La Sala Constitucional otorgó esta semana una prórroga de tres meses a la Asamblea Legislativa para aprobar reformas a la Ley de Comunicaciones. A petición de la comisión ad hoc que estudia las reformas y de la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo), la Sala alargó el plazo hasta el 31 de marzo próximo.

Esto permite que la comisión realice una reforma que atienda el mandato de la sentencia y la resolución aclaratoria emitida por la Sala, tome en cuenta las propuestas presentadas por la ReDCo y el Ejecutivo, incorpore los estándares de libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y procure la democratización de las comunicaciones.

Diputados de ARENA (Karla Hernández y René Portillo Cuadra) y de PCN (Mario Ponce) usaron como pretexto el plazo original que venció el 31 de diciembre para intentar aprobar una reforma discriminatoria de los medios que llamaba “locales”, a los que impedía comercializar, transferirse, tener más de una concesión y otras restricciones que los ponía en clara desventaja respecto a los grandes medios de cobertura nacional.

Esta nefasta reforma –patrocinada por ASDER y TCS- habría perjudicado a todos los medios de cobertura municipal, departamental y regional, independientemente de su perfil comunitario o comercial.

Ahora, con la ampliación del período, la comisión tiene la posibilidad de elaborar una amplia reforma a la Ley de Telecomunicaciones, consensuada con todos los sectores involucrados: medios privados y comunitarios, gobierno (ente regulador), gremio periodístico, organizaciones sociales y universidades.

Las nuevas realidades del ámbito info-comunicacional (generadas por el desarrollo de las TICs, redes de internet y la inminente digitalización del espectro radioeléctrico) y necesidad de propiciar una mayor diversidad mediática, obligan al país a impulsar una reforma integral que modernice, actualice y democratice las telecomunicaciones.

Esto es lo que necesita el país, no la reforma restrictiva y discriminatoria que pretenden imponer ARENA y PCN limitada únicamente a un mecanismo de concurso para asignar frecuencias a los “medios locales” y al procedimiento para la renovación de las concesiones. Pretender evadir la reforma completa al marco normativo de las comunicaciones es querer evitar algo inevitable, es darle la espalda a la realidad.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

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