Uruguay rechaza la “guerra contra las drogas”

Raúl Zibechi

04/10/2012

Opinión

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El gobierno del presidente José Mujica consiguió su principal objetivo cuando propuso la legalización de la marihuana: promover un amplio debate nacional sobre las drogas, las políticas prohibicionistas y represivas ensayadas hasta ahora.

La participación estatal “arruinaría el mercado” para los traficantes de marihuana “porque la venderemos más barata a un precio que no se puede conseguir en el mercado negro”, dijo Mujica a CNN[1]. El presidente le dijo al periodista Andrés Oppenheimer que “una empresa privada” será la encargada de vender la marihuana, bajo estricto control estatal.

“¿Y si esta ley se aprueba, no convertirá a Uruguay en una meca turística para fumadores de marihuana?”, preguntó Oppenheimer. Mujica respondió que su plan es “un mecanismo para uruguayos” que estarán registrados y tendrán una ración mensual, y que los extranjeros no podrán comprar marihuana.

“Lo que no podemos hacer es seguir haciéndonos los tontos, disimular y mirar para el otro lado”, mientras sigue aumentando el consumo y la violencia relacionada con el narcotráfico, concluyó Mujica.

El 8 de agosto el gobierno uruguayo envió un proyecto de ley al parlamento que tiene un solo artículo: “El Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, y distribución de marihuana o sus derivados, en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación”.

La exposición de motivos del proyecto critica las políticas prohibicionistas porque han agravado los problemas y establece que los objetivos de la legalización consisten en que “los usuarios no sean estigmatizados ni tratados a partir de la aplicación de la ley penal, sino que se pueda trabajar con ellos y con la sociedad toda”.

En base a diversos estudios de campo el gobierno sostiene que el consumo de marihuana tiene alta legitimidad social. Además afirma que “esta sustancia, cuya capacidad para generar dependencia física y psicológica es de leve a moderada, se diferencia claramente en sus riesgos de otro conjunto de drogas cuyo potencial toxicológico y adictivo es mucho mayor”. Entre éstas destaca la pasta base de cocaína, al alcohol, al tabaco y los psicofármacos.

El proyecto constata que los consumidores de marihuana, pese a tener un vínculo no problemático con la misma, “se exponen frecuentemente a los riesgos psicológicos, sociales y legales producto de la necesidad de tener que acceder ilegalmente a esta droga”. Este es el principal punto que se busca abordar.

La propuesta del oficialismo tuvo la virtud de abrir un amplio debate social sobre las drogas, en el que los matices son la regla dominante, ya que el objetivo final es regular y controlar, para evitar que la marihuana siga siendo un paso en el camino hacia la pasta base, que sigue siendo el consumo considerado como más peligroso por el gobierno.

Guerra contra las drogas y represión

Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, un organismo adjunto a la Presidencia, pertenece a una generación diferente a la del presidente. Sociólogo, ex integrante de las juventudes del MLN-Tupamaros, se destacó en movimientos sociales portadores de modos no tradicionales de encarar los problemas sociales.

En su análisis, que sustenta la nueva política hacia las drogas del gobierno, se remonta dos siglos atrás a las dos Guerras del Opio contra China[2] que en su opinión fueron guerras de piratería, pasando por 1912 año en que se realiza la Conferencia de La Haya donde se firma la Convención Internacional del Opio que establece una cantidad de prohibiciones.

“Si se analiza lo sucedido en los últimos 40 años, luego de la guerra de Vietnam, se empieza a mencionar la guerra contra las drogas y hay quien sostiene que la caída del muro de Berlín impulsó esta guerra como forma de encontrar un nuevo enemigo ante la desaparición del comunismo como adversario creíble”, sostiene Calzada en entrevista con el Programa de las Américas[3].

“En 1998 las Naciones Unidas establecieron la disminución sustantiva de la producción, comercialización y uso de tres sustancias y una serie de políticas muy restrictivas. Diez años después, en 2008, hacen una evaluación y encuentran que la producción y el consumo de opio aumentó 120% y el cannabis y la cocaína también registran aumentos importantes”.

