Democratización de la comunicación y políticas públicas
09/10/2007
- Opinión
Se está reactivando el debate sobre el rol y carácter de los medios de comunicación en las Américas. El comportamiento de los grandes medios de difusión, alejado de su rol de servicio público, ha provocado malestar y demandas e iniciativas para reintroducir normativas que precautelen el interés público, que en varios países se están traduciendo en iniciativas jurídicas o políticas públicas. La demanda de democratización de la comunicación está ganando terreno en diversos ámbitos -nacionales e internacionales-, abriendo nuevos espacios de articulación social.
El debate sobre el rol y carácter de los medios de comunicación, que se está reactivando en las Américas, y el hecho que se están renovando planteamientos de políticas públicas en esta materia, es una señal de la crisis que afecta a los medios de difusión del establishment, que generalmente han eludido topar estos temas.
Esta crisis se deriva del descrédito en que ha caído gran parte del sector mediático en el continente, como resultado de su alineamiento con los sectores políticos y económicos que promovieron las políticas neoliberales, que en las últimas dos o tres décadas han desencadenado una concentración de la riqueza de unos pocos, empobrecimiento agudizado de las mayorías, privatización de los bienes y servicios públicos en favor del lucro privado, y corrupción rampante.
La incapacidad de este modelo neoliberal de suministrar el bienestar y desarrollo que ofrecieron sus defensores, y el incumplimiento por parte de una mayoría de gobernantes de sus promesas electorales, han desencadenado, a través del continente, una diversidad de expresiones de descontento social, que ha llegado incluso a derrumbar gobiernos. El anhelo de cambio, expresado entre otros en los procesos electorales, que en varios casos ha colocado en el poder a sectores políticos más autónomos frente a Washington, algunos identificados incluso con proyectos radicales, se acompaña de la demanda de abrir el juego democrático, con mayor participación y transparencia, ya no limitado a simplemente ejercer el voto cada cuantos años.
Dentro de este sentir popular, una demanda constante ha sido la de tener mayor voz en los espacios públicos; demanda que va de la mano con el rechazo al comportamiento de aquellos medios de comunicación que estigmatizan a los nuevos actores sociales y criminalizan la protesta social; que niegan espacios de opinión a los sectores marginados o discriminados socialmente o a las mujeres; que se han abanderado de la defensa del modelo neoliberal y del statu quo; o que buscan manipular la opinión pública frente a los procesos electorales.
En este contexto, los sectores dedicados a luchar por la democratización de la comunicación, que en los últimos años han comenzado a articularse en un movimiento, encuentran condiciones mucho más favorables que hace pocos años atrás, para entrar en el debate público con sus propuestas y visiones. Se presenta también como un momento oportuno -aprovechando espacios como el Foro Social Mundial- para estrechar alianzas con sectores y movimientos movilizados en otras áreas de resistencia al mismo modelo neoliberal, que comparten las propuestas de democratizar la comunicación.
Un eje central de tales propuestas es el carácter público de la comunicación, reconociendo que todos los medios de comunicación cumplen un servicio público, más allá de si su gestión está bajo control privado-comercial, estatal, comunitario u otro. En tal sentido, cuestiones como, quiénes controlan los procesos de comunicación en la sociedad, quiénes participan en ellos y cómo se desarrollan las respectivas instituciones y tecnologías, son aspectos fundamentales que, en cualquier sociedad que se pretenda democrática, debería ser tema de debate ciudadano, estar sujeto a normas que precautelen el interés público, y contar con un conjunto de políticas públicas para su desarrollo.
Concentración y desregulación
La reactivación del movimiento por la democratización de la comunicación se produce en el contexto de los acelerados cambios en este sector en las últimas dos décadas, bajo el impulso del desarrollo tecnológico, del rol estratégico de la comunicación en la expansión de la globalización y del boom de los negocios en estas ramas. Entre las principales características de estos cambios, se incluye: una mayor concentración de la propiedad y el control en el sector, junto con la integración entre distintas ramas de la comunicación, facilitada por la convergencia digital; las privatizaciones, particularmente en el sector de telecomunicaciones; y el empuje hacia la desregulación, que ha desbaratado gran parte de las políticas de protección de áreas estratégicas, (salvo en materia de protección de la propiedad intelectual, donde al contrario, el sector empresarial reclama una mayor intervención estatal).
