La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió ayer una resolución sobre el asesinato de Roque Dalton, ultimado por sus mismos compañeros guerrilleros en mayo de 1975, bajo la ridícula acusación de ser un “agente cubano” o “miembro de la CÍA”.

En la resolución, el Procurador David Morales señala que el Estado salvadoreño (Fiscalía y Sistema Judicial) no ha cumplido el derecho a la verdad y acceso a la justicia, a pesar de las demandas promovidas por los familiares del poeta revolucionario.

Según la PDDH, el Estado “no realizó los actos necesarios que condujeran a una adecuada investigación de los hechos y a evitar la impunidad de los mismos”. La resolución señala también la “falta de medidas de reparación”.

La Procuraduría responsabiliza por este incumplimiento a la Fiscalía General de la República, al Juzgado Noveno de Paz y la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador.

La resolución indica que “la información histórica disponible y que es pública aporta elementos suficientes para presumir la participación de la alta dirigencia del entonces Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la ejecución extra legal de Dalton”.

La PDDH señala directamente a los señores Joaquín Villalobos Huezo y Jorge Antonio Meléndez López, este último es aliado del actual gobierno de izquierda y se desempeña como secretario de Vulnerabilidad de la Presidencia, cargo que ocupa desde la gestión del ex presidente Mauricio Funes.

Villalobos admitió el crimen años atrás, aduciendo falta de experiencia y calificándolo como “un error de juventud”. Meléndez se molesta cuando le preguntan sobre el caso.

Poeta, escritor, intelectual y militante de izquierda. Dalton dejó un vasto legado literario y político, que extrañamente no es reivindicado por la izquierda gobernante.

La resolución de la PDDH sobre el asesinato de Roque Dalton es un vehemente llamado a terminar con la impunidad histórica.

En impunidad están también las numerosas masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y demás crímenes cometidos por las fuerzas gubernamentales y escuadrones de la muerte financiados por la derecha oligárquica, antes y durante la guerra civil.

La impunidad de estos delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos, se ve favorecida por la vigencia de la ominosa Ley de Amnistía que los “honorables” magistrados de la Sala Constitucional no quieren declarar inconstitucional.