En respuesta a una solicitud de información del reportero especializado Jesús Aranda, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que del 17 de diciembre de 2014 al 16 de enero de 2015, se registraron mítines y plantones realizados por civiles en 28 instalaciones castrenses de 17 ciudades de siete estados y la capital del país.

En cinco de ellos “los quejosos” entregaron un documento en el que solicitaron ingresar a los cuarteles y sólo en la sede del 27 Batallón de Infantería en Iguala, hubo “hechos violentos” el 12 de enero pasado que ocasionaron “daños” por un valor de 12 mil 100 pesos no tan devaluados. En otros sitios que no especifica, los manifestantes realizaron “pintas” alusivas a sus demandas.

Estas reacciones civiles que llegaron para quedarse –más en un país que se pretende democrático–, por lo menos mientras permanezca el inconstitucional protagonismo de la Marina y el Ejército en tareas de seguridad pública, llevó al general Salvador Cienfuegos Zepeda a declarar que “son provocaciones y las tropas han actuado con prudencia y tolerancia, evitando la confrontación directa”.

Fue más allá el titular de la Sedena, en una de las tantas entrevistas a modo que está acostumbrado a dar, en este caso a Foro Jurídico, “esto no quiere decir que no se cuente con capacidad de respuesta para contenerlos”.

Es más que obvio que cualquier fuerza federal puede contener a los actores del movimiento por Los 43 de Atyozinapa, incluidos los grupos vandálicos que forman filas en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, pero a qué costo político, social y humanitario.

Tan sencillo que sería abrir los cuarteles con la intermediación, por ejemplo, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La sapiencia popular registra que el que nada debe, nada teme. Y cuánto ganaría el Ejército y la Marina, el comandante supremo, con un gesto que desarmaría a los demandantes. En 1963, en la tamaulipeca Matamoros el cuartel del Ejército lo usábamos estudiantes de secundaria para jugar vóleibol, mientras se daban su “toque” los soldados que no estaban de guardia.

En tanto la cerrazón castrense y gubernamental sigan y no se produzcan avances en la investigación ministerial, ahora en manos de la procuradora Arely Gómez, nadie debiera sorprenderse que los padres de familia y sus padrinos de la CETEG y de la Coordinadora Nacional busquen justicia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y diversos ámbitos comunitarios y académicos por medio de la Caravana 43 USA.

Sí sería de elemental coherencia que el discurso que emplean en México, como el “boicot” a las elecciones de 7 de junio y el “derrocamiento” de Enrique Peña Nieto, lo utilizaran allende el Bravo, donde Francisco de la Cruz, “vocero y representante” –con quien me disculpo porque sí es padre de familia de un estudiante de Ayotzinapa que por fortuna resultó ileso–, llama a que “rehúsen participar en las elecciones”. E ilusamente pide apoyo a Barack Obama. ¿En dónde quedó el “radicalismo”?

Con doble discurso no se dirige por camino cierto a ningún movimiento social, como lo puso en relieve la movilización del 18 de marzo que, según La Jornada, llevó a parar a “cientos de miles” contra las reformas estructurales (educativa, energética y laboral), y un millón 380 mil escolares no tuvieron clases, informó Telesur. Pero el acuerdo tomado el 1 de marzo por 119 delegados de la CNTE estableció: “Paro de 24 hrs. hacia la concreción de la Huelga Nacional y en defensa de la soberanía del país”.

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