy bien fundamentada, calculaba que la deuda de 90 millones de euros adquirida a través del Plan de Pago a Proveedores (FFPP) había generado un sobrecoste de 14 millones de euros en concepto de intereses abusivos. El equipo de gobierno consideró que la ilegitimidad de parte de la deuda radicaba principalmente en los intereses sobre los cuales se habían establecido los préstamos, en clara diferencia sobre aquellos a los que el Banco Central Europeo (BCE) presta dinero. Hasta 13 veces más cobraron en intereses los bancos a los ayuntamientos (al 3,34%) en relación al dinero recibido del BCE (al 0,25%)¹¹.

Otro elemento de ilegitimidad de este Plan de Pago a Proveedores y FLA es que han sido utilizados de manera electoralista por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, ya no sólo en beneficio de la banca, sino también del Partido Popular. Así, en 2015, año electoral, eliminó los intereses que los municipios tenían que pagar a los bancos ese año y rebajó a partir de 2016, la tasa que cobran los bancos al 1,31% por un periodo de 7 años. Esto quiere decir que si Rajoy, por decisión del Gobierno, impone a los bancos cobrar menos tasas de interés, las que cobraban antes eran claramente abusivas. Además, demuestra que, cuando le interesa, hasta el Gobierno del PP puede tomar decisiones contra los bancos para aliviar la deuda¹². Ahora bien, el 1,31% de interés sigue siendo abusivo, teniendo en cuenta que desde marzo de 2016 estos bancos se financian con el BCE al 0%. ¹³

Pero es que, además, el Plan de Pago a Proveedores se puede utilizar como una forma de blanquear deudas ilegales. Si la auditoría muestra que años atrás un municipio contrató una deuda comercial con una empresa de manera ilegal, el Plan de Pago a Proveedores transforma esa deuda comercial en deuda financiera, pasando de tener como acreedor a un banco en lugar de a un proveedor. Esa reestructuración de deuda, comparable a la que se ha realizado en Latinoamérica o Grecia, se hace en interés de la banca y además contribuye a blanquear esa deuda ilegal. Si se cometió un delito en el momento de contraer esa deuda, al transformar la deuda, el delito no desaparece, aunque la operación tuviera también ese propósito. Si una deuda es ilegal, la deuda se tiene que anular, el delito que la ha originado permanece.

En este año 2016 'en funciones', el Gobierno de Mariano Rajoy no ha dejado de aplicar la austeridad, obedeciendo servilmente a una Comisión Europea cada día más débil y desacreditada. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, el mismo que firmó la amnistía fiscal de 2012, se ha dedicado a enviar cartas intimidatorias a los ayuntamientos, ordenando el cierre de empresas municipales que ofrecen servicios públicos fundamentales como la depuración del agua o el transporte urbano. Su “matonismo político” provocó que los ayuntamientos se levantaran en pie de guerra y que hasta la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por un alcalde del PSOE, planteara una moratoria de la 'Ley Montoro'.

La exigencia de ajuste a las Corporaciones Locales es sangrante, toda vez que son las menos endeudadas, con un 3,2%, en comparación con el 24,9% de las CCAA y el 88% de la Administración Central. El total de la deuda pública en el segundo trimestre de 2016 alcanzó el 101% del PIB¹⁴.

Tampoco se han librado de las presiones de Montoro las Comunidades Autónomas (CCAA), a las que ha exigido ajustes chantajeándolas con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). También en ese caso, salió trasquilado. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -coordinador de la actividad financiera de las Comunidades y la Hacienda del Estado- del pasado abril, entre todas las CCAA de todos los colores políticos “prácticamente hubo consenso absoluto en disentir de la política de reparto de déficit, así como del objetivo marcado por Bruselas”¹⁵.

En esta defensa de la soberanía popular y de la dignidad contra la austeridad y la dictadura de la deuda se enmarca la actividad que realizamos en el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) y en la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), desde donde promovemos la realización de auditorías ciudadanas que esta guía ayuda a comprender y a poner en marcha. Es necesario el apoyo de los gobiernos del cambio a la voluntad de la ciudadanía de identificar las deudas ilegítimas. Los gobiernos del cambio deberían estimular y brindar su apoyo a las auditorías, que no pueden ser un mero ejercicio democrático, tienen que desembocar sobre una práctica para acabar con el pago de las deudas ilegítimas y para enjuiciar a los culpables.

Si se paga a los acreedores, nuestra deuda no es su problema. Como bien dice un proverbio popular: si tenéis una deuda de 1.000 euros con vuestro banco y no podéis pagarle, el problema es vuestro. Si la deuda fuera de 10 millones y no se paga, el problema es del banco.

Sabemos que nada de esto será posible sin la necesaria movilización. Si el movimiento ciudadano, los movimientos sociales, la/os militantes y miembros de las fuerzas de izquierda abandonan la cuestión del rechazo al pago de la deuda ilegítima en el Estado Español y se limitan a pedir una mera reestructuración de la deuda, se tendrá una experiencia decepcionante como la griega. Por consiguiente, es necesario mantener la importancia de este combate y movilizarse sin escatimar energía en esa batalla.

El ejemplo más reciente es el Manifiesto de Oviedo,¹⁶ que propone un frente de municipios, CCAA y nacionalidades del Estado español contra la deuda ilegítima, que ya ha sido apoyado por más de 600 regidora/es, concejala/es y diputada/os de distintos territorios y de distintos partidos políticos y que está abierto a movimientos sociales, activistas y ciudadanía.¹⁷

Éric Toussaint

Doctor en ciencias políticas por la universidad de Lieja y Paris VIII, historiador de formación, es portavoz del CADTM Internacional. Lucha desde hace muchos años por la anulación de la deuda de los países del Sur y de las deudas públicas ilegítimas en el Norte. Coordinó los trabajos de la Comisión de la Verdad Sobre la Deuda, creada en 2015 por la presidente del Parlamento griego.

Fátima Martín

Periodista. Miembro de la PACD y de CADTM Estado español.