Con un acto no digamos solemne sino faraónico que prácticamente nadie consigna porque forman parte de los rituales del sexenio y del “estilo personal” de gobernar, fue promulgada la reforma constitucional que da origen al Sistema Nacional Anticorrupción.

Qué bueno que México ya cuenta con definiciones constitucionales en la materia, pero como bien apunta el líder de los panistas –incluidos aquellos legisladores que piden “moches” (comisiones) por gestionar recursos federales para municipios que gobiernan sus camaradas blanquiazules–, la legislación secundaria es clave para que el SNA “aterrice de manera adecuada”. Gustavo Madero reivindicó como mérito de su partido la creación de la nueva estructura con la que se pretende combatir la corrupción, mas no rescató que desde la oposición el Partido Acción Nacional fue un tenaz combatiente de la corrupción gubernamental, aunque simultáneamente sus distinguidos abogados defendían a grupos empresariales que la practicaban, y que a partir de la alternancia en Los Pinos, con la autodenominada pareja presidencial y sus vástagos, apadrinaron a nuevos ricos del país.

Lo que pretendo subrayar es que entre casi todos los auspiciadores de la reforma constitucional en cuestión, existe un gravísimo problema de coherencia entre lo que se busca combatir y la trayectoria pública.

Cuando contemplé las imágenes televisivas y las impresas del acto presidencial, con la participación de los titulares de los otros dos poderes de la Unión y lo más granado de la clase política que aplaudió hasta enrojecer las manos, me asaltó una duda que aún traigo en la cabeza:

¿Cuántos años de inhabilitación para ocupar cargos públicos o de plano cuántos milenios de cárcel nos contemplan? Supongo que muchos si el espíritu y la letra de lo promulgado se lleva a cabo. Y la trayectoria legislativa mexicana muestra que es en las leyes secundarias donde se achatan los filos de la Carta Magna.

Dicho de otra manera. El “problema estructural” que requiere de “una solución estructural del mismo tamaño” (Enrique Peña Nieto dixit), ¿cuenta con la voluntad política necesaria y suficiente para ser abordado desde sus raíces centenarias y “culturales”?

Finalmente los problemas se afrontan con voluntad política apoyada en andamiajes jurídicos que con frecuencia son suficientes los que existen pero no son aplicados, o sólo “la ley a secas” para los adversarios políticos y empresariales, mas no para los socios y aliados, como registra la historia del capitalismo de compadres, modalidad mexicana del capitalismo salvaje, y los multimillonarios sexenales, por supuesto que al amparo del poder público de hoy y de ayer.

En 2014, según el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de apenas 35 en una escala de cero a 100, la misma que hace 20 años, ubicándose en el lugar 103 entre 175 naciones, informó el titular del Ejecutivo federal.

Hace dos décadas gobernaba Ernesto Zedillo –el hoy directivo de Unión Pacific después de favorecerla desde la Presidencia– y el capítulo mexicano de TI extendió un certificado por el desempeño transparente de la Comisión Federal de Electricidad que encabezaba Alfredo Elías Ayub. Resulta que la gacetilla que informó del acto oficial fue facturada al doble de su verdadero costo.

Opto por dar el beneficio de la duda y ésta quedará despejada en la medida que la sociedad civil, no los dueños de México travestidos como hacen con fundaciones y asociaciones civiles, sea protagonista de esta “guerra” que tiene muchas batallas por librar, y una de ellas pasa por los jardines de niños y hogares.

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