México

Agresión a periodistas = impunidad

Salvador González Briceño

29/04/2010

Opinión

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A la memoria de Tyri Antero Jaakkola y Beatriz Alberta Cariño Trujillo. A los reporteros de Contralínea: Érika Soemi Ramírez Pardo y David Cajeme Cilia García. En solidaridad.

*Enrarece el ambiente de violencia en el país

*Ulises, el más viejo estilo represor del PRI

En el libre ejercicio de su actividad, los periodistas en México corren grave peligro. Por lo mismo, el año pasado el país fue catalogado como el más riesgoso del mundo para labor informativa. ¡Más que los países en guerra! No obstante, el país tiene su propia guerra. Una situación que, mezclada con la corrupción e impunidad que permea al régimen, así como al ejercicio de las muy añejas prácticas caciquiles, autoritarias y represivas del PRI que siguen vigentes, complica los problemas del país. Y secuelas como las agresiones a periodistas.

Veamos el primer considerando. En plena guerra. Un invento del actual presidente, Felipe Calderón, que aplicó desde diciembre de 2006. La declarada y ahora a todas luces fallida “guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico”. Que se hizo a contrapelo, utilizando el último recurso que se tiene —las fuerzas armadas— antes que atreverse a comenzar como debía: limpiar toda la corrupción del aparato gubernamental. No obstante, se dejó crecer en los últimos sexenios, porque no hay auge del narcotráfico sin contubernio y corrupción desde el poder.

El caso es que hay una guerra sincuartel. Sin una estrategia que incluya la investigación seria del flagelo, o la intervención financiera de los cárteles en sus cuentas bancarias. Es increíble que el gobierno no sepa lo que Forbes sí: que El Chapo Guzmán está entre los hombres más ricos del país. O la captura de los principales narcotraficantes, y no los de mediano calibre. En esa lucha de fanfarrias del gobierno —como la calificó el Washington Post—, por el caso de los alcaldes detenidos en Michoacán que luego se le cayó por ineptitud. Entre otras acciones no aplicadas que sí han dado resultado en otros países como Colombia y la propia Italia.

Por lo mismo, se generaliza la violencia en todo el país. Por la guerra del gobierno contra los narcos (o viceversa), y por las pugnas entre los cárteles por el control de las plazas. Pero eso arrastra los márgenes de impunidad. Por un lado, porque no se investigan los crímenes perpetrados en contra de personas civiles inocentes, consideradas “daños colaterales”. Pese a las presiones cada vez mayores, como el caso de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey. ¡Y todos los de Ciudad Juárez!, para cuyas madres de víctimas no hay más que sordera.

Por otro lado, el clima de violencia aumenta como crisis de la actividad delincuencial, y termina por infiltrarse en la sociedad amenazando con instalarse como una rutina. Y de eso tiene alta responsabilidad la televisión que sólo muestra hechos de sangre y no investiga; alentando con ello la misma impunidad. Y la irresponsabilidad del gobierno federal. En lugar de presionar para que se aclaren los muertos inocentes. No se puede catalogar a los todos caídos de estar coludidos con el narco, como le sucedió a Calderón con los cuatro jóvenes acribillados en la colonia Salvárcar, en Cd. Juárez. Como tantos más en muchos estados del país. Y que eso sirva de pretexto.

El caso es que el entorno se vuelve cada vez más peligroso. Porque el crimen operando del modo más violento cada vez. Y por los asesinatos ligados con otras actividades también delincuenciales que igualmente crecen. El panorama se complica por ese doble motivo. Entonces, el clima de violencia alimenta la crueldad de otros grupos, como los viejos ligados y utilizados por el poder caciquil local en los estados. Me refiero a los paramilitares. El caso de Oaxaca es más que especial, como lo ha sido, y los ejemplos sobran en otros estados como Chiapas o Guerrero.

En el segundo considerando, recordemos que Oaxaca —uno de los más pobres del país— es gobernado por Ulises Ruiz, un político de viejo cuño priista que se ha sostenido en el poder pese a ser el artífice de una de las más cruentas represiones a movimientos sociales ejemplares, como el de los maestros democráticos y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en el 2006.

El libro de Diego Enrique Osorio: Oaxaca sitiada. La primera insurrección del siglo XXI, lo describe muy bien. Desnuda las actuaciones desde el gobierno local hasta el contubernio interpartidista (PRI y PAN) para sostener a un presidente de facto, porque ganó con la torsión de los datos del IFE y no con los votos ciudadanos. Porque el movimiento de Oaxaca se dio en una coyuntura electoral particular: la sucesión presidencial de 2006. Pese a que inicialmente se trató de un asunto meramente salarial, de los maestros de la sección 22 del SNTE, el sindicato más grande de América Latina que regentea la maestra Elba Esther Gordillo.

Un caso de contubernio desde el poder que pasó por la represión de un movimiento, donde el pueblo oaxaqueño (quien padece ya por 81 años acumulados el autoritarismo del PRI, al más viejo estilo de contener por la fuerza cualquier intento de independencia de un movimiento social, pese a lo agravios acumulados) se levantó en contra de un gobierno autoritario y represor. Donde el castigo para los líderes fue el encarcelamiento bajo acusaciones turbias. Y para el pueblo la represión y muerte de por lo menos 26 personas.

Sigue Ulises, en estos tiempos preelectorales donde el estado cambia de gobernador el próximo 4 de julio. Ahí, en Oaxaca, en la comunidad Triqui de San Juan Copala, ocurrió el martes pasado, día 27 a las 14:50 horas, la emboscada de una caravana de 25 personas que llevaban ayuda humanitaria —aparte de investigar la situación de derechos humanos—, por parte de un grupo de paramilitares que se conoce como Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), de origen priista y que dice contar con el apoyo del gobernador.

La balacera con la que fueron rechazados por los paramilitares antes de llegar a Copala, dejó como saldo a dos personas muertas. Un finlandés y una mexicana. Pero hay más desaparecidos. Entre ellas dos reporteros de la revista Contralínea. El pecado de los Triqui fue haberse declarada el 1 de enero de 2007 municipio autónomo, en la línea de la autonomía de las comunidades zapatistas de Chiapas. Es el viejo estilo de un gobernador priista que le hizo un gran favor al presidente. Por otro lado, la acusación de Calderón de que las agresiones contra periodistas provienen del crimen organizado es falsa, porque detrás están autoridades coludidas. Quedarán impunes, todos, si la sociedad se los permite.

https://www.alainet.org/fr/node/141019?language=es