Lo primero que hay que anotar es que la recesión es global, no es problema de algunos países, es problema de todos. En reunión de FMI de los días 15 al 19 de Abril de este año “se debatirá el bajo crecimiento mundial” (La República 14-4-15, pag 15). Todos sabemos que China y la India por estancamiento de sus economías van a exigir menor cantidad de materias primas, sobre todo de minerales, lo que hará bajar las inversiones en minería. Pero esta, que es la verdadera causa se oculta muchas veces, y nos quieren hacer creer que las causas son principalmente internas y provocadas por el Estado como: la burocracia en los trámites, la excesiva fiscalización por la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y por último la rigidez de las leyes de protección ambiental. Por tanto ante estas causas, que nos parecen que no son las verdaderas, se vienen dando hasta cuatro paquetes de leyes, hoy llamados “paquetazos” para facilitar los trámites, suavizar la protección ambiental quitándole importancia al EIA (Estudio de Impacto Ambiental), desactivar, por falta de presupuesto el organismo fiscalizador de las actividades mineras OEFA, no exigir el Ordenamiento Territorial y dejar al aire las propiedades comunales no reconocidas.

En los años anteriores, de grandes inversiones mineras, nunca salieron estás dificultades como causas graves. Sin embargo a nadie se le escapaba   que una de las mayores dificultades internas para la inversión minera es y era conseguir la licencia social, y si no acordémonos de Tambogrande y Majaz en Piura, Tabaconas y Huaquillas en San Ignacio, Cañaris en Lambayeque, Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa, actualmente con más de 30 días de huelga, PichanaKi, el lote 116 de Condorcanqui (Amazonas) por nombrar las que se vienen a la memoria. Esta es una de las principales causas por las que las poblaciones se oponen a la minería y que señalaba el estudio del Banco Mundial sobre Minería en el Perú: el miedo a la contaminación ambiental, y la desconfianza que las poblaciones tienen de que el Estado peruano haga cumplir las normas ambientales, porque desde un principio no se le ve como el Estado de todos los peruanos, sino como el defensor y promotor de la inversión minera a como dé lugar, sin tener en cuenta el parecer de las poblaciones. En artículo del Comercio de los últimos días de marzo, el ex ministro de economía Luis Carranza, del gobierno de Alan, refiriéndose al estancamiento económico actual dice que uno de los elementos clave es “La desconfianza de la población en la efectividad del Estado para defenderlos de potenciales daños medioambientales y garantizar la dotación de agua”.

En los informes de la Defensoría del Pueblo sobre Conflictos Sociales el 65% si no más, son por cuestiones ambientales provocada por la minería. Y si esto es así lo que habría que hacer y las leyes que habría que dar deberían ir en el sentido contrario al de los paquetazos: dando seguridades a las poblaciones sobre sus territorios, elevando los estándares ambientales, promoviendo más controles y mayores sanciones a los que causen daños y pasivos ambientales y por supuesto aplicando de una vez para siempre la ley de Consulta Previa e Informada, y exigiendo el Ordenamiento Territorial, y no quitando los controles y bajando los estándares ambientales que es lo que hacen los cuatro paquetes de leyes el 30230 y el 3941 que se han aprobado.

Por otro lado las poblaciones tendrían que sentir mejoras sustanciales en la calidad de vida: en educación, salud y participación ciudadana sobre lo que piensan de su propio desarrollo. En unas declaraciones de Javier Malpartida, de Apurimac decía: “ Desde los medios de comunicación nacionales y locales, así como desde el discurso del gobierno central, nos quieren vender a los apurimeños la imagen de que la minería nos dará el bienestar y la  felicidad, como si el desarrollo se expresara  en edificios, camionetas 4 X 4 o la apertura de grandes centros comerciales, al margen de la educación o de las condiciones de vida de las personas y comunidades” (Intercambio, Nº 30 Marzo 2015) y Por esto Claudia Cisneros dice “ estos paquetazos han empezado a incendiar la pradera del oriente. Comienzan a organizarse movilizaciones en una parte del país… Mientras los poderes fácticos… arremeten contra el pueblo peruano, las organizaciones indígenas nacionales preparan próximas movilizaciones, tomas y demandas internacionales” (La República 12-4-2015, pag. 8). En vez de facilitar las inversiones, estas leyes las van a dificultar desprotegiendo a las poblaciones que serán afectadas por los proyectos mineros. Los conflictos mineros y la ausencia de licencia social a nivel nacional han animado a la publicación de por lo menos tres grandes estudios: Minería y Conflicto Social (Varios autores IEP-CIPCA-CBC), ¿Minería sin Fronteras? Conflicto y Desarrollo en Regiones Mineras del Perú, (Javier Arellano Yanguas (IEP-PUCP), Minería y Territorio en el Perú/ Conflictos, Resistencias y Propuestas en tiempos de globalización (CONACAMI) Perú. Y sin embargo estos paquetazos dejan casi en el aire el gran problema de la minaría informal e ilegal, que está destruyendo la parte del país a donde se instala, no solo ambientalmente sino socialmente.

Jaén 25 de abril del 2015

Paco Muguiro Ibarra S.J.