En consecuencia, señala, “cuando se observa que los resultados son opuestos a lo que se pretendía, debemos cambiar. Para nosotros la clave no es la prohibición sino la regulación”.

En opinión del principal asesor del gobierno en materia de drogas, la prohibición genera dos tipos de desregulaciones extremadamente perjudiciales: deja intactos los mercados ocultos de drogas y potencia el circuito financiero dedicado al lavado de dinero ilegal.

Una apuesta fuerte

Aunque Uruguay no será el primer país del mundo en legalizar el consumo de marihuana, el Estado uruguayo será el primero en producirla legalmente. Sin duda una apuesta fuerte que mueve el tablero y fuerza al sistema político a entrarle a un debate que hace tiempo nació y creció en la sociedad.

En las últimas décadas ha habido cambios legales importantes en muchos países. Holanda es de algún modo el punto de referencia obligado, ya que desde 1978 tomó el camino de la separación del mercado de marihuana del de heroína. “El resultado fue tan bueno que Holanda tuvo una incidencia mucho menor de la crisis de sida en los años 80”, explica Calzada.

La propuesta consiste en separar los mercados de marihuana y de otras drogas al constatar que el consumidor de marihuana acude al vendedor ilegal y en no pocas ocasiones termina comprando heroína si no hay marihuana. El principal referente es Portugal, donde fue despenalizado el consumo sin que se registraran efectos negativos.

“En Uruguay el consumo nunca estuvo penalizado de modo que no vamos a poder hacer esa comparación, cosa que podrán hacer los argentinos cuando despenalicen el consumo de marihuana”, sigue Calzada. Un caso diferente es el de Australia que mantiene formas de regulación a través del autocultivo desde la década de 1980, algo que el gobierno de Mujica descarta.

La diplomacia uruguaya está llevando su posición sobre las drogas a diversos foros mundiales. El embajador uruguayo ante la OEA, Milton Romani, quien estuvo al frente de la Junta Nacional de Drogas durante el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), destaca que se apoya en tres ejes: “La adecuada integración del sistema de derechos humanos a la política de fiscalización de drogas; la participación de la sociedad civil en el diseño de las políticas internacionales, tanto en Naciones Unidas como en la OEA; y la apertura de un debate democrático amplio para rever la política de fiscalización a nivel internacional y regional que trascienda la regulación de los mercados a través de la ley penal”[4].

Riesgos geopolíticos

En la Cumbre de Cartagena se registró una inédita convergencia de críticas a la guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos por parte de países que tienen gobiernos muy distintos como Colombia y Guatemala, por un lado, y Bolivia y Uruguay por otro. “La cumbre de Cartagena le dio un mandato a la OEA para hacer un profundo estudio de revisión de las políticas actuales sobre drogas en colaboración con el BID [Banco Interamericano de Desarrollo] y la Organización Panamericana de la Salud”, explica Romani.

En su opinión, “una política de drogas que basa la regulación en la ley penal, ha demostrado que es insuficiente y ha generado daño” y recordó que el presidente Juan Manuel Santos dijo en esa oportunidad que “el problemas de las drogas es como un colchón de agua, pisas en un lado y se levanta en el otro”.

La propuesta elevada por el gobierno de convertir al Estado en productor y distribuidor de marihuana, no sólo ha sido criticada por la oposición sino que tiene aún un largo trayecto para ser reglamentada, con el objetivo expresado por Calzada de “garantizar que no se produzcan desvíos al mercado negro nacional o regional”. Una realidad geopolítica que impide que un solo país tome una medida de ese tipo sin que corra el riesgo de afectar a toda la región que, se espera, se encaminará en el mismo sentido en los próximos años

“El término legalización da lugar a interpretaciones diversas, como que podrá comprar marihuana en el almacén, cosa que no es cierta”, argumenta Calzada. La regulación abarcará todo el circuito desde el financiamiento, la producción y la distribución hasta la venta, aunque ésta no quedaría en manos del Estado.

Según la última Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas, difundida en mayo pasado, hay unos 75.000 consumidores habituales de marihuana, o sea personas que consumen entre 30 y 60 cigarrillos al mes (unos 30 gramos). Si se consideran los usuarios “experienciales”, la cifra trepa hasta los 130 mil[5].

