Desde los gobiernos del mexiquense Adolfo López Mateos (1958-64) y del poblano (y genocida) Gustavo Díaz Ordaz (1964-70), las prisiones no albergaron a tantos activistas sociales y políticos como ahora, en el año 39 de la longeva transición a la democracia.

Resulta difícil ofrecer un dato exacto sobre el número de prisioneros políticos porque son dinámicas las prácticas represivas del gobierno que jura “Mover a México” y que en esta materia es regresivo.

Mientras el Comité Cerezo denunció en agosto de 2010 la existencia de 119 prisioneros políticos, el Comité Nestora Libre advirtió cuatro años más tarde que eran más de 350 “sólo en el gobierno de Enrique Peña Nieto”. La única relación disponible con nombre y apellidos pero sin fecha de elaboración, enlista a 381 y pertenece a la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y el Cerezo.

Es una pena que con tantos organismos civiles defensores de los derechos humanos, la sociedad no disponga de un padrón de presos políticos y de conciencia, en un sexenio que con frecuencia emplea la prisión para someter a disidentes.

También es una obligación de las autoridades que así como informan en actos solemnes y faraónicos sobre la marcha de la democracia, la economía y la sociedad mexicanas, dar cuenta de los paisanos que son tratados como auténticos enemigos del gobierno y/o del establecimiento, y no como adversarios políticos, aunque hoy por fortuna se aplica más la primera parte de la fórmula del cacique Gonzalo N. Santos: “Encierro, destierro o entierro”.

Con independencia de si son cientos o rebasan el millar los prisioneros políticos y de conciencia, entre los que por supuesto se encuentra la impresentable Elba Esther Gordillo, es necesario agregar a dos dirigentes de los profesores que en la Sección 22 de Oaxaca impiden el predominio de los sucesores de La Maestra al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el enriquecido (ex)bailarín Juan Díaz de la Torre, “traidor” de la septuagenaria chiapaneca de Comitán y quien por la edad tiene derecho a la prisión domiciliaria. Pero el jefe del grupo gobernante resultó tan “rencoroso” como Felipe Calderón.

Rubén Núñez, el secretario general de la 22, fue detenido y enviado a Hermosillo, Sonora, con el uso de las prácticas policiacas que hacen globalmente mal afamados a los cuerpos policiacos y sus altos mandos técnicos y políticos en los principales órganos institucionales y autónomos que defienden y promueven el derecho humanitario y los diarios estadunidenses e ingleses que primero inventaron el Mexican Moment y ahora son críticos de Enrique Peña, sin mediar autocrítica o precisión sobre cuáles de sus intereses no respetó el mexicano.

Un día antes fue encarcelado Francisco Villalobos, el segundo en la dirigencia de la 22, y desalojados los que realizaban el plantón de la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional, frente a las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

A un mes del paro de la CNTE, que todos los días Aurelio Nuño sentencia como un fracaso, no tiene lógica política el uso desproporcionado de la fuerza pública, por más desmanes de los que no queda clara la autoría material e intelectual, y que resultan lamentables.

Menos pies y cabeza tiene la reacción de la Procuraduría General de la República, cuando apenas transcurrió una semana de la derrota electoral cosechada por el presidente Peña y su presidente en el Partido Revolucionario.

Así, del “mal humor nacional” la sociedad pasará no a la irritación sino a la multiplicación del conflicto

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