Miguel Palacín en la ONU:
La CAOI denuncia masacre de indígenas a la ONU
12/08/2009
- Opinión
La Masacre de Bagua (Amazonas, Perú) que el pasado 5 de junio conmovió a la comunidad internacional, representó uno de los puntos más altos de la sistemática política de discriminación y criminalización de los pueblos indígenas que implementa el Estado peruano con el objetivo de facilitar las operaciones de las empresas transnacionales extractivas (minería, petróleo, gas, forestales).
En conferencia de prensa ofrecida hoy, Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), explicó que en el Perú los derechos de los pueblos indígenas, ya bastante postergados durante siglos, son aun más recortados a partir de la década del noventa, cuando la dictadura de Alberto Fujimori modificó la Constitución y las leyes para imponer el neoliberalismo en el país andino.
Desde 1991 se ha promovido la ampliación de las actividades mineras en toda la región andina del país, afectando a las comunidades campesinas y sin establecer ningún mecanismo de consulta o participación con ellas, pese a que desde el año 1994 está vigente el Convenio 169-OIT en el Perú. Las empresas mineras en el Perú abarcan 23 millones de hectáreas en la costa, sierra y selva, comprometiendo las tierras de unas 3,200 comunidades campesinas y nativas. De manera similar, desde el año 2004 se han incrementado los proyectos hidrocarburíferos en la selva peruana (se ha pasado de un 13% de área amazónica lotizada a un 75% en solo 5 años); sin incorporar ningún mecanismo de consulta a la población indígena afectada.
El retorno a la democracia a fines del año 2000 no significó cambio alguno en estas políticas de Estado. En particular, desde la llegada al gobierno por segunda vez de Alan García Pérez, la vulneración de derechos indígenas se ha profundizado, y junto con ello la criminalización de la protesta social.
En julio del 2007, el gobierno peruano emitió once decretos legislativos (normas con rango de ley que expide el Ejecutivo por autorización del Congreso de la República) que endurecen las penas impuestas por protesta social. Entre sus efectos más graves, están la imposición de carcelería por 25 a 30 años por movilizaciones, la prohibición a las autoridades locales de apoyar las marchas de sus pueblos, y la impunidad para los agentes policiales y militares que disparen y causen muertes al reprimir esas manifestaciones.
El 19 de diciembre del mismo año, el Congreso de la República otorgó facultades al Poder Ejecutivo para legislar sobre diversos temas relacionados con la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Al amparo de esas facultades, el Ejecutivo emitió entre enero y junio del 2008 un paquete de 102 decretos legislativos.
Los objetivos detrás de estos decretos legislativos son desaparecer a las comunidades indígenas y otorgar mayores facilidades a las empresas que explotan recursos mineros, petroleros y forestales. Se considera que los derechos de las comunidades son un obstáculo para estas empresas.
El propio presidente Alan García lo ha dicho en sus artículos sobre el Síndrome del Perro del Hortelano, publicados entre octubre y noviembre del 2007 en el diario El Comercio, en los que afirma que las comunidades indígenas son un invento, tienen tierra ociosa y no producen, y cuestiona la existencia misma de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la Amazonía peruana.
Una movilización de más de diez días de los pueblos indígenas amazónicos (agosto del 2008) logró la derogatoria de dos de esos decretos legislativos (1015 y 1073). La movilización fue retomada en abril del 2009, y tras la Masacre de Bagua del 5 de junio, fueron derogados los decretos legislativos 1064 y 1090. “Las organizaciones indígenas y campesinas continuamos la lucha por la derogatoria de los restantes”, subrayó Palacín.
Pero la represión no comienza ni termina con la Masacre de Bagua. En el Perú hay más de mil dirigentes indígenas procesados judicialmente por defender los derechos de sus comunidades. Luego de los sucesos del 5 de junio, se ha emitido orden de captura contra toda la dirigencia de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y tres de sus miembros tuvieron que asilarse en Nicaragua, entre ellos su presidente Alberto Pizango.
La jornada nacional de lucha del 11 de junio, el Paro Nacional del 7, 8 y 9 de julio, y la solidaridad internacional exigieron que la salida del Gabinete Yehude Simon significara un cambio real de la política económica y social. Pero ha ocurrido todo lo contrario, con una composición ministerial aprista y de extrema derecha, en una abierta actitud provocadora del régimen de García. El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, ha dicho que su primera tarea es “imponer el orden”, con lo que se espera un recrudecimiento de la represión.
