Palestina: ¿Es posible la coexistencia de dos estados?

Emilio Cafassi

02/10/2011

Opinión

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La reciente iniciativa del Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, en la ONU solicitando el reconocimiento de Palestina como un estado miembro de la comunidad internacional, correctamente acompañada por la mayoría de los países de la Unasur, difícilmente alcance su objetivo explícito. Sin embargo tiene, al menos, tres grandes méritos develadores que justifican el apoyo a la decisión. Por un lado, el de situar la atención masiva internacional en la tragedia de esa región, por otro, el de subrayar indirectamente el carácter piramidal, desigual y violento de la ONU, su completa inutilidad para garantizar paz alguna (cuando no directamente para vejarla) y, por último, en señalar el carácter proteico e históricamente efímero de los estados-nación.

Tras la finalización de la guerra de los 30 años que dio paso al tratado de Westfalia en 1648, a pesar de su propósito de asegurar la paz mediante el reconocimiento de organizaciones territoriales y poblacionales definidas en torno a un gobierno, no dejaron de sucederse hasta nuestros días, guerras, rebeliones y procesos revolucionarios que modificaron constantemente el puzzle geopolítico mundial. Obviamente, al costo de millones de vidas inocentes y de los más monstruosos padecimientos. Podría argüirse que al propósito de culminar por entonces con el antiguo orden feudal mediante el reconocimiento de límites geográficos y de soberanía y poder, le faltaban aún algunos siglos de institucionalización moderna. Pero el ascenso burgués, lejos de estabilizar las relaciones internacionales las sumió en las peores formas de violencia y sometimiento. Tanto en su fase colonial decimonónica como en la parcial y contradictoria etapa de descolonización actual. Allí donde acotada y empobrecidamente tuvo -y tiene- vigencia el estatus de ciudadano, con su consecuente institucionalización de la igualdad legal uniforme en todo el territorio nacional, éste se desvanece fronteras afuera generando una desigualdad de derechos basada en la fuerza, en ocasión de conflicto entre naciones y/o estados. La ambigüedad en la que sitúo la noción de estado-nación requeriría precisiones que exceden estas líneas. Pero baste recordar que un estado puede albergar a varias naciones en su espacio territorial (como la recientemente extinta Yugoslavia o el actual Estado multinacional boliviano) y una nación puede estar dispersa a través de varios estados, por lo que resulta más preciso aludir a un estado nacional cuando se identifica con una sola nación.

Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el supuesto encargado de mantener la paz y la seguridad internacional y, sobre todo, evitar los conflictos entre estados y naciones, es el Consejo de Seguridad (CS). A diferencia de otras reparticiones de la ONU que tienen un carácter consultivo y realizan solamente “recomendaciones”, este Consejo puede tomar decisiones bajo el formato de “resoluciones” y obligar a los miembros a cumplirlas aunque, muy difícilmente resultan de efectivo cumplimiento. El CS está conformado por 15 estados miembro, 5 permanentes y 10 temporales. Entre los permanentes se encuentran 3 de las mayores potencias imperiales con reconocidos antecedentes y actualidades invasoras y terroristas: Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, acompañados en esa instancia por China y Rusia. Los 10 miembros no permanentes son electos cada dos años como representantes regionales, es decir, que tienen una efímera y rotativa pertenencia. Estos 15 ya suponen una importante restricción respecto a los 193 que integran la ONU en la actualidad, pero tampoco la mayoría de este limitado círculo puede producir una resolución, a pesar de que cada miembro del Consejo tiene un voto, ya que las decisiones requieren del voto afirmativo de, al menos, nueve integrantes. Pero lo más grave es que cada uno de los cinco miembros permanentes posee derecho a veto, un instituto monárquico y despótico consagratorio de la más plena desigualdad, que en ocasiones también los presidentes de los estados utilizan para imponer sus decisiones al conjunto de las ciudadanías y los afectados por tales disposiciones abortivas.

No hay un sólo ejemplo histórico sobre el que pueda señalarse al CS como impulsor de la razón, el derecho y la igualdad entre los estados y naciones. Los estados-nación se erigen o se desvanecen según la más primitiva y ominosa de las reglas: el crimen y la humillación. Si bien la institucionalización de la Corte Penal International (ICC por su siglas en inglés) es un paso en la potencial limitación y disuasión de la violencia, ya que su función es juzgar a las personas acusadas de cometer genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, sus dificultades de implementación son directamente proporcionales al mantenimiento de la estructura pretoriana global del CS. Para ser numéricamente más explícitos, de los 193 estados integrantes de la ONU, 110 países han firmado el Estatuto de Roma que la convalida, pero 3 de los 5 miembros permanentes del CS (USA, Rusia y China) no lo han firmado, cosa que, como mínimo, denota la intención de eludir la intervención de organismos jurídicos supranacionales, consagrando su propia impunidad.

