La Cámara “Salvadoreña” de Telecomunicaciones (CASATEL), el cártel de las transnacionales telefónicas que operan en el país desde que los gobiernos de ARENA privatizaron la telefonía, arremetieron ayer con más fiereza contra la reforma a la Ley de Telecomunicaciones presentada por la SIGET a la Asamblea Legislativa.

A pesar de haber participado en las consultas realizadas por SIGET y tomadas en cuenta sus opiniones, la gremial de telefónicas se dice excluida y exige que la Asamblea no apruebe las reformas sin incorporar sus propuestas.

El enojo de estas empresas, además, se debe a que ayer la Sala Constitucional les propinó un duro revés rechazando una demanda que buscaba impugnar las multas millonarias que el gobierno les impondrá cuando las cache incumpliendo con el bloqueo de las señales telefónicas en las cárceles.

La vocera de la gremial, una ex funcionaria arenera, incluso amenazó con trasladar a los usuarios cualquier tasa que se les imponga con la reforma a la Ley de Telecomunicaciones.

Además de no bloquear la señal en los centros penales, las telefónicas están cuestionadas por la mala aplicación del cobro de la llamada contribución especial para la seguridad, impuesto que finalmente trasladaron a los usuarios y cuya recaudación es sorprendentemente baja en relación a los montos que el gobierno esperaba obtener.

El comportamiento saboteador y posiblemente delictivo de las compañías telefónicas debería provocar una fuerte movilización ciudadana exigiendo la desprivatización de la telefonía.

La entrega de la telefonía a las transnacionales es un crimen de lesa patria perpetrado por el gobierno de Armando Calderón Sol como parte de la contrarreforma neoliberal que impuso ARENA por consejo de FUSADES y presiones del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales.

El sabotaje a los planes estatales de seguridad y la campaña contra la reforma a la Ley de Telecomunicaciones deberían tener a las transnacionales telefónicas al borde la expulsión del país, la telefonía en plan de renacionalización y a los ex funcionarios que la privatizaron enjuiciados en los tribunales.

También deberían ser cuestionados por la población los medios que difunden acríticamente estas campañas. Condicionados por la pauta publicitaria de las telefónicas, estos medios transmiten la propaganda de CASATEL como si fuera información.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

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