Uno de los aspectos más polémicos es que se establecerá un registro de usuarios, lo que significa que los compradores deberán mostrar su cédula de identidad para acceder al producto. De este modo, cuando los usuarios vayan a comprar no correrán el riesgo de que les ofrezcan otra droga como sucede actualmente. La separación de ambos mercados es fruto de una larga experiencia avalada por estudios de campo.

“Todos los consumidores de pasta base han sido antes consumidores de marihuana”, asegura Calzada. El camino que lleva a la pasta comienza por el alcohol, al que se accede desde los 12 o 13 años, sigue por el cigarrillo, cuya edad de iniciación se sitúa en torno a los 15, y sigue por la marihuana que se empieza a consumir masivamente a los 17 años.

Apenas una pequeña cantidad sigue el recorrido hasta la pasta base o la cocaína. “Cuando se interdicta un gran cargamento de marihuana el precio sube y ahí algunos se pasan a la pasta base”, dice Calzada para explicar cómo funcionaría el “cortafuegos” de la legalización.

Atención a los usuarios

La nueva política oficial sobre drogas, lanzada a mediados de junio, establece cinco mecanismos de atención a los usuarios de drogas, que son la principal preocupación del gobierno. Los Equipos Hospitalarios de Respuesta Inmediata en Crisis Adictivas permitirán la internación del adicto de tres a siete días hasta que desaparezca el cuadro. Se instalarán cuatro equipos, dos de ellos en la capital.

En paralelo se crearán diversos “dispositivos de proximidad” como centros de escucha y derivación y consultorios móviles en base a la experiencia que se viene acumulando desde 2007 por varias ONGs centradas en el trabajo de calle y comunitario. En Montevideo funcionan en los barrios con elevada desestructuración social y acompañan el proceso de desintoxicación.

A través de estos mecanismos se piensa llegar al 30 por ciento de los usuarios de pasta base, que serán atendidos en centros diurnos, en cárceles donde están privados de libertad y en diversos centros de internación.

Calzada sostiene que el consumo de pasta base se ha estabilizado y sufre una leve tendencia decreciente, mientras crece fuertemente el consumo de alcohol y levemente los consumos experienciales de marihuana y cocaína. El consumo más preocupante es el alcohol, al que sin embargo la sociedad otorga escasa importancia, pero sin embargo es la puerta de entrada a otros consumos problemáticos.

“Estamos ante cambios culturales muy importantes que se relacionan con el uso del tiempo libre, los horarios de apertura de los bares y el control familiar, que llevan a que las personas de 15 a 17 años sean las más expuestas y las más vulnerables cuando consumen sustancias psicoactivas. No podemos permanecer indiferentes cuando registramos que uno de cada tres jóvenes tiene episodios de intoxicación etílica aguda en los últimos 15 días”, finaliza Calzada.

La sociedad uruguaya ha tomado con calma la propuesta de legalización de la marihuana, que sería cultivada en un predio de 150 hectáreas bajo control de las fuerzas armadas. Sin embargo no será sencillo que deje de lado la apuesta a la “mano dura” contra los jóvenes.

Recursos

Brecha (semanario), “La Lupa”, 10 de agosto de 2012.

El Observador (diario), “Empresa privada venderá marihuana”, 19 de agosto de 2012.

Entrevista a Julio Calzada, presidente de la Junta Nacional de Drogas, agosto 2012.

Entrevista a Milton Romani, ex presidente de la Junta Nacional de Drogas, julio 2012.

Foto: Pangeanews

[1] El Observador, 19 de agosto de 2012

[2] Guerras del Opio (1839–1842 y 1856–1860) por la cuales Inglaterra impuso el contrabando británico de opio de la India Británica hacia la China ya que este paìs rechazaba el comercio de opio.

[3] Entrevista a Julio Calzada.

[4] Entrevista a Milton Romani.

[5] Brecha, 22 de junio de 2012. “Experienciales” son consumidores no habituales.

- Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales.

Fuente: Programa de las Américas del Centro de Relaciones Internacionales (IRC) http://www.cipamericas.org/es

https://www.alainet.org/fr/node/161567