Con información de la mismísima Procuraduría General de la República queda más que claro que la práctica de la tortura se incrementó a más del doble, si nos atenemos a la información que recabó el diario Excélsior.

El dramático cuadro es el siguiente. De 2006 a 2014, en los últimos nueve años, se levantaron 4 mil 55 quejas por el delito de tortura. De ellas, dos mil 403 se registraron sólo en 2014. Dicho de otra manera, casi 60 por ciento de las quejas por tortura de los últimos nueve años se interpusieron el año pasado, y únicamente de enero a octubre.

De acuerdo con los informes proporcionados al periódico de Bucareli y Reforma, durante 2013 se levantaron mil 165 denuncias. En 2012 quedaron registradas 287 denuncias. Apenas 109 en 2011. En 2010 sólo se presentaron 22. Una veintena en 2009. 15 casos en 2008. Y fue 2007 el año en que menos denuncias se presentaron, con 11. El primer año que considera el documento de la PGR, encabezada ahora por Arely Gómez González, el 2006 registra 29 denuncias.

Un crecimiento sostenido a partir de la estadunidense “guerra contra el narcotráfico”, llevada a cabo por Felipe Calderón y gracias a la cual no sólo se encaramó en el poder con el muy temprano reconocimiento de la Casa Blanca, sino que el país pagó la factura.

Donde el crecimiento de la tortura resulta exponencial es durante el sexenio que, dice el discurso y la propaganda oficiales, realiza el mayor trabajo de inteligencia (“sin disparar una sola bala”), prevención y coordinación institucional desde el 1 de diciembre de 2012. Gracias a Dios, imagine usted el todavía más catastrófico panorama si aquellas tres presumidas características del trabajo en seguridad pública no se impulsaran.

Vayamos por partes. El reporte de la PGR como es natural habla de las averiguaciones previas iniciadas, cuando en México nueve de cada 10 presuntos ilícitos no son denunciados. Hablamos de 97 por ciento de impunidad en el reino global de ella, pues como informa el rector de la Universidad de las Américas –el que tanto destruyó por incompetente la política exterior mexicana, enseguida de que lo hiciera Jorge Castañeda Gutman–, México ocupa el segundo sitio, seguido por Colombia, en la lista mundial de países.

Y dentro de esa minúscula parte de casos de mexicanos torturados por los cuerpos policiacos locales, la Policía Federal (Apatzingán), el Ejército y la Marina que se atreven a denunciarlo ante el Ministerio Público, se investigan todavía mil 884 casos. De ellos el 86 por ciento corresponde a los primeros 10 meses del año pasado. Existen 263 sentencias condenatorias y 51 absolutorias por el delito de tortura de 2008 a 2012. De los dos años anteriores la PGR no ofreció datos, seguramente porque los ignora. Y de los años 2013 y 2014, la PGR indicó que la información aún está “no disponible” para ser publicada.

Con la incompleta pero significativa información del Ministerio Público federal, salvo la muy delicada piel de los integrantes del Grupo Atlacomulco-Pachuca, menos se entiende la desproporcionada reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade incluido, en contra del relator Especial para Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, Juan E. Méndez, quien denunció: “Recibí presiones para minimizar mi informe sobre tortura”, enseguida lo descalificaron una y otra vez, ahora dirigentes de organizaciones civiles vinculadas a Los Pinos de hoy (Enrique Peña) y de ayer (Calderón), emprenden una campaña de descalificación porque, juran, que forma parte de una conspiración de George Soros contra México y su presidente.

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