Amnistía Internacional (AI) calificó como una de las peores crisis que vive México en materia de los derechos humanos, ya que “los servidores públicos lo siguen negando a pesar de los múltiples señalamientos de diversos organismos, incluyendo la ONU”.

 En este espacio hemos documentado atropellos por miembros del Ejército mexicano, de la policía federal, presidentes municipales y secretarios de Estado, todos en contra de la población civil; y ahora el Estado mexicano intenta amagar a la ONU.

 Basta recodar el doble atropello reiterado en contra de familiares afectados por el asesinado de tres personas y 43 más desaparecidos en el caso denominado “Ayotzinapa” por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

 Semanas atrás, antes de su cese que promovió el presidente de la República, Enrique Pela Nieto, el secretario del Estado expuso –sin el consentimiento de los familiares afectados--, la versión oficial por la que según la PGR fueron privados de la vida y cremados en la zona de un basurero en el municipio de Cocula, los, hasta ahora 43 desaparecidos.

 Sin embargo, de manera reiterada el gobierno federal hace responsable a jóvenes quienes presuntamente formaban parte de una célula delictiva dedicada al trasiego de droga hacia los Estados Unidos, quienes fueron apoyados por integrantes de las policía local, la mayoría presos.

 Pero la versión oficial descarta la participación de las propias fuerzas castrenses; Sociedad Punto Cero ha documentado que el encargado de la zona militar se encontraba esa misma noche en un convívio con el presidente municipal, hoy preso.

Parece difícil suponer que, a unos metros de la guarnición militar dónde se asesinaban a tres personas y se privada de la libertad a un grupo nutrido de estudiantes, las fuerzas castrenses hubieran descartado avisar a su jefe superior, quien convivía con la familia Abarca.

 Más aún, hasta el momento no se ha clarificado por qué la ampliación de la guarnición ubicada en Iguala fue beneficiada, años atrás, con parte de un inmueble, hoy plaza comercial, y con terrenos que donó su propietario, José Luis Abarca.

 Es decir, la relación de la familia encargada de gobernar a los ciudadanos en el municipio de Iguala, Guerrero, tenía una relación muy estrecha con la comunidad militar encomendada en esta zona del país, que dicho sea de paso, es zona de paso de cantidades importantes de drogas.

 Los familiares, las víctimas y la sociedad civil, sigue siendo atropellada a pesar de este suceso, que enlutó al planeta entero, provocó una llamada de atención enérgica de la ONU para que el Estado legisle en materia de desaparición forzada.

El Congreso de la Unión apoya a la figura presidencial y evita analizar, junto con la sociedad, una reforma de Ley para que todas las entidades incluyan en sus códigos legales las sanciones para aquellos funcionarios públicos que incurran en este delito. ¿Acaso será que es interesa poco el tema?

 Punto Cero

 A los atropellos en contra de los derechos humanos de los mexicano, se suma el de la libertad de expresión, la libertad de ser informado y el derecho al uso de los bienes de la nación que se consolidó.

 Carmen Aristegui sigue fuera del segmento radiofónico y se vislumbra que, por lo menos, continuará así hasta después del 7 de junio. ¿Casualidad?  

José Víctor Rodríguez Nájera

Periodista mexicano / @JoseVictor_Rdz