El gobierno de Estados Unidos afirmaba haber hecho justicia al asesinar al terrorista más buscado del planeta, Osama bin Laden. Se perdía así una oportunidad de capturarlo y llevarlo ante el Tribunal Penal Internacional. Pero el gobierno de Estados Unidos, que arrastró a media Europa en su aventura bélica después del 11 de septiembre, desprecia las instancias jurídicas internacionales superiores.

También la televisión mostraba a una Hillary Clinton exultante después de enterarse de que una turba había asesinado a Gadafi, alcanzado antes por los bombardeos de la  misma OTAN a la que se investiga por la muerte de centenares de civiles en Libia. Y  que mató de un golpe a casi treinta soldados pakistaníes. Para ellos eran simples “daños colaterales” de la guerra contra el terrorismo en Afganistán. La OTAN necesitaba esa guerra que desataron los aliados para mantenerse con vida, pues ya no existía la amenaza comunista que justificaba su existencia y sus gastos militares.

Las bombas en las calles de Irak no han esperado el cambio de año para estallar, aprovechando la retirada casi total de las tropas estadounidenses. Obama afirmaba que se marchaban con la cabeza en alto, pero los mutilados de esa guerra y los soldados que vuelven con estrés post-traumático y con riesgo de exclusión social no podrán ver lo “honorable” de esa contienda. Quizá se pregunten por las armas de destrucción masiva que nunca encontraron porque no existían. Irak ha dejado un legado de torturas, asesinatos indiscriminados, de impunidad y de fraude de impuestos de los estadounidenses por la contratación de empresas militares paraestatales que no rinden cuentas a nadie y por una reconstrucción en la que “desaparecieron” millones de dólares sin justificar.

Se “descubrió” que Afganistán, donde imperan también el caos y la violencia, tiene las reservas de litio más grandes del mundo. Este metal se ha convertido en indispensable para la fabricación de baterías de teléfonos celulares y de computadoras, y para otros dispositivos de alta tecnología.

Algunos de los países más poderosos del mundo mantienen la pena de muerte mientras exigen el respeto de derechos humanos en otros lugares del mundo; miles de periodistas que sufren amenazas y decenas que han muerto por falta de protección…

Termina también un año de recortes de derechos que dictan los “mercados” y que costaron sufrimiento y luchas para conquistarlos. Algunos gobiernos han manipulado el concepto de “Estado de bienestar” para presentar derechos de todos, por el hecho de ser personas, como un privilegio y un lujo. Cuando hablan de “sacrificios necesarios” para salir de la crisis, se refieren al derecho a una educación y asistencia sanitaria universales que no son “gratuitos”, sino que los sostienen los impuestos de los ciudadanos; se refieren al acceso a una vivienda digna, a un puesto de trabajo en condiciones de dignidad, a servicios sociales, a la alimentación y al agua.

Los gobiernos han optado por los recortes en lugar de atajar la evasión fiscal por más de 3 billones de dólares anuales (el 5% del PIB mundial) que calcula el Banco Mundial. La huída de gran parte de este capital a paraísos fiscales empobrece a los Estados a la hora de hacer efectivos esos derechos por medio de servicios públicos.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU destacaba hace unas semanas la valentía de quienes desencadenaron la llamada “primavera árabe” y los movimientos ciudadanos en Europa y en Estados Unidos. Aunque se hayan producido retrocesos en materia de derechos humanos en 2011, las millones de personas indignadas han dado un paso sin precedentes, conscientes de injusticias cometidas en nombre de los “mercados”, del orden y de la seguridad. Al perder el temor a los gobernantes se puede desarrollar un ambiente necesario de libertad para promover los derechos humanos, la solidaridad y un sistema basado en la justicia social. Son ahora los gobiernos los que temen incumplir con sus compromisos como depositarios de la soberanía del pueblo.

La salida a la crisis económica que plantean los poderes financieros y que ejecutan los gobiernos resulta incompatible con los derechos humanos. Por eso, la ciudadanía global interconectada empieza a hablar de crisis de derechos humanos y a compartir experiencias en busca de nuevas oportunidades de cambio.

- Carlos Miguélez Monroy es Periodista, coordinador del CCS

Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)  Web: http://ccs.org.es/