En buena medida, este proceso se ha disfrazado detrás de la ofensiva promocional de las nuevas tecnologías de comunicación y de la llamada "Sociedad de
Al mismo tiempo, las libertades civiles en materia de comunicación están enfrentando nuevas y graves amenazas, bajo pretexto de la llamada "lucha antiterrorista" declarada por la administración de George W. Bush. En EE.UU. -que se reivindica modelo de la democracia-, y otros países, se han introducido leyes que socavan las históricas protecciones y libertades civiles, en particular la privacidad de las comunicaciones, y ello, con una mínima crítica desde la prensa del establishment.
Medios o actores
Como señalan O'Siochru y Girard (2002: vii): "La esfera donde el público debate, entiende y forma opinión, y toma decisiones sobre el futuro de la sociedad se encuentra demarcada por las características de sus media y sus comunicaciones". En sociedades donde los media tratan a sus "productos"[1] como una mercancía, y donde la concentración del control conlleva a disminuir la pluralidad de voces y puntos de vista y a reducir la diversidad en los contenidos, se merma significativamente la posibilidad de una esfera pública dinámica y democrática.
Esta situación se exacerba, cuando los grandes medios se convierten en actores directos en el escenario político, llegando incluso en ciertos casos a ocupar el vacío dejado por el descalabro de los partidos políticos. En el continente, las críticas hacia los grandes medios por este motivo son cada vez más frecuentes: no solo porque ellos determinan en función de sus intereses qué temas entran o no en la agenda pública, sino por asumir la defensa abierta de la agenda de sectores empresariales o por buscar gravitar en los resultados electorales. Ante las críticas, que se dan incluso por parte de otros medios ansiosos por diferenciarse de tales prácticas, han salido a defender sus intereses.
En este marco, se han mostrado más reacios que nunca a aceptar cualquier "injerencia" -estatal u otra- que pudiera tratar de corregir los desequilibrios o normar su comportamiento, y, a nombre de la libertad de expresión, satanizan la mera idea de políticas públicas de cualquier tipo en esta área. El mensaje que vehiculan es que los medios de comunicación son, y deben ser, intocables; y hasta hace poco, en su mayoría, los Estados abdicaron de intervenir en el tema.
La estrategia ha surtido efecto, generando confusión en la opinión pública entre la libertad de expresión como derecho ciudadano y la agenda privada de los medios de difusión. Como constata Osvaldo León (2007), es particularmente de cara a los países con gobiernos que propugnan cambios que se despliegan tales estrategias, entre otros "porque en el plano ideológico su autoprotección ha sido uno de los componentes mejor elaborados y desarrollados en términos de hegemonía, para 'ganar las mentes y los corazones'”. Lo demuestra el reciente caso de RCTV en Venezuela, donde la ofensiva mediática contra la no renovación de la concesión de frecuencia a esta emisora logró generalizar la idea de que se trataba de censura estatal y cierre de un medio, y no de una decisión administrativa sobre un recurso del Estado, como ocurre en cualquier parte del mundo[2].
En este contexto, sectores defensores de la democratización de la comunicación plantean la inquietud de si el control corporativo de los medios no es hoy una de las principales amenazas a la libertad de expresión y al derecho a la información[3], frente a lo cual hay una carencia de mecanismos de protección del interés público. Además, en diversos países del continente, las demandas ciudadanas exigen ahora revisar los vínculos de los medios de difusión con sectores de poder económico y cuestionan el control cuasi monopólico de algunos grupos de poder sobre los grandes medios, especialmente la televisión. Con ello, han puesto en debate la necesidad de mecanismos para establecer normas que precautelen la diversidad y la responsabilidad pública de los medios.
