Las demandas cívicas y ciudadanas respecto a las inconsistencias e incoherencias del sistema imperante han sido claras: se imponen cambios profundos que no podrán ser obstaculizados por los defensores de una institucionalidad de papel que no funciona con justicia y equidad para la mayoría ciudadana. El sistema no sólo ha perdido legalidad, sino perdió toda legitimidad; el liderazgo dominante político-económico-militar lo ha desgastado y desprestigiado al grado que ya no es representativo para la ciudadanía.

1.- La independencia de los Poderes del Estado ha sido violada

Regularmente tenemos conocimiento de las demandas de la sociedad civil organizada y del movimiento social y popular. En cuanto a las primeras, las organizaciones de la sociedad civil demandaron al Estado la transparencia en la integración de las Comisiones de postulación de las Cortes. A pesar de estas oportunas manifestaciones ciudadanas, la integración de las Comisiones fue manipulada bajo acuerdos partidarios del oficialismo con partidos de oposición. Así fueron eliminadas para los cargos de las Cortes personas honradas, capaces, y eligieron a personas idóneas para retorcer o entorpecer el camino justo de la ley. El gobierno actual (así como el gobierno que las fuerzas político-económico-militares se proponen llevar al poder), previeron que con un sistema judicial ad hoc no tendrían tropiezos para continuar e intensificar el saqueo y entrega de los recursos del Estado que pertenecen a la ciudadanía.

Estas acciones constituyeron flagrante violación del orden constitucional en el sentido de la independencia de los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), pues los mismos quedaron a disposición de las componendas político-partidarias-militares y empresariales. El orden constitucional fue violentado, quedando la mayoría de las magistraturas de las Cortes en manos de personas idóneas al encubrimiento de actos ilícitos de funcionarios, testaferros e “inversionistas”.

Muy pocos meses antes, concertadamente desde el Ejecutivo y el Legislativo impusieron la aprobación del Presupuesto para el año 2015, que incluía nuevas tributaciones y endeudamiento decididos discrecionalmente con el objetivo de cubrir los vacíos del dinero que robaban y para tener disponibilidad financiera para la campaña electoral. Estas medidas durante diferentes gobiernos han incrementado la deuda interna y externa de Guatemala, con el daño a toda la ciudadanía, pues estos pagos por deuda reducen las posibilidades de inversión social y los gastos de funcionamiento del Estado. El colmo de la mala administración pública es tener que endeudar al país para pagar lo robado y además para cubrir el funcionamiento de plazas fantasmas de serviles y testaferros, y el colmo extremo del sistema financiero nacional e internacional es apelar al respeto de esta institucionalidad perversa que asegura inmensas ganancias usureras. Resumimos, pues, que ha habido saqueo, ya que desde el Ejecutivo se han armado redes que abarcan los tres poderes del Estado para beneficio privado.

2.- Saquemos del Estado a los poderes corruptos

Las instituciones que por ley recaudan y/o administran recursos públicos -aduanas, aeroportuarias, IGSS, puertos, etcétera-, fueron intervenidas bajo leyes ilegítimas aprobadas mediante componendas con intereses que controlan el statu quo, habiendo sido colocados como interventores militares y ex militares. En otros casos, y también durante este gobierno militar de Otto Pérez Molina, se generalizaron los nombramientos de personas de su conocimiento y confianza, los que han sido sindicados de responsabilidad directa en el robo y/o entrega del patrimonio del Estado. Dichos funcionarios en connivencia con otros actores políticos y empresariales despojaron a la ciudadanía guatemalteca de miles de millones de quetzales; autorizaron asimismo la destrucción del hábitat de múltiples comunidades ocasionando daños tanto a la vida humana como a la naturaleza. Desde el poder político del Estado se fortalecieron redes delincuenciales que venían operando desde gobiernos anteriores, tanto dentro como fuera de las instituciones del sector público.

La explotación de los recursos naturales es servilmente entregada a empresas extractivas extranjeras y nacionales, quienes para llevarse la mayor parte de los beneficios imponen leyes ad hoc de exenciones, de compras y de contrataciones que aseguran controles blandos o inexistentes en la apropiación y exportación de estos recursos. La presumible connivencia de autoridades del Estado y algunos empresarios con el crimen organizado, resulta en grave responsabilidad por las horrendas condiciones de vida de una buena parte de la población, así como de la destrucción de los recursos de la vida como lo son la tierra y el agua. No faltan jueces venales que criminalizan a líderes comunitarios que defienden nuestro hábitat, cerrando de esta manera la rosca perversa del poder en contra del ejercicio de la ciudadanía. Cada ciudadano que defiende con valentía los recursos naturales que son la riqueza milenaria de nuestro territorio, defiende en sí la vida de todas las guatemaltecas y guatemaltecos. 

