Las pensiones: un derecho, no una mercancía

Xavier Caño Tamayo

30/09/2010

Opinión

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“La baja natalidad y el desempleo ponen en peligro el sistema público de pensiones. Los expertos reclaman una reforma inmediata”. Titular de portada de un periódico español... más falso que un euro de plástico.

Sí, las pensiones se van al garete, pero las privadas. Las pensiones públicas gozan de buena salud. ¿Entonces? Hay relación entre los ataques de los mercados a los sistemas públicos de pensiones y el fracaso de los fondos privados de pensiones. Los llamados ‘mercados’, por cierto, sólo son unos pocos miles de sujetos que especulan por todo el mundo en nombre e interés de bancos y otros entes poco transparentes. Esta relación directa entre descalabro de pensiones privadas y ataques a las pensiones públicas es reconocida incluso por economistas tan neoliberales como Alejandro Inurrieta, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid.

¿Cómo comprobamos que las pensiones privadas están en crisis? Elemental, querido Watson. Los cinco principales fondos de pensiones holandeses, por ejemplo, se ven obligados, sintiéndolo mucho, a recortar las pensiones prometidas a sus jubilados privados; Holanda es el tercer país del mundo en pensiones privadas. Más ejemplos; en España, según el último informe Rentabilidad de Fondos de Pensiones, “en los últimos años, la rentabilidad promedio de los planes de pensiones fue sensiblemente inferior a la inflación y a la inversión en bonos del Estado a cualquier plazo”.

El desastre de las pensiones privadas es paralelo a la exigencia de la OCDE a sus Estados miembros para que retrasen la edad de jubilación y reformen sus sistemas públicos de pensiones. Deteriorar y reducir las pensiones públicas. A ver si entonces la gente pica y contrata pensiones privadas.

Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, asegura que se quiere imponer el modelo anglosajón, que redujo las pensiones públicas para que la gente no tuviera más remedio que contratar pensiones privadas. En esa neoliberal línea, Sarkozy ha lanzado en Francia una regresiva reforma de las pensiones. Y en España, el presidente Zapatero amenaza con reformar a la baja el sistema público de pensiones, cuyo resultado será que los pensionistas “reformados” cobrarán bastante menos.

Un “experto” español en pensiones públicas ha vaticinado que, si éstas no se reforman (a la baja, por supuesto), quebrarán en 2020. Tal “experto” ya profetizó en 1995 que, en 2005, la Seguridad Social tendría un déficit del 0,77% del PIB y al año siguiente aumentó la cifra, indicando que el déficit sería mayor: el 1,80%... Pero la tozuda realidad fue que en 2005, la Seguridad Social española tuvo un 1,1% de superávit. Tal experto y otros similares deberían cambiar la calculadora, porque les falla más que una escopeta de feria. Por cierto, el fondo español de reserva de pensiones supone casi el 6% del PIB.

¿Por qué yerran tanto los presuntos expertos en pensiones públicas? ¿Será porque la mayoría están a sueldo de bancos y entidades similares con gran interés en hacer negocio con pensiones privadas?

Miren Etxezarreta nos recuerda que las pensiones privadas son gran negocio para la banca. Un trabajador que contrate una pensión privada a los 40 años, cotizará hasta los 65, edad de jubilación en muchos países. Durante un cuarto de siglo, el banco hará lo que quiera con ese dinero que entra mensualmente y, si invierte mal, el jubilado verá reducida su pensión privada. Pero el banco ganará una pasta con comisiones, aunque la inversión haya sido desafortunada. Como está pasando.

A los gobiernos de Europa y Estados Unidos no les tembló el pulso para rescatar la banca con billones de euros o dólares. Pues, si fuera preciso (que no lo es), se acude al rescate de las pensiones públicas. La pensión no es una mercancía, es un derecho.

La Declaración Universal de Derechos Humanos dice en su artículo 22 que “toda persona tiene derecho a la seguridad social”. Seguridad social es, entre otras cosas, cobrar una pensión y, por supuesto, digna. Está en las constituciones de los países democráticos y, desde hace un año, forma parte de la legislación internacional que desarrolla la exigencia y disfrute de los derechos económicos y sociales. España y otros Estados ya la han ratificado. Por tanto, es ley y obliga. Derecho humano, no mercancía.

- Xavier Caño Tamayo es Periodista y escritor

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