El caso de EEUU es más preocupante aún, ya que el congreso aprobó en 2002 la American Servicemembers Protection Act (ley para la protección del personal de los servicios exteriores norteamericanos) que prohíbe a los organismos federales, estatales y locales estadounidenses (incluidos los tribunales encargados de hacer cumplir la ley) la asistencia a la ICC. En consecuencia, se prohíbe la extradición de cualquier persona de los Estados Unidos a la Corte y se prohíbe a los agentes del Tribunal llevar a cabo investigaciones en los Estados Unidos. La ley también prohíbe ayuda militar de Estados Unidos a los países que son parte en la Corte. Además, se autoriza al presidente de los Estados Unidos a utilizar "todos los medios necesarios y adecuados para lograr la liberación de cualquier (personal estadounidense o aliado) detenido o encarcelado, en nombre de, o a solicitud de la ICC".

Es en este contexto de desconcierto político-jurídico internacional que tiene lugar la solicitud de Abbas, agravada por el hecho de que uno de los que no reconocen a la ICC es el propio Estado de Israel, principal enemigo de la autodeterminación palestina. La campaña por el reconocimiento del Estado palestino en la ONU, que probablemente desembocará en el veto de Obama en el CS, violando su promesa discursiva de colaborar por la creación de un Estado Palestino, se da en un marco de ocupación militar del territorio y de sojuzgamiento colonial de su pueblo, que ya lleva 45 años. Israel no ha cesado un ápice por disputar centímetro a centímetro cada palmo del territorio. Su proyecto expansionista en Cisjordania y Jerusalén (la reclamada capital de ambos) continúa tan vigente como antes e inclusive va cobrando más impulso. Si en algún momento se reconociera la existencia del Estado-Nación Palestino, será cada día que pasa más pequeño, más fragmentado, más ocupado y más incapaz de negociar en condiciones de igualdad debiendo admitir los hechos consumados por la violencia militar. Ya hoy sería inviable como estado ya que es un conjunto insular rodeado por sendas de alambre de púa, muros, puestos militares y colonos integristas armados y defendidos por el ejército de ocupación en un nuevo apartheid multinacional.

El argumento expuesto en la Asamblea general de la ONU por el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu, según el cual es necesario primero firmar la paz para después poder tener un estado no es otra cosa que la defensa del statu quo actual impueto por la fuerza militar de ocupación. Por el contrario, en la situación actual, no puede haber negociación alguna sino sólo imposición unilateral, que es la regla que viene rigiendo la barbarie internacional. Los palestinos no sólo no pueden defenderse militarmente sino tampoco hacerlo políticamente en instancias internacionales, aún débilmente formales. Si por un momento creyéramos en la intención de retirarse de los ocupantes y se encaminara una negociación, ¿deberían los ocupados vivir bajo ocupación hasta que su invasor estuviera plenamente satisfecho con las condiciones de entrega para por fin lograr su reconocimiento e institucionalización?

Habiendo reconocido el paso político como un avance simbólico y develador, tendiente a lograr algo más de igualdad formal en las futuras negociaciones, culminaré dudando de la conveniencia de la constitución de dos estados nacionales en la coyuntura actual. Sospecho, antes bien, no sólo que un Estado Palestino sería inviable porque no podría cumplir con las elementales condiciones constitutivas como la integridad territorial o la igualdad jurídica en el territorio, sino que en caso de formalizarse, podría llevar este conflicto a niveles bélicos aún más graves y violentos.

El nivel de fanatismo chauvinista, integrismo religioso e historia confrontativa de toda la región, la ausencia o derrota de izquierdas reales y efectivas, aconsejaría una modernización radical, que no puede residir sino en un único estado multinacional laico, democrático e igualitario en materia ciudadana, aunque esta última esté siempre limitada por el capitalismo. No quiero minimizar la inmensa desigualdad de fuerzas y consecuentemente de padecimientos. Pero la barbarie actual en la que ambos pueblos viven, sin convivir, no puede ser sino un inaceptable tormento mutuo que llama a su superación por el camino de construcción de una ciudadanía y desmilitarización plena para poder concentrarse en el desarrollo común de la región.

- Emilio Cafassi es Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano.

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