La llegada de miembros de la Misión de Apoyo y Combate a la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) al país genera expectativas en el pueblo hondureño. Hay esperanza que los saqueadores del Seguro Social serán llevados a la cárcel, incluyendo no solo a los autores materiales sino también intelectuales donde según ha trascendido figuran políticos de turno.

Existen razones de peso para pensar que el camino no será nada fácil, y más bien cada día se agreguen más trabas al trabajo de la Misión. La primera es que en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) parte de la información de soporte ha desaparecido o ha sido maquillada, y algunos de los implicados están prófugos o ya se les juzgó sin seguirse el debido proceso administrativo y judicial.

En el caso de la corrupción en las aduanas, hay denuncias que el cierre de la Dirección Ejecutiva del Ingresos (DEI) sirva para encubrir a evasores del fisco donde se incluyen prominentes empresarios y dirigentes de partidos políticos tradicionales.

La intervención decretada por el gobierno del Cuartel General de Casamata, también genera sospechas en la ciudadanía ya que se corre el riesgo que los expedientes de casos de corrupción, impunidad y narcotráfico que involucra a altos oficiales de la policía desaparezcan o sean también maquillados. Esta intervención ocurre días antes que el Congreso de la República aprobó una intervención a la Policía Nacional por medio de una Comisión depuradora liderada por el Ministro de Seguridad, y se filtró información a la prensa acerca del asesinato del Zar antidrogas Julián Arístides Gonzáles que involucra a miembros de la cúpula policial de 2009 y 2010.

Un gran número de organizaciones de sociedad civil no matriculadas con el gobierno y agencias internacionales, ha denunciado que la Comisión creada para depurar la policía es una estrategia para proteger a altos oficiales y tratar de no profundizar en las investigaciones sobre asesinatos donde se involucra a miembros de dicha política coludidos con el crimen organizado. La Comisión la coordina la abogada Vilma Morales que también es miembro de la Comisión Interventora del Seguro Social, igual ha sido llamado el abogado German Leizellar miembro de esta última; tienen dos sombreros vinculantes al tema de la corrupción e impunidad.

Otra traba es que al parecer el gobierno de la República quiere ponerle los temas de agenda a la MACCIH, involucrándola en las investigaciones de la muerte de Bertha Cáceres y en la revisión de la Ley Electoral sin que se ejecuten reformas en instituciones como el Tribunal Superior Electoral y Registro Nacional de las Personas (RNP). Las hijas de la dirigente ambientalista asesinada no quieren a la MACCIH, sino una comisión independiente coordinada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso del tribunal electoral, la MACCIH solo está autorizada a investigar el financiamiento de las campañas políticas, pero no la podredumbre electoral como la compra de votos, la inscripción de partidos de maletín, la venta de credenciales, la falta de representación de los partidos emergentes, la falta de identidades y su alto costo, etc.

En una de sus primeras comparecencias públicas, el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, pidió que se agilicen los casos (27 expedientes) de enriquecimiento ilícito de los policías en poder del Tribunal Superior de Cuentos que fueron remitidos por la Dirección de investigación de la Carrera Policial (DIECP); se estima en 300 millones de lempiras la fortuna que lograron amasar dichos policías.

No obstante, no se refirió al caso emblemático del IHSS cuyo robo asciende a 7,000 mil millones de lempiras exigido por el movimiento de los “Indignados” como el primer caso a investigar. En él hay indicios de robo, lavado de activos por la banca, involucramiento de políticos y funcionarios públicos, y financiamiento de campañas políticas. Pero también no se refirió a la vigencia de la Ley de Secretos que blinda información necesaria para seguir con las investigaciones.

La Ley de Secretos y de Clasificación de la Información autoriza al gobierno de la Republica, especialmente al Presidente de la Republica y Consejo de Defensa y Seguridad, a clasificar información en Reservada, Confidencial, Secreta y Ultrsecreta, que será desclasificada en un periodo de entre 5 y 25 años. En esta información cabe el manejo de los fondos de la Tasa de Seguridad, contratos con empresas privadas, asesinatos, intervención de teléfonos, compras del Estado, actos de enriquecimiento ilícito, entre otros. La sociedad civil no alineada con el gobierno e incluso el Instituto de Acceso a la Información y diputados y dirigentes de los partidos de oposición ha pedido la derogación de esta Ley, para que las acciones del Gobierno sean más transparentes y la MACCIH pueda hacer mejor su trabajo.

La derogación de esta Ley debe ser un compromiso del gobierno frente a la OEA y los miembros de la Misión, ya que el Ministerio Publico, fiscales y jueces certificados no podrán ejercer su trabajo en tanto una nota del propio Presidente de la República y miembros del Consejo de Defensa y Seguridad blindando la información se los impedirá. En la coyuntura actual que vive Honduras la vigencia de esta Ley trasgrede tratados y acuerdos internacionales, y viola normas universalmente aceptadas como ser el acceso a la información y su divulgación para promoción de la democracia y protección de los derechos fundamentales de la persona humana.

Tegucigalpa, 19 de abril de 2016