Varios hechos, aparentemente inconexos entre sí, dan la pista de cómo Alan García y sus aliados van alineando el equipo para el 2011.

 

 El giro de García en relación con el Contrato del Gas de Camisea, que el 28/7/09 dijo se había amparado en normas modificadas delictivamente en contra del mercado interno, y su inauguración de la planta de licuefacción del gas que garantiza su exportación, revelan que juega a dar “seguridad jurídica” y política al gran capital extranjero por encima de cualquier consideración. El Paro macrorregional sur contra la exportación del gas de Camisea este 17 no cambia el interés de García de asegurar a las transnacionales y sus testaferros en la alianza con su generoso aporte a la bolsa electoral y a cuentas privadas del exterior. Así entendemos la entrega a la transnacional Maple Etanol, en Chira-Piura, de 10,678 hectáreas de tierra a ‘precio de huevo’ (US$ 60 Ha. cuando el precio de mercado es de US$ 5,000), y la reserva de hasta 186 millones de metros cúbicos de agua contra miles de agricultores que los requieren y son afectados por este gigante dedicado al etanol y no a la producción alimenticia.

 

 Son parte de este juego las provocadoras concesiones mineras en la reserva Tuntanain (amazonía de Cajamarca) y petroleras (en el Datem del Marañón, en Loreto), sin consulta previa a las comunidades nativas, a las empresas mineras Gold SAC (que pretende operar este mes), Afrodita, Maurel Et Prom y Walsh, y a la petrolera Talismán. La reactivación de la movilización amazónica y el plazo de 72 horas para que se retiren de la zona no han amilanado a García en asegurar su alianza con el gran capital de cara al 2011.

 

La relación con mandos militares vinculados a graves violaciones de DDHH, para asegurar el apoyo de las FFAA, es otro espacio que busca recuperar García. No basta la presión política sobre el PJ para generar increíbles y sistemáticas sentencias exculpatorias a miembros de las FFAA involucrados en la detención-desaparición y ejecuciones extrajudiciales de personas. Se ha implantado una inaceptable política de no aceptar testimonios de familiares o de otros detenidos. Se exige para probar que alguien fue detenido-desaparecido que aparezca inscrito en un registro oficial de “ingresos” a las dependencias militares. Contra lo que dicen Rey, Giampietri y García sobre la “persecución” a miembros de las FFAA, acaban de ser indebidamente exculpados los mandos militares acusados de la desaparición de universitarios de Huancayo, del 90% de los acusados por la matanza de Pucará en Junín y de todos los acusados del crimen en la Comunidad de Matero, Ayacucho.

 

Antes, son múltiples las absoluciones indebidas: el secuestro y desaparición de Eladio Mancilla en Huamanga, de Jeremías Osorio en Cajatambo, de los hermanos Sandoval Flores en Pucallpa, de Constantino Saavedra en Huamanga, etc. Es minúsculo el número de sentenciados y el ministro Rey defiende abiertamente a altos oficiales del Grupo Colina y sus crímenes: Salazar Monroe (sentenciado) y Rivera (procesado). Así, García juega a asegurar la alianza con un poder fáctico central: las FFAA y, ciertamente, con el fujimorismo.

 

Y claro, García busca una prensa adicta amaestrada. Se vincula a ello el indulto a Crousillat, para tener una ficha que amenace al grupo que hoy controla TV 4 (El Comercio y La República) mientras inyecta inmensa cantidad de dinero en publicidad y trata de domesticar los grandes medios aún no alineados, que son escasos.

 

El complemento a esta estrategia es destruir las fuerzas de oposición política y social al patrón neoliberal desde la opción electoral de mayor fuerza de este campo, expresada en Ollanta Humala, hasta los movimientos sociales como AIDESEP, los enfrentados a la exportación del Gas de Camisea o los que resisten al extractivismo contaminador como en Tía María, Arequipa, o Majaz, Piura. García está claro en sus objetivos y tiene su selección definida.

 

La República, 14 de junio de 2010