La economía y la política se encuentran, en nuestros días, íntimamente ligadas. Esta tradición viene desde hace aproximadamente 8 mil años. Es el momento en el que un reducido grupo de personas se apropia de la totalidad del poder económico y político de un grupo social. La otra parte de la sociedad, aquella que es la mayoría de la población, pierde completamente toda intervención directa en la gestión de la economía y en las orientaciones políticas del país.

Con el advenimiento de la República, los ciudadanos pueden elegir a sus representantes a fin de constituir el gobierno que conducirá los destinos del país. Pero, desgraciadamente, el gobierno nace con un pecado capital. En el papel (la Constitución), el gobierno representa al pueblo pero, en realidad, él se encuentra al servicio de los intereses económicos dominantes. Desde ahí, los “representantes” y los electores participan a un juego bien particular. Los dos son conscientes de que el juego está viciado pero, los unos están convencidos de que son impotentes para cambiar las reglas de juego y, los otros, enarbolan toda clase de promesas sabiendo que jamás lo cumplirán.

En la actualidad el juego sigue siendo igual de vicioso pero más complicado, porque los que realmente deciden económicamente y políticamente son las grandes empresas transnacionales y las potencias de turno. Entonces los países, como el Perú, se encuentran completamente maniatados por las consignas, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y otras organizaciones internacionales que representan esas compañías y esas potencias.

En esas condiciones, los gobernantes y los representantes del pueblo peruano, elegidos “democráticamente” no han sido y no son, hasta la fecha, que de fantoches. Es así como, el vicio y la corrupción se agrava en los países dependientes. Los políticos, sabiendo que no tienen ningún dominio del juego, no piensan en los grandes destinos del país, sino en sus propios intereses económicos personales.

Que baste un ejemplo. En el Perú, todo aquel que quiere ser incluido en una plancha electoral, debe hacer una “inversión” mínima de 30 mil dólares. Monto que aumenta según la ubicación en la lista electoral. El postulante a presidente de la República “invierte” no menos de 10 millones de dólares. ¿De su bolsillo? Todos saben que no es así.

Además, todo el mundo sabe que aquel que será elegido tratará de recuperar su inversión en un tiempo corto a fin de rentabilizar su operación financiera. Es decir, tanto la actividad política como la económica están totalmente corrompidas. ¿Qué podemos esperar de tales gobiernos? ¿Existe una solución a esta perversión?

La solución consiste en devolver a los reales agentes económicos toda la autonomía y poder que ellos lo perdieron hace 8 mil años. Los reales agentes económicos son las personas (todos los habitantes del Perú) y las empresas. Son ellos los que mueven y desarrollan la economía. Y son ellos los que deben tener las riendas del poder económico, de una manera directa y autónoma, sin ninguna intervención del gobierno. El Estado peruano debe garantizar esta nueva organización económica, en donde el único propietario será el Perú.

Bajo esas condiciones nunca más sufriremos de pobreza y de desempleo. Las oportunidades reales se abren, en igualdad de condiciones, para todos y cada uno de los peruanos. El resto dependerá de cada persona, quien decidirá de su futuro según sus propias preferencias, competencias y esfuerzo personal.

Con esas nuevas reglas de juego, a la base de una nueva organización social y económica del país, se impondrá un nuevo comportamiento económico y político. La economía será directamente administrada por los reales agentes de la economía y, la política, por los reales agentes políticos del país.

Una primera conclusión, y la más importante, es la separación entre la actividad económica y la actividad política. Los que manejan y dirigen la política no tendrán ningún acceso directo al manejo económico. Y los que manejan y dirigen la política no tendrán ningún acceso directo al manejo económico. Es la purificación de dos grandes e importantes sectores de la actividad humana.

El o los representantes políticos se ocuparán exclusivamente de las grandes orientaciones del país, sin que ello esté supeditado a intereses personales o de grupo. Y esto, no porque sean honestos, sino simplemente porque no tendrán ninguna posibilidad de intervenir directamente sobre la economía. El presupuesto público desaparece, los impuestos desaparecen. Y con ello, desaparecen las malversaciones, los enriquecimientos ilícitos y toda suerte de vicio económico del poder político. Los fundamentos del clima de corrupción desaparecen y con ello los vicios que engendra.

En esa nueva organización socio-económica, es a los ciudadanos y a las empresas que corresponde poner en práctica las orientaciones políticas. Porque son ellos, y únicamente ellos, que tienen el real poder económico y, en definitiva, son ellos quienes pondrán en ejecución, en términos reales, las orientaciones del político; si ellos están, bien entendido, convencidos de la certitud de la dirección. De otra manera, ellos tienen todo el poder económico real para no seguir las orientaciones de un posible político deshonesto, ignorante, mal avisado.

La política podrá así desarrollarse como un cuerpo puro, al servicio de los grandes intereses del país. Y los políticos podrán por fin desarrollar la ciencia política en toda su magnitud. La imagen de un presidente de la República inaugurando cualquier pequeña “obrita” a fin de ganar votos para su reelección será del pasado. Los vicios del poder engendrados por la intimidad entre economía y política quedarán por fin resueltos para beneficio del desarrollo sano de la sociedad y de los ciudadanos que la componen.

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