Bolivia

La violencia en contra de las mujeres no es natural

Jenny Ybarnegaray Ortiz

14/02/2013

Opinión

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Hoy quisiera escribir acerca de algo diferente, de algo que no tenga que ver con la violencia hacia las mujeres, pero no me lo permiten. Los acontecimientos horrorosos de ésta y las anteriores semanas están clavados en mi mente como agujas que no me dejan pensar en otra cosa. No terminamos de salir de la indignación ni de la bronca producida por el asesinato de una mujer, y aparece otra, y otra, y otra más, ¡Cómo duele este largo duelo sin pausa!

En un mismo día, dos mujeres fueron horriblemente agredidas por sus parejas. En la madrugada del martes 12 de febrero, en La Paz, el oficial de policía Jorge Raúl Clavijo Ovando asesinó a su esposa, la periodista de la red televisiva PAT, Hanaly Huaycho Hannover, delante de su hijo de 5 años de edad, e hirió a la madre de ésta. La víctima denunció en reiteradas oportunidades a su agresor sin lograr llamar la atención de las autoridades, quienes hicieron caso omiso de su demanda de socorro. El asesino está prófugo de la ley. El mismo día, en Santa Cruz de la Sierra, Andrés Yuri Kuljis Parada se agazapó dentro del domicilio de su expareja, la empresaria Lenny Flores, para terminar apuñalándola reiteradas veces, robándole el dinero que tenía reservado para pagar a sus empleados y salir huyendo de allí. Lenny se encuentra hospitalizada, con grave pronóstico médico, las heridas causadas por el agresor comprometen seriamente su posibilidad de sobrevivir. El criminal también se encuentra prófugo, amparado por quién sabe qué gente desalmada.

Ahora bien, estos casos no son “novedosos” ni extraordinarios, no hay semana que pase sin que tengamos conocimiento de algún hecho de violencia contra las mujeres. Según información difundida por la red PAT el día de ayer, en el año 2012, al menos 112 mujeres han muerto en manos de sus parejas, y no continúo ofreciendo cifras porque, simplemente, parece no conmover ni mover a la acción urgente de las autoridades llamadas por ley.

Ayer, la ciudad conmovida y consternada, marchó hacia la plaza Murillo demandando justicia y acción inmediata de las autoridades. A cambio, recibió chorros de gas lacrimógeno, como si las lágrimas contenidas requiriesen de agentes químicos para brotar de los ojos. Y quienes se pusieron a la cabeza de la marcha y del sepelio fueron, ni más ni menos que esas autoridades, esas ministras, diputadas y senadoras a quienes estamos reclamando desde hace tanto tiempo que pongan atención en un tema que poco les preocupa y frente al cual actúan menos.

Mujeres todas que hasta hace poco estuvieron del otro lado del poder, algunas de ellas abanderando nuestras comunes causas y que cuando llegaron a puestos de decisión las olvidaron o las postergaron. Mujeres todas que no escatiman tiempo ni oportunidad para sobarle el lomo al jefazo, para festejarles sus burdas e inaceptables “bromas” hacia las mujeres en general e incluso hacia ellas mismas. Mujeres que frente a inauditos hechos de violación de derechos humanos de otras mujeres, tratándose de perpetradores pertenecientes al propio partido de gobierno, se hacen de la “vista gorda” cuando no salen a declarar minimizando hechos y culpas. ¿Cuál de ellas estuvo presente en el sepelio de alguna de las otras 112 víctimas de feminicidio del año pasado? Lo más probable es que ninguna y me atrevo a conjeturar que tampoco hubiesen estado presentes ayer si no se hubiese tratado de una muerte tan trágica y tan mediática, debido al hecho que en esta oportunidad la víctima es una periodista por quienes muchos y muchas reclaman. ¡Todo esto es absolutamente indignante!

Desde hace mucho tiempo que las mujeres venimos demandando una Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres sin lograr que el poder legislativo tome esta iniciativa en sus manos. Hace por lo menos cuatro años, desde que se aprobó la nueva Constitución Política del Estado, una constitución que en su artículo 15º reconoce el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, el proyecto de ley estuvo durmiendo en los escritorios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pasando de comisión en comisión, de especialista en especialista, yendo y viniendo del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades a la ALP una y otra vez.

El año pasado, con el nombramiento de dos mujeres a la cabeza de las cámaras de diputados y senadores, teníamos la esperanza de que tomaran este proyecto de ley como prioridad. Pero, la ALP no mueve una uña sin orden presidencial. Por fin, a fines del pasado mes de enero, Evo Morales tuvo que dar la orden para salir del atolladero en que se vio envuelto su partido tras la violación cometida en diciembre de 2012 por uno de sus correligionarios, el asambleísta departamental de Chuquisaca Domingo Alcibia, contra una trabajadora del servicio de limpieza, hecho que estuvo muy bien escondido por las autoridades de la gobernación y del que ni siquiera hubiésemos tenido noticia sin mediar la filtración de una filmación del crimen, obtenida a través de las cámaras de seguridad.