Al cierre y persecución de emisoras locales y sus directores, se une la intensificación de la persecución policial y judicial a los líderes indígenas amazónicos y andinos. Ya están surgiendo evidencias de desapariciones en la Masacre de Bagua del viernes 5 de junio, tantas veces negada por el gobierno, amparado en un informe de la Defensoría del Pueblo que, como esta institución ha reconocido, no pudo recoger testimonios y pruebas más que en la quinta parte de las comunidades nativas y lo hizo en días inmediatos a la Masacre. Peor aun considerando que la policía impidió el paso a la zona durante cinco días, en los que habría incinerado los restos de indígenas asesinados, de lo cual ya aparecen también evidencias.
El gobierno insiste en atribuir a intervencionismos extranjeros la movilización de los pueblos indígenas, sin presentar prueba alguna de ello y en una nueva actitud racista que niega a los indígenas la facultad de tomar decisiones de manera autónoma y colectiva, como lo hacen desde hace cientos de años. Los funcionarios del gobierno incluso han afirmado que la violencia en la Curva del Diablo fue iniciada por los indígenas, pero el fiscal que investiga el caso ya determinó oficialmente que los indígenas estaban desarmados.
Particularmente cruel es el ensañamiento del gobierno contra el apu Santiago Manuin, quien recibió ocho impactos de bala el 5 de junio, cuando se acercó con los brazos en alto a la policía que en la Curva del Diablo iniciaba su arremetida contra los indígenas. El apu, becario de Naciones Unidas, tiene el colon separado del cuerpo y su estado de salud es muy delicado. El 14 de julio, nueve policías fueron hasta el Hospital Las Mercedes de Chiclayo para intentar llevarlo al penal de Picsi. Felizmente los médicos de ese nosocomio lo impidieron, pero la orden de captura en su contra sigue vigente.
A todo lo anterior se unen las maniobras del gobierno de Alan García para dividir la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, con el auspicio a un ilegal congreso y la elección de una falsa directiva, en su afán de desarticular las organizaciones indígenas que avanzan en la defensa de sus derechos.
El gobierno de García ha llegado al colmo de reconocer a esa directiva, elegida contra todo lo estipulado en los Estatutos de AIDESEP, para que participe en la Mesa de Diálogo instalada con los pueblos indígenas amazónicos.
“Se trata de una maniobra más para desarticular a nuestras organizaciones, creando organizaciones paralelas que no cuentan con el respaldo de nuestros pueblos indígenas, solo para que aprueben sus políticas de saqueo de nuestros bienes naturales y depredación de la Madre Naturaleza, pasando por encima de nuestros derechos territoriales”, advirtió Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de CAOI.
En conferencia de prensa ofrecida hoy, Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), explicó que en el Perú los derechos de los pueblos indígenas, ya bastante postergados durante siglos, son aun más recortados a partir de la década del noventa, cuando la dictadura de Alberto Fujimori modificó la Constitución y las leyes para imponer el neoliberalismo en el país andino.
Desde 1991 se ha promovido la ampliación de las actividades mineras en toda la región andina del país, afectando a las comunidades campesinas y sin establecer ningún mecanismo de consulta o participación con ellas, pese a que desde el año 1994 está vigente el Convenio 169-OIT en el Perú. Las empresas mineras en el Perú abarcan 23 millones de hectáreas en la costa, sierra y selva, comprometiendo las tierras de unas 3,200 comunidades campesinas y nativas. De manera similar, desde el año 2004 se han incrementado los proyectos hidrocarburíferos en la selva peruana (se ha pasado de un 13% de área amazónica lotizada a un 75% en solo 5 años); sin incorporar ningún mecanismo de consulta a la población indígena afectada.
El retorno a la democracia a fines del año 2000 no significó cambio alguno en estas políticas de Estado. En particular, desde la llegada al gobierno por segunda vez de Alan García Pérez, la vulneración de derechos indígenas se ha profundizado, y junto con ello la criminalización de la protesta social.
En julio del 2007, el gobierno peruano emitió once decretos legislativos (normas con rango de ley que expide el Ejecutivo por autorización del Congreso de la República) que endurecen las penas impuestas por protesta social. Entre sus efectos más graves, están la imposición de carcelería por 25 a 30 años por movilizaciones, la prohibición a las autoridades locales de apoyar las marchas de sus pueblos, y la impunidad para los agentes policiales y militares que disparen y causen muertes al reprimir esas manifestaciones.
El 19 de diciembre del mismo año, el Congreso de la República otorgó facultades al Poder Ejecutivo para legislar sobre diversos temas relacionados con la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Al amparo de esas facultades, el Ejecutivo emitió entre enero y junio del 2008 un paquete de 102 decretos legislativos.