La "otra comunicación"
Por supuesto que la demanda de democratización de la comunicación no es nueva. Estuvo presente, entre otros, en los debates del Nuevo Orden Mundial de Información y Comunicación (NOMIC) en
En América Latina, fue parte de las demandas de democratización política, cuando el continente transitó de las dictaduras hacia la apertura democrática, a principios de los '80. El lema "sin democratización de la comunicación, no hay democracia", daba cuenta de la inconformidad ciudadana frente a medios de difusión que habían sustentado las dictaduras o se acomodaron a ellas; expresaba también el anhelo de las experiencias de comunicación popular y alternativa que se multiplicaron en esa época, poniendo en práctica una comunicación más horizontal y dialogal, algunas de ellas vinculadas a organizaciones sociales. Tales iniciativas se identificaron con las propuestas de "políticas nacionales de comunicación" vinculadas al NOMIC. Pero pocas pudieron sobrevivir al impacto de las políticas neoliberales, que socavó el sentido mismo de la organización social; y con ello, durante más de una década la lucha por democratizar la comunicación, al menos en América Latina, quedó debilitada y dispersa.
No obstante, la última década ha visto un resurgimiento y multiplicación de iniciativas ciudadanas de comunicación, que expresan formas de resistencia al modelo comunicacional elitista y centralizado. Y de manera particular, para los procesos de articulación social que han irrumpido, desde lo nacional hasta lo mundial, a partir de los años 90, la apropiación de las oportunidades ofrecidas por las nuevas tecnologías ha potenciado enormemente sus dinámicas de organización y difusión.
Osvaldo León (2007), constata que, frente a la comunicación, tales movimientos sociales:
… de a poco, van reconociendo que se trata de un espacio de disputa estratégica y que, por lo mismo, hay que reajustar la mira para pasar de los “medios” a los “fines”; esto es, de la visión instrumental a la política. Y, consecuentemente, encarar el desafío de pensar en estrategias comunicacionales contra-hegemónicas como condición para desbloquear la capacidad de expresión de las fuerzas sociales históricamente sometidas que hoy pugnan por su liberación.
Estas experiencias -a veces conocidas como la "otra comunicación", en alusión al "otro mundo" que reclama el Foro Social Mundial-, al asumirse como defensoras por la democratización de la comunicación, contribuyen a que ésta ya no aparezca como anhelo tan distante e inalcanzable, sino relacionado a una práctica concreta y cotidiana, con potencial de disputar espacios.
EE.UU.: movimiento por la reforma de los medios
Sobre este trasfondo, en diversos países de la región, en los últimos tres o cuatro años, se están produciendo intentos de restablecer una normatividad en el ámbito mediático, en buena parte en reacción a los excesos y al descrédito en que han caído, pero también frente a las nuevas condiciones tecnológicas.
Entre los ejemplos más visibles de la pérdida de credibilidad de los medios corporativos, está aquella que han sufrido los grandes medios de EE.UU. por su alineamiento incondicional detrás de la agenda bélica de la administración Bush. A partir del 2002, estos medios contribuyeron a generar un ambiente de opinión favorable a la invasión de Irak, sin cuestionar los argumentos utilizados para justificar la guerra. Para un sector importante de la población, que se mantuvo informado a través de redes alternativas, la negación de los medios de abrir espacios a la crítica o debate frente a la guerra, fue la gota que derramó el vaso.
Este hecho fue un factor clave para dar nuevo aliento al movimiento por la reforma de los medios de EE.UU., como lo reconoce Robert McChesney (2007), investigador en economía política de los medios y uno de los impulsores históricos del movimiento. Coincidió que en 2003, cuando estaba germinando el movimiento contra la guerra en Irak, le correspondía a
Hoy, más de 160 organizaciones dedicadas específicamente a la reforma de los medios están coordinando esfuerzos en esta lucha, junto con muchas otras organizaciones sociales e instituciones que se suman a causas específicas. La acción de cabildeo de
El statu quo corporativo no era ni popular ni democrático, su fuerza residía en sostener la idea de que no había alternativa (…) En el momento actual, millones de estadounidenses entienden que nuestro sistema mediático no tiene nada de "natural" y que ellos tienen el derecho y la responsabilidad de participar en la definición de las políticas. (McChesney, 2007: 7)
Es interesante notar que, en el caso de EE.UU., es el movimiento pro-reformas que se ha abanderado de la defensa de la libertad de expresión, dejando poco espacio para que los medios corporativos se apropien de ese discurso para defender su situación monopólica.
