¿Cuál es el futuro de un país que, al mismo tiempo que tiene a varios de los hombres más ricos del mundo y presenta uno de los índices de corrupción y desigualdad más agudos del mundo, cuenta también con más de 21 millones de menores de edad en pobreza y con más de la mitad de su población total en la misma situación de precariedad material?

La construcción social de la desigualdad se funda en procesos de acumulación económica apuntalados por las políticas de liberalización y desregulación que, en la medida en que sólo benefician a acaudaladas y avariciosas minorías, despojan a millones de personas, no sólo de sus recursos materiales y sus derechos humanos y sociales más elementales, sino de la misma posibilidad de una vida digna.

Vista panorámica de una niñez empobrecida y explotada

La desigualdad e injusticia, así como la pobreza masiva y generalizada en el campo y la ciudad, han sido algunos de los rasgos de la historia social del México contemporáneo, y una de las muestras fehacientes de que el proyecto de desarrollo nacional apuntalado por los regímenes políticos mexicanos neoliberales de las últimas décadas ha fracasado por completo. Los rostros de la exclusión son variados y múltiples –jornaleros, campesinos, obreros, maestros, estudiantes, entre tantos otros-; no obstante uno de los más dolorosos son los adolescentes y niños en situaciones de precariedad material y forzados a trabajar. Según datos recientes de instancias internacionales y nacionales, en México aproximadamente 21 millones de menores de edad se encuentran en pobreza [1], situación que se acentúa y acrecienta, tanto dentro del campo –donde los índices de problemas de desarrollo/crecimiento físico se duplican respecto a los centros urbanos-, como al interior de los grupos indígenas –donde uno de cada nueve está en pobreza y uno de cada tres presenta algún tipo de desnutrición- [2]. En este contexto, en el país cerca de 8.6% de los niños y adolescentes de entre cinco y diecisiete años -aproximadamente dos millones y medio de menores-[3], por varios motivos –entre los que destacan completar el gasto familiar debido al exiguo salario de sus padres- se ven obligados a trabajar en diversos rubros -agricultura, comercio, servicios, manufactura, construcción y otros [4] [5]-; además, el trabajo de menores de edad se concentra notoriamente en tres estados del sur del país -Guerrero con 14%, Oaxaca con casi 12% y Chiapas con 11%- [6], entidades federativas caracterizadas por una alta población rural e indígena y por presentar los índices de desarrollo humano más bajos del país.

Explotación y trabajo infantil, una realidad invisibilizada pero presente     

El trabajo y explotación infantil, más allá de los marcos normativos –nacionales e internacionales- y de los buenos deseos oficiales, es una realidad innegable y demográficamente desproporcionada que muestra la constante transgresión y falta de respecto de los derechos de uno de los sujetos sociales más vulnerables. Para estos niños y adolescentes bajo estas condiciones, y a semejanza de otros grupos sociales con derechos violados, la ley es letra muerta y reflejo de la impunidad. Sobre la base de otros procesos de marginación –como la alta mortalidad infantil, la baja esperanza de vida, precarios niveles de educación e ingreso económico-, el trabajo infantil y la falta de derechos de los niños y adolescentes se acentúa en regiones del país con fuerte presencia campesina-indígena –como Guerrero, Oaxaca y Chiapas- y con niveles de bienestar material claramente desiguales y excluyentes, producto de una política explícita de la desigualdad; así, no es casualidad que este fenómeno se concentre en el sureste de México, y el campo en particular, pues ha sido uno de los sectores más golpeados y deteriorados por las reformas estructurales neoliberales –que han desembocado en la desarticulación productiva y, por consecuencia, en la falta de empleo, salarios bajísimos y muy precarias condiciones laborales-.

De este modo, la pobreza y el trabajo adolescente e infantil se asientan y establecen sobre un marco previo y estructural, las adversas condiciones de los mercados labores –que se caracterizan por ser flexibles, desreguladas, riesgosas, no vigiladas ni sancionadas-; este panorama, no sólo no protege a los trabajadores –y padres de estos niños y adolescentes-, sino que ni si quiera provee a estos trabajadores de la remuneración económica indispensable para la subsistencia de ellos y sus familias. En gran parte de los casos, la ignominia del trabajo infantil se funda en la explotación y precariedad del trabajo en general. No obstante que el Estado mexicano dice alarmarse y reconoce que hace falta mucho por hacer respecto a los derechos de los niños y adolescentes, han sido el mismo Estado y sus instituciones quienes han diseñado y llevado a cabo una serie de políticas y cambios económico-sociales que generan y propician las condiciones, no sólo para que no se respeten y se violen de manera constante y fáctica los derechos de los niños y los menores de edad, sino también para que estas ominosas situaciones se acentúen e incrementen.           

Bibliografía

[1] El estado mundial de la infancia 2016, UNICEF.    

[2] Muñoz Ríos Patricia, “En pobreza, casados y con hijos, millones de menores mexicanos”, La Jornada, 28 de junio 2016.

[3] 12 de junio, día mundial contra el trabajo infantil, CNDH, 12 de junio 2016.

[4] De la redacción, “Esfuerzos han sido insuficientes”, La Jornada, 13 de junio 2016.

[5] 12 de junio, día mundial contra el trabajo infantil, CNDH, 12 de junio 2016.

[5] 12 de junio, día mundial contra el trabajo infantil, CNDH, 12 de junio 2016.

Guillermo Castillo Ramírez es profesor de licenciatura y posgrado de la UNAM

http://unam.academia.edu/GuillermoCastilloRamirez