Los objetivos detrás de estos decretos legislativos son desaparecer a las comunidades indígenas y otorgar mayores facilidades a las empresas que explotan recursos mineros, petroleros y forestales. Se considera que los derechos de las comunidades son un obstáculo para estas empresas.
El propio presidente Alan García lo ha dicho en sus artículos sobre el Síndrome del Perro del Hortelano, publicados entre octubre y noviembre del 2007 en el diario El Comercio, en los que afirma que las comunidades indígenas son un invento, tienen tierra ociosa y no producen, y cuestiona la existencia misma de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la Amazonía peruana.
Una movilización de más de diez días de los pueblos indígenas amazónicos (agosto del 2008) logró la derogatoria de dos de esos decretos legislativos (1015 y 1073). La movilización fue retomada en abril del 2009, y tras la Masacre de Bagua del 5 de junio, fueron derogados los decretos legislativos 1064 y 1090. “Las organizaciones indígenas y campesinas continuamos la lucha por la derogatoria de los restantes”, subrayó Palacín.
Pero la represión no comienza ni termina con la Masacre de Bagua. En el Perú hay más de mil dirigentes indígenas procesados judicialmente por defender los derechos de sus comunidades. Luego de los sucesos del 5 de junio, se ha emitido orden de captura contra toda la dirigencia de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y tres de sus miembros tuvieron que asilarse en Nicaragua, entre ellos su presidente Alberto Pizango.
La jornada nacional de lucha del 11 de junio, el Paro Nacional del 7, 8 y 9 de julio, y la solidaridad internacional exigieron que la salida del Gabinete Yehude Simon significara un cambio real de la política económica y social. Pero ha ocurrido todo lo contrario, con una composición ministerial aprista y de extrema derecha, en una abierta actitud provocadora del régimen de García. El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, ha dicho que su primera tarea es “imponer el orden”, con lo que se espera un recrudecimiento de la represión.
Al cierre y persecución de emisoras locales y sus directores, se une la intensificación de la persecución policial y judicial a los líderes indígenas amazónicos y andinos. Ya están surgiendo evidencias de desapariciones en la Masacre de Bagua del viernes 5 de junio, tantas veces negada por el gobierno, amparado en un informe de la Defensoría del Pueblo que, como esta institución ha reconocido, no pudo recoger testimonios y pruebas más que en la quinta parte de las comunidades nativas y lo hizo en días inmediatos a la Masacre. Peor aun considerando que la policía impidió el paso a la zona durante cinco días, en los que habría incinerado los restos de indígenas asesinados, de lo cual ya aparecen también evidencias.
El gobierno insiste en atribuir a intervencionismos extranjeros la movilización de los pueblos indígenas, sin presentar prueba alguna de ello y en una nueva actitud racista que niega a los indígenas la facultad de tomar decisiones de manera autónoma y colectiva, como lo hacen desde hace cientos de años. Los funcionarios del gobierno incluso han afirmado que la violencia en la Curva del Diablo fue iniciada por los indígenas, pero el fiscal que investiga el caso ya determinó oficialmente que los indígenas estaban desarmados.
Particularmente cruel es el ensañamiento del gobierno contra el apu Santiago Manuin, quien recibió ocho impactos de bala el 5 de junio, cuando se acercó con los brazos en alto a la policía que en la Curva del Diablo iniciaba su arremetida contra los indígenas. El apu, becario de Naciones Unidas, tiene el colon separado del cuerpo y su estado de salud es muy delicado. El 14 de julio, nueve policías fueron hasta el Hospital Las Mercedes de Chiclayo para intentar llevarlo al penal de Picsi. Felizmente los médicos de ese nosocomio lo impidieron, pero la orden de captura en su contra sigue vigente.
A todo lo anterior se unen las maniobras del gobierno de Alan García para dividir la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, con el auspicio a un ilegal congreso y la elección de una falsa directiva, en su afán de desarticular las organizaciones indígenas que avanzan en la defensa de sus derechos.
El gobierno de García ha llegado al colmo de reconocer a esa directiva, elegida contra todo lo estipulado en los Estatutos de AIDESEP, para que participe en la Mesa de Diálogo instalada con los pueblos indígenas amazónicos.
“Se trata de una maniobra más para desarticular a nuestras organizaciones, creando organizaciones paralelas que no cuentan con el respaldo de nuestros pueblos indígenas, solo para que aprueben sus políticas de saqueo de nuestros bienes naturales y depredación de la Madre Naturaleza, pasando por encima de nuestros derechos territoriales”, advirtió Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de CAOI.
COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina
Ginebra, agosto 6 2009.
https://www.alainet.org/fr/node/135687?language=es
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