Los impactos sociales y ambientales ocasionados por un oleoducto que no se puede renovar dentro de la ecuación de costos de la empresa son una externalidad necesaria.

"Hoy, como tantas veces en los casos anteriores, las autoridades amenazan con multas y anuncian nuevas exigencias y demandas hacia las empresas. Pero lo cierto es que luego nada cambia. De acuerdo a las estadísticas, tendremos otro derrame de petróleo en la selva peruana antes de que llegue el invierno. Y nuevamente las comunidades que habitan la selva sufrirán los efectos de un negocio que alimenta el confort y el estilo de vida de otros, que viven a cientos de kilómetros de los impactos".

Así terminaba mi artículo sobre los derrames en Perú el pasado 10 de marzoⁱ. El 24 de junio hubo otro derrame de petróleo en la selva peruana –en Barranca, Datem del Marañón-, tres días después de entrado el invierno.

Luego de los accidentes del 25 de enero y 3 de febrero, el Ministro del Ambiente de Perú, Manuel Pulgar Vidal había declarado: "Vamos a ser inflexibles, así se trate de una empresa pública porque no podemos permitir que estas situaciones se repitan"ⁱⁱ. Pero “estas situaciones” se repitieron, como era de esperar.

Según el ministro, los daños por los derrames ocurridos a comienzos de 2016 iban a tardar más un año en repararse, pero es probable que se haya quedado corto. Petroperú tardó más de un mes en comenzar las tareas de limpieza y tres meses después del accidente el Ministerio del Ambiente aún recomendaba no consumir recursos hídricos ni peces en la zona afectada.

El pasado 9 de junio una pobladora de la región de Cuninico, donde ocurrió un derrame en 2014, presentó una botella de agua negra ante la Comisión de Derechos Humanos mostrando como el agua aún hoy, dos años después del accidente, seguía sucia de petróleoⁱⁱⁱ. En esos mismos días el Instituto Nacional de Salud practicó análisis de orina a pobladores de Cuninico y San Pedro y advirtió que presentan niveles de mercurio y cadmio que significan un riesgo para su salud.

Las autoridades peruanas han vuelto a multar a Petroperú, esta vez por una suma cercana a los cuatro millones de dólares. Una cifra que se suma a las multas y obligaciones de remediación ya decretadas en ocasiones anteriores. Lo curioso es que por ser una empresa estatal, más tarde o más temprano, estos costos recaerán nuevamente sobre las espaldas los ciudadanos. Así que los peruanos recibirán doble castigo, el de soportar los daños y además hacerse cargo ellos mismos de la cuenta.

Un excelente argumento para una opción privatizadora servida en bandeja para el gobierno entrante. Sin embargo, el nuevo presidente electo Pedro Pablo Kuczysnki, de tendencia liberal, ha descartado la idea de privatizar Petroperú y afirmó que su intención es modernizar y reestructurar la empresa.

Pero esto tampoco ocurrirá. El Oleoducto Norperuano, responsable de 17 derrames en los últimos dos años, está en ruinas y repararlo para que funcione sin roturas costará una fortuna. Una fortuna que no se amortiza fácil con un petróleo que hay vender a menos de 50 dólares por barril.

Y este es el eje del problema. La sociedad moderna no puede vivir sin un petróleo barato y el petróleo barato solo es posible a fuerza de subsidios directos o subsidios ocultos como los que ofrecen –a su pesar- la selva peruana y sus pobladores. Los impactos sociales y ambientales ocasionados por un oleoducto que no se puede renovar dentro de la ecuación de costos de la empresa son una “externalidad” -un costo que se transfiere a terceros- necesaria.

El año pasado un estudio del Fondo Monetario Internacional estimaba que los subsidios y externalidades del sector energético mundial ascendían a 5 billones (millones de millones) de dólares anuales^iv.

Una cifra que triplica el valor de mercado de todo el petróleo consumido en el mundo. Es decir, que si se retiraran los subsidios y se internalizaran las externalidades el valor del crudo no sería menor a USD 150 el barril.

Pero Perú (como cualquier otro país) no podría vender el petróleo a ese precio ni su población (como ninguna otra población) estaría dispuesta a pagar el triple por la gasolina que gasta para mover sus vehículos por las atestadas calles limeñas (o de cualquier otra capital). Ni que hablar de los efectos que esto tendría en todas las cadenas productivas del país y sus repercusiones en el PBI (como cualquier país o PBI). Ya vivimos lo que pasó con la economía global cuando el petróleo alcanzó un valor de U$D 147 por barril.

Por eso el Oleoducto Norperuano no será reconstruido ni los derrames dejarán de ocurrir. Es el precio que hay que pagar para poder continuar con un precio de la energía competitivo a nivel global. Para que la industria no se detenga, los ciudadanos puedan continuar amontonando carros en las calles y sostener el crecimiento económico. Claro hay otra opción: que el oleoducto se reconstruya a partir de otros subsidios estatales y la población lo pague por alguna otra vía más o menos oculta o más o menos visible. Esto es lo que seguramente ocurrirá si el nuevo presidente quiere cumplir su promesa.

- Gerardo Honty es analista de CLAES Centro Latino Americano de Ecología Social