Uno de los corolarios de este movimiento -como señala el investigador- es que ha reactivado la rama de investigación en economía política de los medios, que estuvo casi muerta en los años '90. "Ahora entendemos que los sistemas mediáticos surgen de factores político-económicos complejos y de decisiones clave sobre políticas. La necesidad de análisis académico comprometido nunca ha sido más evidente, en EE.UU. y en el mundo". (2007: 8).
México: vientos nuevos
México, con la herencia de los 70 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional -PRI-, es uno de los países de América Latina que registra mayor concentración del poder mediático en manos privadas, sobre todo en la televisión. Según datos del 2006, de 461 estaciones de televisión concesionadas, 258 integran el consorcio Televisa (Gaytán Alcalá 2006). De cada 10 televidentes mexicanos, 7 sintonizan canales de Televisa y 2 TV Azteca (Cevallos 2007). Los dos canales representan un verdadero poder en el país.
Solo así se explica el apresurado pasaje por el Congreso, entre diciembre del 2005 y marzo de 2006, de la reforma a las Leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión -mejor conocida como la "Ley Televisa", por ser este canal el mayor impulsor y beneficiario de las reformas-, donde, en plena campaña electoral, los dos canales aprovecharon la vulnerabilidad de los congresistas ante los medios para lograr su adhesión. Haciendo caso omiso de las propuestas de democratizar las frecuencias, expresadas por diversas voces durante las consultas anteriores, la reforma contribuyó más bien a fortalecer el monopolio en el sector, con concesiones de frecuencias refrendadas por 20 años y acceso al espacio radioeléctrico mediante subasta. Quedaron fuera las garantías de transparencia para concesiones y permisos y el reconocimiento legal a las radios comunitarias.
En el curso del 2007, sin embargo, hay signos de un cambio de rumbo. Haciéndose eco del rechazo de organizaciones ciudadanas a esta Ley, un grupo de senadores interpuso una demanda ante
Los monopolios mediáticos, que hasta hace poco parecían intocables, sufrieron una segunda derrota, el 11 de septiembre de 2007, cuando los tres partidos mayoritarios en el Senado -Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de
Televisa y TV Azteca, que dejarían de percibir unos 300 millones de dólares en las elecciones de 2009 y 2012 (Fazio, 2007), desplegaron todo su poderío, con intervenciones directas del más alto nivel en el Senado, para bloquear la reforma, alegando un atentado a la libertad de expresión. Pero los senadores esta vez cerraron filas ante las presiones, recordando a los medios que tienen bajo concesión un bien que es propiedad de la nación. En todo caso, no se puede entender estos cambios de actitud en las instituciones mexicanas en abstracción de las crecientes demandas de apertura democrática expresadas, entre otros, en torno al resultado electoral del año pasado.
Procesos constitucionales
Otros países de las Américas donde el tema de la democratización de la comunicación ha entrado en la agenda política incluyen a Bolivia y Ecuador, en el marco de los procesos de reforma constitucional, que son expresión del anhelo popular de profundos cambios en el rumbo de estas sociedades. En las movilizaciones que en ambos países conllevaron a la caída de los respectivos gobiernos, en 2005, la crítica a los grandes medios de difusión fue un tema reiterativo, mientras que los medios comunitarios y alternativos cumplieron un importante rol de enlace, apoyo y solidaridad para las fuerzas movilizadas en las calles.
