El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) expresó varias preocupaciones sobre nuestra realidad. Instó a que se apruebe, también, el proyecto de ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional que está varado en el Senado.

 Asunción, 18 de junio (BASE IS). Del 23 de febrero al 6 de marzo pasados, en su 54° sesión ordinaria, el Comité mencionado analizó cómo los Estados de Paraguay, Tajikistán y Gambia garantizaron los derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

A nuestro país le tocó el cuarto informe desde que en 1976 entró en vigencia el mecanismo de protecciones de las Naciones Unidas; el último había sido en 2007.

En la lógica de la sesión, además de los Estados analizados, las diversas instituciones de la sociedad civil de estos países acercan sus observaciones al Comité.

Base Investigaciones Sociales(BASE IS) elevó el suyo sobre derecho a la alimentación adecuada a través de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).

El 20 de marzo pasado el órgano de las Naciones Unidas ya tenía listo su informe y las recomendaciones al país, en torno a derechos relacionados a la tierra, medio ambiente, gasto social, no discriminación, empleo, igualdad, trabajo, salarios, sindicalización, seguridad social, no pobreza, vivienda, salud, agua, saneamiento, educación, alimentación, salud sexual y reproductiva, cultura y lenguas…

Tierras indígenas y poblaciones rurales

En su primera observación el Comité expresa su preocupación en torno a que Paraguay no cuenta con un mecanismo legal específico que reclame y recupere las tierras ancestrales de los pueblos indígenas y también de participación de éstos en decisiones que afectan a sus comunidades.

Sobre impuestos, señala que le “preocupa la débil recaudación fiscal en el Estado parte, lo cual limita la inversión del gasto público social”. Ante esto sugiere medidas concretas para una mejor y más justa política tributaria, que garantice la aplicación y garantía de los derechos de las personas.

El órgano de las Naciones Unidas expresa su incomodidad en torno a la persistencia del alto índice de pobreza, especialmente la extrema, que en mayor grado afecta a pueblos indígenas y poblaciones rurales. Como también la “insuficiente aplicación de las políticas relacionadas con la reforma agraria”.

Como respuesta, recomienda a Paraguay adoptar medidas efectivas de lucha contra la desigualdad, especialmente a partir de las necesidades de los pueblos indígenas y rurales, como también la adopción de las medidas necesarias para la efectiva implementación de la reforma agraria, uno de los factores para lograr el bienestar rural.

Cultivo de soja y derecho a la alimentación

Una de las principales observaciones a Paraguay en el informe de 2007 había sido sobre el uso indiscriminado de agrotóxicos, que afectaba derechos elementales de las comunidades rurales, campesinas e indígenas.

En el informe de este año, el Comité “reitera su preocupación anterior particularmente en cuanto a los efectos negativos que trae aparejado el extenso cultivo de soja en el Estado parte, particularmente en la degradación del medioambiente, el uso indiscriminado de agro-tóxicos, la contaminación del agua y la inseguridad alimentaria”.

El órgano internacional reitera su recomendación de 2007 de urgir al Estado a tomar medidas necesarias para “controlar el cultivo de la soja, a fin de que éste no traiga aparejado un detrimento en el disfrute de los derechos…”

Finalmente el Comité insta a Paraguay a adoptar un marco legal efectivo de protección al medioambiente, “particularmente contra el uso indiscriminado de agro-tóxicos, y prevea sanciones apropiadas para los responsables y una indemnización adecuada a las personas afectadas”

Sobre el derecho a la alimentación adecuada, señala que los índices de subnutrición de la población y la malnutrición infantil siguen siendo “significativamente altos”.

A continuación, el Comité recomienda al Estado paraguayo que redoble sus esfuerzos para revertir esta situación nacional, particularmente en zonas rurales y también “acelerar sus esfuerzos para adoptar el proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutricional”.

Este proyecto de ley fue redactado a partir de un consenso de múltiples organizaciones sociales y de la sociedad civil a partir de 2010 y fue presentado al Senado en 2013.

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