Los niveles de “tirantez” política que estamos viviendo los uruguayos como resultado de la intolerancia que se vive, surgida de las más diversas tiendas, luego de que trascendiera una posición de ministros de la Suprema Corte de Justicia que, estaría por declarar la “inconstitucional” de la aplicación del IRPF a los jubilados, es preocupante porque muestra rasgos de irracionalidad, sectarismo y carencia de los “modales” de convivencia que deben caracterizar las relaciones en un régimen democrático.

¿Qué nos está pasando a los uruguayos cuando estamos a dos años de las próximas elecciones nacionales? ¿Este clima de enfrentamiento, denuncias y agresiones se mantendrá en el tiempo, aunque lo que este en juego – como en este caso - sea un dictamen judicial que hace que el Ministerio de Economía deba ajustar sus planes de gastos a una nueva realidad que, según ha adelantado el propio ministro Danilo Astori, no será una alternativa que modifique mucho las cosas?

Por ello es hora de llamar a todos los principales actores de lo que está ocurriendo a una necesaria reflexión, porque el clima de tensiones que se vive en el país a lo que se suman los coletazos de la crisis del dólar que, quiérase o no, comenzará a afectar a nuestra economía pese a que la estadísticas por el momento nos sigan colocando en un crecimiento importante de las exportaciones, no es beneficioso para nadie.

¿Cómo es posible que unos se abroquelen con firmeza desusada para defender una norma que podría ser declarada inconstitucional? ¿Tampoco es adecuado que la oposición política (blancos y colorados), traten de sacar “tajada” política de una resolución de la Suprema Corte de Justicia que “horada” otro de las fuentes de recursos que impuso este impuesto?

Pero lo peor de todo es el escándalo gratuito y desubicado que tuvo como centro los trascendidos previos a la resolución corporativa de la Suprema Corte, los que en definitiva no sirven para cambiar nada ni para torcer opiniones ni hacer variar las opiniones de los ministros que han tomado la decisión sobre algunos de los recursos ya presentados. ¿Qué sentido tiene el lanzar sombras sobre los ministros de la Corte, o los funcionarios que actúan en los acuerdos, porque llegó a la prensa una versión sobre la orientación del voto de cada ministro? Fue una forma irracional de enrarecer una situación política que, obviamente, por la virulencia manifestada por más de un actor, evidentemente sirvió para favorecer – en este caso si y de manera ostensible – a la oposición política al gobierno que, sin mover un dedo, se convirtió en el centro de una agresión que, como cualquier analista de la opinión pública lo puede decir, la favorece.

¿Cómo puede visualizar un jubilado de clase media baja (porque recordemos que se cobra IRPF desde la segunda franja de ingresos), que se pretenda mantener el gravamen más allá de sus presunta “inconstitucionalidad”? Evidentemente que ingresarán en un mar de dudas sobre al funcionamiento del país y ello, por supuesto, también favorecerá a la oposición política ¿O no?

Por ello nos sorprende el abroquelamiento tan cerrado de algunos sectores frenteamplistas que, en lugar de reclamar la más absoluta legalidad de cada una de las normas, cuestionan irracionalmente los mecanismos de resolución de la Suprema Corte y hasta la capacidad de decisión de alguno de sus ministros. Estamos de acuerdo que en el marco del sistema previsional hay muchas cosas que reformar, porque no es un sistema, por dispar y desordenado, que aparezca justamente como un ejemplo de justicia. Sabemos que los jubilados de Industria y Comercio tienen mínimos de hambre, pese a algunos esfuerzos que ha hecho el gobierno para mejorar esa situación que conlleva al infra consumo. Pero también están las jubilaciones altas, que algunos consideran de “privilegio”, que en el caso de la Caja Civil favorecen generalmente a miembros retirados de la clase política y, en otro rubro, luego de haber utilizado las prerrogativas producidas durante la dictadura, que favorecen a algunos militares, que se jubilan a edades inferiores a los 60 años, edad exigida para cualquier mortal afiliado a otra Caja de Jubilaciones, pero además con la totalidad del sueldo que gana en actividad, lo que es en este país y dentro de la situación de la masa de jubilados, un privilegio insultante.

Por supuesto que se podría elaborar un largo catálogo de injustas normas y reglamentaciones que empobrecen a quién, luego de años y años de trabajo y aportes, se jubilan. El presidente del BPS, Ernesto Murro, en más de una oportunidad, lo ha reconocido y su positiva gestión ha servido para que ese instituto previsional acrecentara su recaudación haciendo menos onerosa el mantenimiento de la seguridad social para la tesorería de la nación. Quitas, mejores 10 de los últimos 20 años, topes, etc. La verdad es que la suma de mecanismos que achican en ingreso de quienes se jubilan es importante, a lo que debe sumarse la desaparición del aguinaldo, el salario vacacional, etc.

Por ello para la mayoría de los jubilados la suspensión del cobro del IRPF sería un elemento positivo pese a que, es evidente, que como nosotros mismos hemos sostenido en trabajos anteriores, horadar este impuesto cuestionará con claridad su efectividad, pese a qué el ministro de Economía sostenga algo diferente y se sienta con fuerzas para que la reducción de la recaudación, en unos 100 millones de dólares, se diluya en el maremágnum de la rendición de cuentas que deberá tener una próxima consideración parlamentaria.

Todo un proceso difícil, lleno de claros y oscuros, donde no se supo separar lo anecdótico de lo esencial y, de alguna manera por carencias de claridad política quienes trataron de defender al gobierno sosteniendo la vigencia del IRPF a las jubilaciones, obtuvieron – nos parece – el resultado inverso, fundamentalmente porque no supieron separar la anécdota del fondo del asunto, haciéndole ganar a la oposición, desvaída y sin mayores alternativas, un papel de actor de primera magnitud que, evidentemente, pudo “florearse” ante muchas agresiones nada adecuadas. Lo esencial era, obviamente, el fondo de la cuestión: determinar que hacer ante la declaratoria de inconstitucionalidad de IRPF para los jubilados y no buscar “fantasmas”, atizar el odio entre distintas categorías de jubilados, ni sostener que tras el voto de los ministros de la Suprema Corte estaba el ingrediente de la presión realizada por iniciativa de la “derecha” política.

El tema de la “filtración” a la prensa valía más no menearlo, porque quizás tirar de ese hilo pueda llevar a resultados también difíciles de “digerir” para alguna interna política. Pero además las “filtraciones” es uno de esos temas de todos los días, porque –nos preguntamos – ¿qué medio no tiene o busca informantes en cada repartición pública? ¿Y no hay políticos, ministros, funcionarios de alto nivel o ministros que les gusta perfilarse, por distintas razones, actuando como “informantes”?

Quién esté libre de culpa que tire la primera piedra.

- Carlos Santiago es periodista. Secretario de redacción de Bitácora.