En Bolivia, se han presentado diversas reformas constitucionales orientadas a limitar el poder de los monopolios de la información y a reforzar la interculturalidad. Entretanto, las fuerzas afines al proyecto del cambio han venido articulando diversas redes de comunicación, tanto ciudadanas como estatales. Pero también la oposición al gobierno se viene rearticulando en torno a los medios de comunicación afines a ella.
En Ecuador, el cuestionamiento a los grandes medios ha estado presente desde hace algunos años, particularmente por la actuación nada ética de los principales canales de televisión frente a la crisis bancaria del año 2000, cuando se abrió una crítica mutua entre canales por su defensa de los respectivos bancos a los cuales estaban vinculados. También han sido cuestionados por criminalizar a la protesta social, en particular del movimiento indígena. El debate público ha tomado mayor fuerza a partir del momento en que el actual presidente Rafael Correa, entró en confrontación abierta con los medios, poniendo en el tapete los conflictos de interés inherentes a su propiedad.
Los debates que se han iniciado de cara a
En otros países de la región también se están debatiendo legislaciones y políticas en materia de comunicación. En Brasil, hubo un intenso debate par definir la norma para la televisión digital (donde no prosperó la propuesta de un modelo técnico propio, sino que se optó por el sistema japonés). Las diversas redes que trabajaron en torno a ese tema ahora se están concertando acciones en torno al sistema público de radio difusión[6]. La televisión digital también está en debate en Chile y Uruguay, donde el modelo a escoger (el estadounidense, el europeo o el japonés) tiene implicaciones, entre otras, para una gama más concentrada o más diversificada de canales.
El escenario internacional
El tema de las políticas públicas de comunicación también está reabriendo campo en el ámbito internacional. Dado el carácter cada vez más globalizado de las comunicaciones, una parte significativa de ellas se escapa a cualquier normativa establecida nacionalmente. Salvo en el plano de la regulación técnica (por ejemplo, a través de
Amplios sectores de los media del planeta están ahora controlados por corporaciones multinacionales cuya filiación, si existe, se encuentra subsumida bajo las exigencias corporativas. La televisión por satélite yla Internet no reconocen fronteras; (...) la mayoría de países han renunciado a reivindicar su sector de telecomunicaciones como sujeto a la soberanía estratégica. (…) La gobernanza de los media a nivel nacional (…) va cediendo el paso a estructuras internacionales de gobernanza que ponen énfasis ante todo en consideraciones del intercambio comercial. A través de organizaciones tales comola Organización Mundial del Comercio (OMC), los gobiernos están cediendo el poder de reglamentar y gobernar a los media.
Y sin embargo hay temas clave para la democratización de la comunicación que necesariamente requieren de acuerdos y políticas internacionales, desde las garantías para que la arquitectura de Internet permanezca abierta y neutra (sin poder discriminar los contenidos que vehicula), hasta las condiciones para un mayor equilibrio en los flujos internacionales de información, ahora bajo hegemonía de unos pocos países, o para la protección de los datos personales en los sistemas digitales accesibles de un país a otro.
Uno de los pocos espacios internacionales donde se han tratado -parcialmente- temas como éstos fue
Habiendo sido encargada su organización a
Uno de los actores clave en esta dinámica fue
Como enfoque central, los aportes de CRIS y otros actores de la sociedad civil enfatizaron que los derechos humanos deben ser la base ineludible de
Las propuestas consensuadas por la sociedad civil pusieron énfasis en el reconocimiento de la información y el conocimiento como bienes públicos, la necesidad de políticas públicas tendientes a democratizar la comunicación y la importancia de establecer instancias internacionales democráticas -con participación de la sociedad civil- para la gobernanza del sector y con la participación de las mujeres en todos los planos, especialmente en la elaboración de políticas. Otros temas priorizados por estos sectores incluyeron el rescate del conocimiento local/tradicional y la defensa de los bienes comunes de información, conocimiento y cultura; la promoción del software libre y de la información de acceso abierto. Se formularon propuestas para fijar límites a la concentración de los medios de comunicación; el apoyo a las radios comunitarias; el respeto de la diversidad cultural, y el acceso de todas y todos a las tecnologías y a la información, de acuerdo a sus particulares necesidades, entre otras.