3.- La voluntad colectiva de la ciudadanía se moviliza

Ante el descaro evidente de sentirse seguros en su impunidad, los mandatarios excedieron su cinismo al burlarse de la ciudadanía llegando a situaciones extremas. Recordemos la burla de las instalaciones indignas del hospital neurosiquiátrico; el descaro al afirmar que el pueblo coma hierbas si no le alcanza para comprar carne; o que pronto comeremos “mojarras descontaminadas”. Confiaron en el control social que judicializa las justas demandas comunitarias y de la sociedad civil organizada, y perdieron de vista que la ciudadanía tiene la capacidad de rebalsar su paciencia y expresar su rechazo en pacíficas pero enérgicas demostraciones de indignación, denuncia y demandas.

Cada persona en su calidad de ciudadana o ciudadano decidió manifestar su indignación, llegándose a conformar una diáfana expresión de voluntad colectiva que exige cambios a la “institucionalidad” vigente que la oprime y la ve de menos. Las peticiones expresadas en las movilizaciones de abril a julio de 2015 van desde la petición de renuncias de funcionarios corruptos, su castigo y recuperación de lo robado hasta otras demandas de mayor profundidad como el rechazo a un proceso electoral que reedita otro capítulo de lo mismo; es decir, la ciudadanía rechaza ir a votar para que quede quien las fuerzas político-económico-militares se proponen llevar al poder. De allí que se plantea la suspensión del proceso electoral, la integración de un gobierno provisional representativo de todo el pueblo y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, las demandas se manifiestan como consecuencia del florecer de la conciencia, y del tamaño y la profundidad de la problemática que la población percibe y comprueba diariamente.

4.- Ante el engaño del sistema dominante, la ciudadanía organizada exige refundación del Estado

Es importante destacar que la sociedad guatemalteca se ha activado y ahora genera espacios de debate y propuestas en los diferentes ámbitos de la problemática social y política. Al calor de esta coyuntura se han nutrido espacios de relacionamiento y debate de acercamiento para la unidad de acción y de propuestas concretas. La opinión ciudadana se mueve en el campo político y jurídico; fenómeno que invade las redes sociales y al que ciertos medios de difusión contribuyen. Ya son inútiles las advertencias de las fuerzas que mantienen el statu quo respecto a que “se están politizando los temas”. Son precisamente estos momentos cuando la ciudadanía puede actuar políticamente y enmendarle la plana a sus hasta ahora gobernantes de hecho mas no de derecho.

Los esfuerzos de aportes ciudadanos persiguen mejorar, fortalecer y democratizar los espacios de participación para modificar una institucionalidad anómala que ha sido perversamente construida y defendida por los últimos gobiernos militares y civiles, por dirigentes de cámaras empresariales, partidos políticos, medios de difusión y crimen organizado.

Sin embargo, sus operadores orgánicos –en su papel de fieles defensores de la “institucionalidad”- atacan y satanizan al que se atreve a opinar diferente y hasta lo tipifican como delito. Usan tácticas dilatorias con el objetivo de diluir las demandas en las calles y las comunidades; implementan engaños como mesas de debate legislativo –con un pleno de legisladores convenientemente ausente- como lo manda la ley, repiten. Sindican a uno que otro corrupto, pero dejan intacto el sistema político, económico y social y a las estructuras y mecanismos de decisión, de corrupción y de enriquecimiento deshonesto. 

Dejan sin mayores cambios la “institucionalidad” que defiende tanto este gobierno como el siguiente gobierno (el que las fuerzas político-económico-militares se proponen llevar al poder), pues ya tienen blindada la estructura que les permitiría continuar con el robo de nuestros impuestos. Desde la misma estructura pretenden seguir con el robo de la tierra y la entrega del territorio al capital extractivo y financiero. Inducen a la Comunidad Internacional a apoyar a este Estado de impunidad, convirtiendo la institucionalidad en un abstracto intocable, aunque atropelle y mate a su población. ¿Qué intereses se defienden que puedan situarse por encima de los derechos de quince millones de habitantes en Guatemala? 

5.- Ante la institucionalidad ilegítima: movilización legítima

No obstante que como población guatemalteca hemos manifestado cívica y democráticamente la necesidad de transformar la “institucionalidad” vigente, el poder dominante con sus fuerzas políticas serviles y los intereses internacionales, todos, pretenden escudarse en principios de legalidad que ellos mismos violan frecuentemente y/o utilizan en beneficio particular y en el de unas pocas familias y/o empresas.

En las leyes vigentes en este momento, hechas y aplicadas al antojo de los detentadores del poder, no cabe todo lo justo y lo democrático que el pueblo de Guatemala reclama. La exigencia de una institucionalidad democrática que signifique calidad de vida para toda la población seguirá vigente este año y los que siguen. Mientras más pronto lo comprendan las fuerzas que detienen los cambios, con menos consecuencias negativas llegaremos a un país próspero para sus habitantes. Continuaremos incansablemente accionando por restituir los derechos plenos de nuestros habitantes y los derechos de la naturaleza.

¡En estas condiciones, no queremos elecciones!

 Guatemala, 7 de julio de 2015