No es novedad que la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados se redactó a favor de las empresas transnacionales de los transgénicos. Por eso se la conoce como Ley Monsanto. El 24 de marzo entró en vigor el reglamento de dicha ley, elaborado a puertas cerradas, que retoma y empeora todos los aspectos negativos de la ley, para facilitarle a las trasnacionales los trámites para vender sus semillas transgénicas en el país, legalizando así la contaminación.

Como señaló Alejandro Nadal, si un agricultor sufre daños por contaminación, no tendrá ninguna defensa para exigir reparación por daños (ver La Jornada, 26/10/2008). Aún peor: las víctimas de la contaminación podrían ser demandadas por las empresas por "uso indebido" de sus genes patentados, tal como ya ha ocurrido en cientos de casos en Estados Unidos.

El reglamento establece también que las decisiones podrán ser apeladas por las empresas, pero nunca por la gente común, por ejemplo, los campesinos e indígenas que verán su maíz milenario contaminado. Es curioso, por decirlo de alguna manera, que el único párrafo que nombra los posibles impactos socioeconómicos (art 16.5.d), está referido a que las empresas pueden presentar información adicional que será tenida en cuenta por las secretarías. Monsanto, Syngenta o DuPont pueden alegar lo positivos que serán los cultivos frankenstein según su propia y particular interpretación, pero los 100 millones de habitantes de México que podrían mostrar que los transgénicos enajenan la soberanía alimentaria, empeoran sus condiciones de vida y contaminan sus cultivos y alimentos no tienen derecho a apelación.

El aspecto central -y el más peligroso- del reglamento es que se deja en manos de las propias empresas solicitantes presentar, documentar y analizar los riesgos, impactos ambientales, a la salud, a la diversidad biológica, e incluso la evaluación, monitoreo y control de los riesgos que conllevarán sus cultivos transgénicos. O sea, es la parte interesada que dirá si las semillas que nos quieren vender tendrán algún problema. Teóricamente, esto será revisado por una comisión de expertos, pero las empresas ni siquiera tienen que presentar la documentación de sus fuentes, solamente indicarlas. A ello se suma que las empresas definirán qué partes de la solicitud son consideradas "confidenciales". Esto quiere decir que ellas definen qué puede ver el público, pero también, que lo marcado como confidencial ni siquiera se distribuirá entre los miembros del comité evaluador, solamente lo verá una sola persona, que será quien coordina este comité.

Es posible entonces que una sola persona, basada en las informaciones de la parte interesada por razones de lucro, sea quien decida sobre la experimentación con maíz transgénico en México, el centro de origen del cultivo, producto del trabajo, sabiduría y conocimiento de millones de personas durante más de diez mil años.

Huelga decir que los argumentos de las partes interesadas siempre serán parciales en su propio beneficio. Por ejemplo, Monsanto, para lograr la aprobación de la hormona transgénica rBGH que se inyecta a las vacas para producir más leche, reportó en la solicitud a las autoridades regulatorias de Estados Unidos, que las vacas sufrían más enfermedades y que tenían un aumento significativo de otra hormona, la IGF-1. Pero sus conclusiones afirmaban que eso no tendría ningún impacto sobre la salud humana. Informes científicos independientes posteriores mostraron lo contrario, que el consumo de esa leche lleva a aumentos de la hormona IGF-1 en humanos, lo que está asociado a cáncer de seno, próstata y colon. El mismo proceder tuvo Monsanto con experimentos con ratas de laboratorio que indicaron graves anomalías en los órganos internos y sangre, al ser alimentadas con un tipo de maíz transgénico. En las conclusiones presentandas a las autoridades dice que son datos irrelevantes y que son "variaciones normales entre ratas". Estos son apenas algunos de los casos que salieron a la luz. La verdad es que los comités de expertos deberían pasar la vida estudiando y poder realizar estudios independientes, para poder realmente fiscalizar los datos de las propias empresas, cosa que obviamente no sucederá. No existen ni los recursos ni la voluntad política para que esto ocurra.

En su lugar, lo que hay es una vergonzosa farsa leguleya para disimular que se entrega sin condiciones la soberanía alimentaria y el patrimonio genético más importante de México -el maíz- para que las transnacionales de las semillas puedan aumentar sus ganancias. De ninguna manera es el último capítulo. Con o sin reglamento, la resistencia social contra los transgénicos continuará.

- Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC

(Publicado en La Jornada, 29 de marzo 2008)