En escasas tres semanas el sistemático e incesante atropello del oficialismo a las normas, procedimientos y valores propios de una democracia precipitó la vertiginosa transición desde la república hacia una forma estatal diferente, que en la ciencia política se conoce bajo el nombre de régimen. Este se caracteriza por su desprecio por la legalidad, el autoritarismo en el ejercicio de las atribuciones presidenciales y la violación de las reglas del juego y de la cultura dialógica propias de la democracia. También por la supeditación de los otros poderes del estado a los designios del poder central y la esterilización de la voluntad popular resultante de la parálisis producida en el funcionamiento del congreso.

Todo esto motivado por un afán incontenible de cancelar algunos de los más importantes logros del kirchnerismo, para lo cual no existen escrúpulos de ningún tipo y se apela a un torrente de decretos de necesidad y urgencia, cuando no existen ni la una ni la otra. O a “aprietes” para destituir a funcionarios que gozan de una designación vitalicia, como la Procuradora General Alejandra Gils Carbó; o cuyo mandato legalmente estipulado todavía no había expirado, como Alejandro Vanoli al frente del Banco Central. O recurrir a monstruosidades jurídicas e institucionales, como la disolución de una agencia del estado como la AFSCA, establecida por una ley del congreso que, además, había sido declarada constitucional por la Corte Suprema.

Una profunda restauración conservadora está en marcha, y cuando finalmente comience el período ordinario de sesiones del Congreso el próximo 1° de marzo el paisaje institucional y jurídico de la Argentina será casi por completo irreconocible. Si se trata de un régimen por sus formas, por su contenido clasista es una plutocracia que instaura un país “atendido por sus dueños”, una “CEOcracia” en donde los gerentes de las más grandes compañías en diversas ramas de la economía toman por asalto las estructuras del estado y ejercen -claro que por ahora, ya se verá por cuanto tiempo- un poder omnímodo y en beneficio de la riqueza. CEOcracia, además, que registra un número sin precedentes de individuos procesados o imputados en diferentes estrados judiciales. Un poder desnudo y carente de las mediaciones resultantes de las luchas democráticas, y completamente irresponsable ante el congreso (por lo menos durante los próximos dos meses) y ante la ciudadanía, atónita por un frenético despliegue de prepotencia institucional nunca visto desde la recuperación de la democracia.

No hace falta ser demasiado perspicaz para comprobar que este tránsito decadente constituye además una impostura que contrasta escandalosamente con los mensajes de “paz y amor” que el hoy presidente propalaba con estudiada beatitud durante su campaña así como su promesa de reconstruir la unión de la familia argentina mediante el diálogo y el acuerdo político, intención enfáticamente anunciada en su mensaje inaugural al congreso y groseramente desmentida en la práctica pocas horas después.

Impostura, también, de aquellos supuestos vestales de la república y la democracia que ayer vociferaban sin pausa desde todos los megáfonos de la oligarquía mediática y que hoy, para su irremediable deshonra, guardan un cómplice e incalificable silencio ante la prepotencia del régimen.