El periódico digital guatemalteco Plaza Pública reveló la semana pasada que empresas televisivas del magnate mexicano Ángel González cooptaron a dirigentes deportivos y cometieron irregularidades en la adquisición de derechos de transmisión de eventos futbolísticos.

En el reportaje “El Ángel de la democracia, los medios ¿y del fútbol?”, el referido medio investigativo describe con detalles la trama de corrupción tejida por el personaje que domina el espectro mediático chapín, incide en la política y controla los derechos de transmisión de las principales competencias deportivas. Su grupo Albavisión está en la mira de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Las diligencias contra González en el vecino país deberían tener repercusiones en El Salvador. Aquí, Telecorporación Salvadoreña (TCS), el principal emporio televisivo que domina el esquema mediático guanaco, se comporta como Albavisión en Guatemala y, por tanto, debería ser investigada por la Superintendencia de Competencia y la Fiscalía.

Según un estudio reciente de la Superintendencia de Competencia, TCS controla el 37% del espectro de televisión abierta, acapara un 70% de audiencia y recibe el 85% de la pauta publicitaria televisiva. El dominio es casi absoluto.

El consorcio propiedad de la Familia Eserski también tiene derechos exclusivos sobre diversos eventos y contenidos, algunos obtenidos posiblemente en forma irregular. De hecho, el semanario digital El Faro publicó el 7 de abril de este año que TCS (Canal 4) se auto-compró derechos de transmisión de partidos de la Copa América y del Mundial de Brasil 2014 a través de una empresa creada en Islas Vírgenes Británicas.

Según los documentos de la firma Mosack Fonseca citados por El Faro, TCS también tiene varias empresas offshore en Panamá.

El mayor grupo televisivo del país también obtuvo concesiones irregulares. Publicaciones periodísticas señalan anomalías en el otorgamiento de siete frecuencias televisivas: los canales 39, 41, 43, 45, 47, 49 y 51 de televisión por cable que fueron “readecuados” como canales abiertos, para evadir el proceso de asignación por subasta pública.

Por tanto, así como el grupo de Ángel González es investigado en Guatemala, el emporio de los Eserski debería ser investigado en El Salvador. Sobre el caso de los siete canales existe una denuncia que la Fiscalía no quiere investigar y una petición de crear una comisión especial que duerme el sueño de los justos en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.