El acuerdo alcanzado en la madrugada del 27 de octubre de 2011 no aporta ninguna solución a la zona euro respecto a la cuestión de la crisis bancaria, de la deuda pública soberana o del euro. Las decisiones a las que se ha llegado postergan los problemas sin resolverlos satisfactoriamente. El CADTM considera que este acuerdo es inaceptable.

 

Los jefes de Estado y de gobierno, los dirigentes de la Comisión Europea, la patronal de los bancos privados y la directora del FMI se reunieron en Bruselas con el objetivo de encontrar una solución a la amenaza de las quiebras en cadena, que pesa sobre los grandes bancos privados europeos, principalmente franceses, españoles, griegos, italianos, alemanes, portugueses, belgas… Todos ellos multiplicaron, antes y después del período 2007-2008, los comportamientos de riesgo, con el fin de obtener máximos beneficios a corto plazo para satisfacer el apetito de sus grandes accionistas, y distribuir bonus exorbitantes a sus ejecutivos y traders. Los préstamos a las familias y a las empresas sólo representan una parte totalmente marginal de su volumen de negocio, del 2 al 5 %. El apoyo masivo que recibieron de parte de los Estados, del BCE y de la Reserva Federal desde los años 2007-2008, no sirvió a la economía productiva ya que fue desviado hacia actividades altamente especulativas, especialmente con títulos de deudas públicas soberanas. Los bancos privados se financian a corto plazo al mismo tiempo que invierten a medio o largo plazo: obligaciones del Estado o de empresas, mercados a plazo de materias primas y productos básicos, productos agrícolas, swaps sobre divisas y numerosos productos derivados que escapan a cualquier control de los poderes públicos. La quiebra del banco franco-belga Dexia, a comienzos del mes de octubre de 2011, ha sido el resultado de esta política. El efecto dominó que puede producirse en Europa y del otro lado del Atlántico pesó enormemente en la reunión celebrada en la noche del 26 al 27 de octubre.

 

La decisión de aplicar una quita de un poco más del 50 % a los títulos griegos en manos de los bancos —la cumbre europea del 21 de julio de 2011 sólo había previsto una reducción del 21 %— se volvió inevitable, desde agosto de 2011, puesto que el precio de los títulos se hundía en el mercado de ocasión de deudas. Efectivamente, los títulos griegos sufren una rebaja del 65 al 80 % en el mercado secundario. Mientras que los jefes de Estado anuncian que han impuesto un sacrificio importante a los bancos, una vez más los banqueros salen muy bien parados. Y esta es la causa por la que, provisoriamente, se asiste a una reacción alcista tanto de los mercados financieros como del valor de las acciones de los bancos en la bolsa.

 

La decisión del 27 de octubre no constituye en absoluto una solución favorable para el pueblo griego, que sufre de lleno los efectos de la crisis agravada por las políticas de austeridad que le inflingen. La operación en curso esta liderada completamente por los acreedores y responde a sus intereses. El plan actual de reducción de la deuda es una versión europea del plan Brady que tuvo efectos nefastos en los países en desarrollo durante los años 1980-1990. Este plan —llamado así por el nombre del secretario del Tesoro estadounidense de ese momento— implicó la reestructuración de la deuda de los principales países endeudados mediante un intercambio de títulos. Los países participantes fueron Argentina, Brasil, Bulgaria, Costa Rica, Costa de Marfil, República Dominicana, Ecuador, Jordania, México, Nigeria, Panamá, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Uruguay, Venezuela y Vietnam. En esa época, Nicholas Brady había anunciado que el volumen de la deuda se vería reducido en un 30 % —en realidad cuando la reducción se produjo fue mucho menor, y en varios casos, y no los menos importantes, la deuda incluso aumentó—, y que los nuevos títulos, los títulos Brady, garantizarían un tipo de interés fijo de cerca del 6 %, lo que era muy favorable para los banqueros. Esto también aseguraba la continuación de las políticas de austeridad bajo el control del FMI y del Banco Mundial. Ahora, en otras latitudes, la misma lógica provoca los mismos desastres. La troica (BCE, Comisión Europea, FMI) impone una austeridad sin fin a los pueblos de Grecia, Portugal e Irlanda. Y si la reacción no llega a tiempo, otros les seguirán: Italia, España, Bélgica, Francia…

 

Este plan no permitirá una salida válida de la crisis para Grecia por dos razones fundamentales: en primer lugar, la reducción de la deuda es totalmente insuficiente; y en segundo lugar, las políticas económicas y sociales aplicadas en Grecia, de acuerdo a las exigencias de la troica, debilitarán aún más al país. Esto permite caracterizar de odiosas tanto la nueva financiación, acordada en el marco de ese plan, como las antiguas deudas así reestructuradas.

 

Grecia se encuentra acorralada entre dos opciones:

-. Resignarse y someterse a la troica, con una nueva humillación de por medio.

-. Rechazar las imposiciones de los mercados y de la troica, suspender el pago de la deuda y lanzar una auditoría con el fin de repudiar la parte ilegítima de la misma.

 

Otros países ya se ven, o se verán, en breve confrontados a la misma opción: Portugal, Irlanda, Italia, España… y la lista no es exhaustiva. Puesto que en toda la Unión Europea se están aplicando, en diversos grados, las mismas políticas, es necesario rechazar, en cada uno de los países, los planes de austeridad y lanzar auditorías ciudadanas de la deuda pública.

 

La experiencia de 2007-2008 no llevó a los gobiernos a imponer reglas estrictas de prudencia. Al contrario, se deben tomar medidas para impedir que esas instituciones financieras, bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones y otros hedge funds continúen haciendo estragos. Es necesario llevar ante la justicia a las autoridades públicas y a los patrones de empresas responsables directos o cómplices activos de los desastres bursátiles y bancarios. En el interés de la gran mayoría de la población es urgente expropiar los bancos y ponerlos al servicio del bien común, nacionalizándolos y poniéndolos bajo el control de los trabajadores y de la ciudadanía. No sólo hay que rechazar cualquier indemnización para los grandes accionistas, sino que conviene recuperar el coste del saneamiento del sistema financiero de su patrimonio global. Igualmente, se trata de repudiar las acreencias ilegítimas que los bancos privados reclaman a los poderes públicos. Por supuesto, también hay que adoptar una serie de medidas complementarias: control de los movimientos de capitales, prohibición de la especulación, prohibición de las transacciones con los paraísos fiscales y judiciales, implantación de una fiscalidad que tenga por objetivo el establecimiento de la justicia social… En el caso de la Unión Europea, conviene derogar varios tratados, como el de Maastricht y el de Lisboa. Es necesario también modificar radicalmente el estatuto del Banco Central Europeo. Mientras que la crisis todavía no alcanzó su apogeo, es el momento preciso para dar un giro radical a la situación. El CADTM apoya, con otras organizaciones, las iniciativas tomadas en distintos países para una auditoría ciudadana de la deuda. El movimiento de los Indignados y «Occupy Wall Street» han desencadenado una dinámica muy creativa y emancipadora que hay que reforzar.