Acaba de formarse en Grecia un gobierno de unión nacional con Loucas Papadimos como primer ministro, ex vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). La prioridad de este gobierno es defender el plan de ’rescate’ europeo elaborado el 27 de octubre en Bruselas. Esta sumisión de las autoridades griegas a sus acreedores, más que constituir una denegación democrática suplementaria para un pueblo que sigue movilizándose contra los planes de austeridad, supone el riesgo de conducir al país a un suicidio colectivo.

Tal y como lo subraya la Comisión (ciudadana) griega de auditoría sobre la deuda pública, el acuerdo del 27 de octubre no resuelve el problema de la deuda, sino que, al contrario, da lugar a nuevas cargas. La reestructuración de la deuda prevista en el plan de ’rescate’ supondrá, de nuevo, la reducción de las pensiones, las prestaciones sociales y los salarios, así como los despidos masivos de trabajadores del sector público, empobreciendo aún más al pueblo griego. El objetivo oficial sería reducir la deuda pública al 120% del PIB en el horizonte del 2020, lo que no le quitará su carácter de "insostenible". En efecto, si ese nivel fuera "sostenible", ¡¿Por qué Italia, que registra la misma ratio, es conminada por la Troïka (BCE, CE y FMI) a reducir su deuda?!

Para la Comisión griega de la auditoría sobre la deuda pública, no se puede esperar nada de los acreedores. La suspensión unilateral del pago de la deuda pública, combinada con una auditoría, son de una necesidad vital. Esta auditoría, que debe ser democrática (bajo control de la población), permitirá arrojar luz sobre la parte de la deuda ilegal, ilegítima y no conforme a la Constitución. Recordemos, en efecto, que las deudas contraídas desde 2010 con la Troïka son resultado de acuerdos odiosos que violan de manera manifiesta la Constitución, ¡especialmente suprimiendo el salario mínimo legal!

Hoy, la población griega está en situación de angustia. En octubre de 2011, la tasa de demandantes de empleo ha alcanzado el 22%, llegando al 40% entre los jóvenes. Los contratos a tiempo completo se han convertido en contratos a tiempo parcial o sometidos a paro parcial, con importantes reducciones de salario. En un periodo de uno a cuatro meses, un tercio de los asalariados del sector privado no ha sido pagado; decenas de miles de empresas han echado el cierre (14.000 en el primer trimestre de 2011), mientras que otras están actualmente en proceso de liquidación judicial.

A esta crisis económica y social hay que añadir una crisis sanitaria. Según Médicos Sin Fronteras, el 30% de los griegos van a curarse a ’clínicas de la calle’ (frente al 5% anterior). Ciertas empresas farmacéuticas rechazan incluso entregar pedidos a ciertos hospitales, por miedo a no cobrar. Los pensionistas, los parados, los sin techo, los enfermos de sida y tuberculosis son privados de la cobertura médica. A todo esto hay que añadir el 22% de la población activa no declarada, que no dispone de cobertura social. Los recortes en partidas presupuestarias ligadas a la salud como la asistencia social o el tratamiento de ciertas enfermedades pueden alcanzar el 80%.

En estas condiciones, negarse a reembolsar la deuda pública para dar prioridad a los derechos del pueblo griego, no es ya una elección, sino una necesidad. La diputada griega Sofía Sakorafa lo explicó claramente el 3 de noviembre en el Parlamento: "Más que nunca es necesario construir un movimiento social que tenga como eje principal la supervivencia económica y social de nuestro pueblo y como instrumento el cese de los reembolsos de esta gran parte de la deuda que es ilegítima".

¿Pero es que un gobierno puede legalmente decidir no reembolsar su deuda porque su población está en peligro? Sí, porque el argumento jurídico del estado de necesidad lo justifica plenamente. El estado de necesidad corresponde a una situación de peligro para la existencia del Estado, para su supervivencia política o económica. La suupervivencia económica se refiere directamente a los recursos de los que un Estado puede disponer para continuar satisfaciendo las necesidades de la población, en materia de salud, educación, etc. El reembolso de la deuda, la aplicación de las medidas de austeridad y la pérdida de soberanía provocada por los acuerdos con la Troïka ponen a Grecia en peligro. Y su primera obligación en tanto que Estado es respetar los derechos humanos de su población.

En derecho internacional, uno de los elementos fundamentales del Estado es su población. El Estado tiene obligaciones para con sus ciudadanos y para con los extranjeros que se encuentran bajo su jurisdicción. Esta obligación prevalece sobre todos los demás compromisos del Estado, como los de sus acreedores. Esto es lo que destaca la Comisión del derecho internacional de la ONU a propósito del estado de necesidad:

"No podemos esperar de un Estado que cierre sus escuelas, sus universidades y sus tribunales, que abandone los servicios públicos y deje a su comunidad merced al caos simplemente para así disponer del dinero para reembolsar a sus acreedores extranjeros o nacionales. Hay límites a lo que podemos razonablemente esperar de un Estado, de la misma manera que para un individuo".

Es vital para Grecia utilizar el argumento del Estado de necesidad para liberarse de la influencia de sus acreedores. El país tiene los medios para arreglárselas sin la pretendida "ayuda" acordada por sus acreedores a cambio de su docilidad. Por un lado, los 8.000 millones de euros del sexto tramo del préstamo de 2010 no se quedarán en el país, sino que servirán directamente para reembolsar a los acreedores de Grecia. Por el otro, no pesan demasiado en relación a los haberes griegos colocados en el extranjero, que representan cientos de miles de millones de euros. Además de la repatriación de sus capitales, se podrían tomar otras medidas como la renacionalización (bajo el control de los trabajadores) de los sectores estratégicos de la economía, actualmente en manos de transnacionales.

Traducción al castellano: Fátima Fatale

Renaud Vivien es jurista, especializado en derecho internacional público. Es autor de numerosos artículos sobre la deuda del tercer mundo, de un cuaderno del CRISP.

Yorgos Mitralias es periodista y miembro fundador de la Campaña griega por la Auditoría de la deuda y del Comité contra la Deuda-CADTM griego. Ha editado el libro ’Abramos los libros de la Deuda-Qué es y cómo se hace la auditoría de la deuda’ (Atenas, ediciones Alexandria).

http://www.cadtm.org/Suspender-inmediatamente-el-pago