Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión y de Prensa, instaurado por la UNESCO para reflexionar sobre los obstáculos y desafíos en relación al ejercicio de este derecho que es aspecto central en la democracia.

En muchos países la libertad de expresión y de prensa es afectada por gobiernos autoritarios que mantienen regímenes de censura, falta de acceso a la información, persecución a periodistas, control de medios, etc. En El Salvador, sin embargo, no hay políticas gubernamentales que atenten contra la libre expresión y de prensa.

Más bien son sectores de la oposición los que muestran comportamientos que vulneran el acceso a la información y el libre ejercicio periodístico. Ejemplo de esto es la negativa de la ANEP a que sean públicas la lista de empresarios que avaden impuestos, las discusiones del Consejo Nacional del Salario Mínimo, entre otros aspectos de interés público.

Otro aspecto violatorio de la libertad de expresión y de prensa es la autocensura motivada por intereses comerciales o sesgos políticos. Algunos medios no publican información que afecte la imagen de sus anunciantes o de actores políticos (partidos, dirigentes, funcionarios) afines a su línea editorial.

Amenaza creciente contra la libertad de expresión y de prensa es también la violencia física contra periodistas. El asesinato del joven comunicador comunitario Nicolás García, el pasado 10 de marzo en el municipio de Tacuba, debe alertar al país sobre la urgencia de implementar medidas de protección a periodistas y comunicadores ante la criminalidad de las pandillas.

Pero la libertad de expresión y de prensa también tiene obstáculos estructurales que suelen pasar desapercibidos y nunca son mencionados en los informes de la SIP o la AIR. Entre éstos disposiciones legales discriminatorias de los medios comunitarios y promotoras de la concentración mediática.

Esto es especialmente grave en el país porque la Ley de Telecomunicaciones -sobre la que se consolidó el actual modelo mediático- no reconoce la existencia de medios comunitarios y públicos, establece la subasta como único mecanismo para signar frecuencias radioeléctricas y no pone límites antimonopólicos a la propiedad mediática.

Sin embargo, ha sido presentada por la SIGET una propuesta de reformas orientadas a subsanar estos vacíos, al menos los relacionados con la falta de reconocimiento de los medios comunitarios y el mecanismo de subasta.

Dichas reformas serán analizadas esta tarde por la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa que lleva el tema. Ojalá, pues, que la celebración del Día Mundial de la Libertad de Expresión y de Prensa inspire a sus diputados para que -sin más retrasos- dictaminen favorable y las reformas se aprueben pronto.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

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