Si bien varias de estas propuestas fueron desechadas por las instancias oficiales, otras fueron acogidas por
La fase de Túnez se centró en dos temas que no lograron consenso en Ginebra: el financiamiento del desarrollo y la gobernanza de Internet. En el primero, los acuerdos se limitan a señalar una serie de opciones, sin compromiso alguno de nuevos recursos.
El debate sobre un sistema más democrático o multilateral de gobernanza de Internet encontró, por su parte, una resistencia tenaz de EE.UU., logrando finalmente un acuerdo de compromiso promovido desde las organizaciones de sociedad civil, que es la creación del Foro para
En América Latina, el proceso regional encaminó una serie de acuerdos que prevén algunos niveles de integración y cooperación (si bien con un cierto sesgo tecnologista), que parecen estar sirviendo de motivación para que los países más relegados en el tema pongan en agenda la necesidad de concretar políticas tendientes a una mayor “inclusión digital”.[9]
Más allá de los resultados concretos de esta Cumbre, no deja de ser importante el hecho de haber colocado en la agenda internacional el debate sobre los retos para el desarrollo y las políticas en el plano de la tecnología, la información, la comunicación y el conocimiento. La creación de dos instancias de seguimiento -el IGF y
Un resultado menos reconocido, pero no menos significativo de
En América Latina, un grupo de redes regionales de comunicación que trabajaron juntas en CRIS, en
- Sally Burch es periodista británica radicada en Quito. Es directora ejecutiva de
Ponencia presentada para el Congreso de FLACSO, Quito, octubre 2007, en la mesa "Ciudadanía y políticas públicas de comunicación", organizado por ALAI.
Bibliografía
Betto, Frei, 2007. "Joyas de la familia". ALAI, 2007-07-16. (http://alainet.org/active/18643).
Cevallos, Diego (2007) "México: Amenaza de televisoras contra reforma electoral", IPS, 7 de septiembre, (http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=42103.)
CMSI (2003) Declaración de Principios de Ginebra. http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html
Fazio, Carlos, 2007. "México: Golpismo televisivo", Prensa Latina, 21 de septiembre
Gaytán Alcalá, Felipe y Juliana Fregoso Bonilla (2006) "La ley Televisa de México", Revista Chasqui 94, Quito, (junio) (http://chasqui.comunica.org/content/view/472/1/)
León, Osvaldo (2007) Comunicación y política: el medio como elector. Ponencia en el V Encuentro de
McChesney, Robert W. (2007) "EE.UU.: Avanza el movimiento por la reforma mediática", América Latina en Movimiento 421, (junio) p.3-8
Ó'Siochrú, Seán y Bruce Girard (2002) Global Media Governance, A Beginner's Guide. Lanham: Rowman and Littlefield.
[1] En los medios comerciales, más que información, los "productos" a vender son audiencias, y los compradores, los anunciantes. Al respecto ver Croteau, David y William Hoynes (2001) The Business of Media: Corporate Media and the Public Interest.
[2]
[3] Ver, por ejemplo, la presentación de
[6] Ver el artículo de João Brant (2007) "Brasil: Desafíos del movimiento por la democratización de la comunicación", América Latina en Movimiento 421 (junio), p. 9-14.
[7] Hemos desarrollado más sobre este tema entre otros en: Se cayó el sistema; Enredos de
[8] Ver mis balances de las dos Cumbres: Burch, Sally (2003) "CMSI: Acuerdos mínimos y compromisos débiles", 16 de diciembre. www.alainet.org/active/5175 y Burch, Sally (2005) "CMSI: Promesas e incertidumbres", 29 de noviembre. www.alainet.org/active/19221.
[9] El plan regional E-lac 2007 fue adoptado en 2005: www.itu.int/wsis/docs2/regional/action-plan-elac2007-es.pdf
https://www.alainet.org/fr/node/127922?language=en
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