Con la presentación del informe sobre el quinto mes de labores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que cuenta con la venia del gobierno mexicano y de los padres de familia de los 43 desaparecidos y probablemente asesinados la noche del 26-27 de septiembre del año en curso en Iguala, quedan muy mal paradas las autoridades que procuran e imparten justicia en Guerrero y el país, así como el Poder Ejecutivo del que con frecuencia dependen.

Veamos por qué. Claudia Paz, Alejandro Valencia, Francisco Cox y Carlos Beristain, cuatro de los cinco expertos –sólo faltó Ángela Buitrago– informaron que el gobierno –que jura “Mover a México”–, impidió de manera definitiva cualquier posibilidad de entrevistar a los 26 integrantes del 27 Batallón de Infantería del Ejército que presenciaron o participaron en los hechos, bajo el argumento de que “pondría en riesgo la investigación”, como lo explicó el titular de la Secretaría de Gobernación, cinco meses después de presentada la solicitud del GIEI.

Resulta pertinente hacer la pregunta ¿Qué oculta o pretende ocultar el gobierno? Lo que sea, más temprano que tarde terminará conociéndose porque como escribió el clásico la verdad finalmente emerge y otro hasta la calificó de revolucionaria.

Mientras tanto, los expertos declinaron realizar la formulación de preguntas por escrito y no estar presentes en la diligencia. No entregarán el cuestionario porque “eso significa que no tenemos control de cómo se responde, de qué se responde, ni la posibilidad de que se precisen puntos que vayan saliendo durante la declaración”.

A la injustificable conducta dada a conocer por Miguel Ángel Osorio, ahora es preciso agregar hechos y prácticas todavía más preocupantes, como la pérdida y probable destrucción de una videograbación de la escena durante la intervención policial que dio lugar a la desaparición de Los 43, en  la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia.

De acuerdo con los expertos, videos enviados a la presidencia del tribunal “fueron destruidos”. Hecho gravísimo que como bien exigen “debe ser investigado por la PGR”, que preside Arely Gómez después del tremendo desgaste que acumuló Jesús Murillo con su “verdad  histórica” que no convenció a muchos, pero “el maestro” fue premiado con una secretaría de Estado de la que conoce muchísimo menos.

A la inaceptable destrucción de aquellas pruebas, es necesario añadir que algunas de las prendas de vestir que portaban los normalistas rurales desaparecidos y/o asesinados, no fueron integradas a las investigaciones ministeriales.

Si todo lo anterior no fuera suficiente para someter a un severo cuestionamiento el trabajo del gobierno que presume “Mover a México” (¿En reversa?) en esta investigación en vías de cumplir una año, los padres de Los 43 acusaron a funcionarios de la Procuraduría General de la República de intentar dividir al movimiento de solidaridad con las víctimas, en tanto que todavía no cumple con ninguna de las 10 acciones a las que se comprometió Enrique Peña Nieto en octubre de 2014.

El GIEI concluye su mandato inicial de seis meses dentro de dos semanas. Lo menos que puede esperarse es que en medio de tanta turbiedad en la investigación ministerial y judicial mexicanas, sería que las autoridades no cometan el despropósito de no ampliar el plazo de los expertos para completar su trabajo, en vista de tanta incompetencia, para llamarla en forma educada, y subrayada parcialidad.

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