El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub, criticó la aprobación de un préstamo por 100 millones de dólares en la Asamblea Legislativa para financiar las medidas excepcionales de seguridad pública que impulsa el Ejecutivo.

En cuenta de twitter, el dirigente empresarial escribió en forma irrespetuosa que “a los diputados les dieron atol con el dedo”, refiriéndose al aval legislativo para que el gobierno negocie un préstamo que la misma Asamblea podrá después ratificar o rechazar.

Las declaraciones de Jorge Daboub desentonan totalmente con el sentido de unidad nacional que existe alrededor de las acciones extraordinarias contra la violencia criminal. Entonces, vale preguntar ¿de qué lado está la ANEP al oponerse al financiamiento de las medidas urgentes de seguridad?

¿Está la ANEP a favor de la seguridad de la población o del actuar de las pandillas y crimen organizado? El gremio empresarial debe expresarlo claramente y sin medias tintas, porque las expresiones de su presidente sugieren que su apuesta es no resolver el problema de la violencia e inseguridad.

Jorge Daboub es un “bocón” y actúa más como un calenturiento activista político que como representante gremial, pero su rechazo al préstamo para seguridad es congruente con la postura de ANEP contraria al aumento de los ingresos del gobierno, sean éstos para seguridad, programas sociales o hasta pagar la deuda que dejaron los gobiernos de ARENA.

La gremial empresarial se opone a cualquier medida orientada a combatir la evasión y la elusión tributaria, rechaza la reforma fiscal progresiva y critica la aprobación de préstamos para financiar políticas, planes y programas de seguridad pública.

La ANEP también aplaude las acciones de la Sala Constitucional que boicotean los ingresos estatales: reversión del fondo para ayudar a víctimas de accidentes de tránsito, del impuesto a las empresas que declaran pérdidas para evadir y el congelamiento de los 900 millones de dólares en bonos.

El gremio empresarial, además, rechaza la propuesta de un impuesto especial para la seguridad que podría cobrarse a las empresas importadoras y distribuidoras de armas, a las compañías de seguridad privada y otras que se lucran con la violencia e inseguridad que agobia al país.

Por tanto, las declaraciones de Jorge Daboub no son palabras desbocadas de alguien con confunde su rol de dirigente empresarial con el de militante arenero, sino que coinciden con una postura institucional poco colaborativa en la solución de los problemas nacionales. Y eso es repudiable y condenable.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

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