“Si todos los corruptos fuéramos encerrados en el Estadio Azteca no cabríamos y no habría quien cerrara las puertas con llave”, presumía a carcajadas un destacado militante del Partido Revolucionario que fue castigado en el sexenio de José López Portillo (el de “La solución somos todos”, en campaña, a la parodia de “La corrupción somos todos”), para ajustar cuentas con el Luis Echeverría (1970-1976), sin molestarlo y menos aún tocarlo.

Otro del Institucional, pero del ámbito de la comunicación, refería hace una década que “para acusar de corrupto a alguien es necesario tener la cola limpia”. El autor de la frase fue investigado administrativamente porque no podía demostrar gastos por 300 millones de pesos en una secretaría de Estado.

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, Transparencia Internacional México, encabezada por Federico Reyes Heroles, entregó un título como empresa ejemplar a la Comisión Federal de Electricidad. La gacetilla fue facturada al triple del precio original, pero dos terceras partes las recibió el funcionario que fungía como comunicador. En el mismo gobierno se generalizó la práctica mencionada, pero Zedillo aún aparece como demócrata impar en Televisa por los favores judiciales brindados a Emilio Azcárraga Jean para que se convirtiera en el accionista principal.

No subestimo el discurso de Enrique Peña Nieto en el que recordó la Casa Blanca (sin que ninguno de los oradores se atreviera a hacerlo) y reconoció que “en carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente; por eso, con toda humildad, les pido perdón”; menos cuando no sucedía desde los tiempos del “Ya nos saquearon. No nos volverán a saquear” (de JLP, 1-IX-82). Es de subrayar que la fraseología presidencial fue tan abundante como significativa, lo será mucho más cuando la sustituyan hechos.

Más aún cuando la que aplaudió con entusiasmo fue una clase política –de la que EPN es la figura estelar–, sumamente corrupta pero con excepciones; y entre los representantes de la sociedad civil destacó María Elena Morera quien como presidenta de México Unido contra la Delincuencia fue incapaz de rendir cuentas al final de su gestión y sus familiares trabajan y/o cobran en dependencias federales. E Isabel Miranda Torres (Wallace) quien distribuye dinero entre celadores y presos para que maltraten a los presuntos asesinos de su hijo. Y lo que es gravísimo, con la anuencia del secretario de Gobernación.

O los líderes empresariales que exigen de las autoridades transparencia y honestidad en sus decisiones y actos, como si los del capital no fueran los más activos corruptores de funcionarios y muy beneficiados. Imposible omitir la extorsión por 300 millones de pesos que exigió Televisa al gobernador de Morelos para bajarle al volumen de la información sobre inseguridad pública.

Son unos cuantos casos que constan a este redactor o de fuentes que están fuera de toda duda, pero exigieron el anonimato. En conjunto muestran que además del cáncer social como lo llama el presidente, quien dejó atrás la desatinada fórmula de “problema cultural”, la corrupción constituye todavía el aceite que lubrica todos los engranajes del sistema.

Muy bien por el perdón presidencial, pero será una aportación mucho más importante a la transparencia y la rendición de cuentas que informe sobre el tipo de nexos que sostiene él y su gobierno con las constructoras más beneficiadas durante 2012-16. ¿O será mucho pedir?

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