Sólo así, bajo orden presidencial, las presidentas de las cámaras –la ratificada presidenta de senadores, Gabriela Montaño y la recién nombrada presidenta de diputados, Betty Tejada– tomaron la decisión de tratar el proyecto de ley mencionado. Una muestra más de la lamentable dependencia del primer órgano del Estado respecto del segundo, dependencia que llega al extremo de haberse invertido el orden de prerrogativas de los órganos del poder público, a punto de que el órgano ejecutivo es el que le marca la agenda, no importa de qué tema se trate ni de qué urgencias existan.

¡Enhorabuena! Seguramente la aprobarán para el 8 de marzo, día internacional de las mujeres, con bombos y platillos, como la gran cosa ¡que hicieron ellas y ellos! Anoche, escuché la explicación que hizo la senadora Montaño de los alcances de la ley, como también escuché sus amplias y profundas reflexiones acerca de las causas y consecuencias que conlleva la tan extendida violencia hacia las mujeres en nuestro país, lo que no me dejó duda acerca del hecho que ella comprende y conoce muy bien de lo que habla. Entonces me pregunto con asombro ¿y sabiendo todo eso, como fue que en tanto tiempo no pudo hacer algo efectivo para poner este proyecto de ley en la agenda del órgano legislativo con carácter de urgente prioridad?

Esta gente no termina de sorprendernos con sus ocurrencias. Ayer no más, el vicepresidente cometió tremendo exabrupto diciendo que al asesino de Hanaly habría que “tratarlo como a sidoso”, como si un enfermo de SIDA mereciese ser tratado como un criminal, y por la tarde la presidenta de la cámara de diputados, muy consternada, declaró que promoverá bautizar la nueva ley con el nombre de la periodista asesinada, como si las otras cientos y miles de muertas no mereciesen igual homenaje. ¡Es demasiada impostura!

Las preguntas que vienen enseguida son ¿después de la promulgación de la ley qué? ¿Para cuándo estará lista la reglamentación que la haga efectiva? Y, una vez que la ley esté reglamentada, ¿destinarán presupuestos suficientes para ejercer justicia?, ¿quién se ocupará de enseñar e instruir a operadores de justicia el contenido intrínseco de la norma?, ¿quién se ocupará y cómo se logrará un verdadero “lavado de cerebros” de funcionarias y funcionarios públicos encargados de hacer justicia, de modo que algo más importante que la propia norma cambie en el ejercicio de la justicia? ¿Y qué hay de la institucionalidad pública encargada de tomar a cargo la responsabilidad sobre políticas públicas orientadas a la eliminación de la violencia en contra de las mujeres?

Hasta la fecha y desde que se inició este “proceso de cambio”, ya hemos recibido reiterados reveses en respuesta a estas preguntas: la reglamentación de las normas demora más tiempo del que toma la construcción de las mismas, nunca se contemplan presupuestos suficientes para encarar las responsabilidades que la norma implican, y de la institucionalidad pública que tanto reclamamos, la respuesta sigue siendo “¡¡para qué!! si vivimos en perfecta complementariedad andina (chacha-warmi)” y cualquier reivindicación de derechos de las mujeres es considerada un “invento del neoliberalismo” que nada tiene que ver con nuestras sacrosantas culturas ancestrales.

Así vivimos en esta Bolivia del "proceso de cambio" donde nada ha cambiado en lo sustancial, particularmente para nosotras las mujeres, salvo en la parafernalia simbólica y mediática que hace pensar que en Bolivia está sucediendo algo extraordinario porque un hombre de origen indígena arribó a la más alta magistratura del poder. No señoras, no señores, aquí no está sucediendo nada extraordinario, los problemas que teníamos las mujeres no han variado en absoluto, inclusive se puede decir que han empeorado o quizás se han hecho más visibles. Sería absurdo afirmar que el feminicidio y la violencia en contra de las mujeres se ha iniciado en este periodo, no creo que exista una sola voz inteligente capaz de semejante disparate; pero, lo que no me voy a cansar de reclamar es que en periodos previos de gobierno no existía una CPE tan protectora de nuestros derechos humanos, ni hubieron las promesas de cambio por los que tantas mujeres (y hombres) apostamos con tanto entusiasmo. Por lo tanto, no me vengan con el desafío de “propón algo, no basta con reclamar”, porque muchas propuestas he hecho a lo largo de estos años, pero esta gente no escucha proposición alguna que no provenga de su propia entraña y hace caso omiso de los reclamos que se les hace porque, a quienes reclamamos lo que en justicia corresponde, simplemente nos colocan el mote de “enemigas/os del proceso de cambio” y hacen oído sordo a cuanto les decimos.

Por lo tanto, hoy prefiero mirar al otro lado, mirar de frente a los ojos de cada mujer y de cada hombre que conforman esta sociedad donde se engendra tan horrenda naturalización de la violencia, para decirles de frente y sin tapujos: no señoras, no señores, LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES NO ES NATURAL, ningún hombre del mundo ha nacido con la misión “natural” de convertirse en verdugo de la mujer que está a su lado y ninguna mujer ha nacido predestinada a ser víctima de violencia. Todas y cada una de las personas que vivimos en esta sociedad tenemos la obligación de imponer desde nuestros hogares el principio de que ¡¡en esta casa no se permite la violencia, en esta casa no hay jefes, en esta casa nadie tiene el derecho de maltratar a nadie!! Quizás así, algo de lo que tanto lamentamos estos días, pueda empezar a cambiar de verdad.

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