El bombardeo realizado por el gobierno colombiano –bajo el mando directo del presidente Alvaro Uribe- a territorio ecuatoriano, y la incursión posterior en el mismo de tropas colombianas con el objetivo de secuestrar los cuerpos de dos líderes de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), es uno de los hechos más graves sucedidos en los últimos años en nuestra región. Al tiempo que viola la soberanía de un país latinoamericano, amenaza colocar a todo el continente en la lógica de guerra de Uribe/ Bush. No sorprende que el único apoyo explícito que ha recibido el gobierno colombiano, en la reunión de la OEA, haya sido el del gobierno de EE.UU.. Poco antes de la sesión en la que la mayoría de los países latinoamericanos demandaban la condena a la agresión militar a Ecuador de la administración uribista, George Bush expresó: "El mensaje de nuestro país al presidente Uribe y al pueblo colombiano, es que estamos al lado de nuestro aliado democrático".

 Contrariando las hipótesis difundidas como pretendida justificación por el gobierno de Colombia, multiplicadas hasta el infinito en los informes de la "Red CNN", las versiones de los hechos que se fueron conociendo en las últimas horas apuntan a una lectura completamente diferente de lo sucedido. Desde sectores tan disímiles, como el presidente de Francia Nicolás Sarkozi, el presidente de Ecuador Rafael Correa, el presidente de Venezuela Hugo Chávez, o la dirección de las FARC, se coincide en señalar que Raúl Reyes se encontraba en territorio ecuatoriano, cumpliendo con un conjunto de compromisos tendientes a viabilizar una nueva entrega de rehenes. Precisamente éste fue el objetivo que se bombardeó desde el gobierno colombiano, con el apoyo tecnológico y la inspiración política del gobierno norteamericano: una nueva liberación de rehenes, permitiría ganar confianza en una oportunidad para la paz.

 El comunicado realizado por la dirección de las FARC-EP, afirma que Raúl Reyes, "cayó cumpliendo la misión de concretar a través del presidente Chávez, una entrevista con el presidente Sarkozi, donde se avanzara en encontrar soluciones a la situación de Ingrid Betancourt, y al objetivo del intercambio humanitario". Por su parte el presidente ecuatoriano Rafael Correa, en declaraciones en las que ratificaba la ruptura de relaciones con Colombia, aseguró que con el ataque se intentó "retrasar las nuevas liberaciones humanitarias de 12 rehenes entre los que se encontraba Ingrid Betancourt, y en los que su gobierno –así como el de Francia y Venezuela- llevaban conversaciones avanzadas". Fuentes de la Cancillería argentina revelaron que tres negociadores franceses que esperaban un contacto con Raúl Reyes, fueron advertidos por el "Comisionado para la Paz" del gobierno de Uribe, Miguel Ángel Restrepo, para que no se acercaran al territorio donde estaba previsto el encuentro.

 El conjunto de informaciones muestran que esta operación, prevista con el suficiente tiempo como para "avisar" a los negociadores franceses, pero no al presidente del Estado cuya soberanía sería violada, tenía muchos filos: lograr un golpe de efecto en la dirección principal de la prédica uribista, que sostiene que la "pacificación" sólo será posible con la "destrucción de las fuerzas guerrilleras", y no a través del diálogo político; la tensión de la situación regional y la creación de un clima de guerra en el continente; y la liquidación de la expectativa que generó la intervención del presidente Hugo Chávez y de la senadora Piedad Córdoba de apertura de un camino real de intercambio humanitario, que además de lograr salvar las vidas de rehenes y de los miles de presos que el gobierno colombiano mantiene en condiciones inhumanas, pudiera ser un rumbo concreto para asegurar la paz.

 Paréntesis para la memoria

 Quedó claro en estos hechos que, una vez más, se asesinan los esfuerzos de paz por la espalda. Una vez más, la política imperialista quedó asociada con el crimen y la traición. Vale recordar que el 21 de febrero de este año, se cumplieron 74 años del asesinato del General de Hombres Libres, Augusto Cesar Sandino. Sandino salía de un encuentro con el presidente de Nicaragua, Juan Bautista Sacasa, en el que celebraban la paz recién firmada. El asesinato fue ordenado por Somoza, con la complicidad del embajador norteamericano Arthur Bliss Lane. Cuenta la historia que cuando escuchó los disparos que daban muerte a Sandino y a un grupo de sus compañeros, don Gregorio, padre de Sandino, que lo había acompañado al encuentro exclamó: «Ya los están matando. Siempre será verdad, que el que se mete a redentor muere crucificado».

 Podríamos recordar que también Emiliano Zapata fue asesinado a traición, el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca. Su asesino, Jesús Guajardo, luego de tenderle la emboscada mortal, fue ascendido a General por orden de Venustiano Carranza, quien había usurpado la presidencia de México.

 Es larga la lista de crímenes políticos realizados en América Latina y el mundo. En el Cono Sur, sabemos del apoyo abierto a las dictaduras genocidas en la década del 70. En Colombia, bajo la apariencia de gobiernos "democráticos", se ha sostenido por décadas el genocidio de los sectores populares. Pero de esta larga historia, tal vez sea imprescindible recordar el exterminio en Colombia de la Unión Patriótica (UP).

 En 1984, como consecuencia de los diálogos entre el entonces presidente de Colombia Belisario Betancourt y las FARC, se pactó un conjunto de compromisos llamados "Acuerdos de La Uribe", en los que acordó el surgimiento de un movimiento de oposición política, que actuaría como mecanismo para permitir que la guerrilla se fuera incorporando a la vida legal del país. Esta decisión, creó grandes esperanzas a sectores políticos y sociales de dar pasos reales hacia la paz, sin renunciar a los objetivos de transformación social que habían dado origen veinte años antes a las guerrillas de las FARC.

Recordaba Raúl Reyes en una entrevista que le realicé en 1997 para la revista América Libre, que "Las FARC nacen en 1964 en Marquetalia. Se habían consolidado en esa región agraria campesinos que habían huido de distintas regiones del país, perseguidos por la violencia liberal conservadora de la década del 50. Se asentaron en esa región, allí tenían sus fincas, sus animales, sus labranzas, su comercio, y se habían organizado para defenderse de las agresiones de los pájaros y las chuladitas (así se conocen a los grupos paramilitares). Luego el gobierno comenzó a decir que era muy peligrosa esa región porque era un nido de comunistas. Hubo muchas denuncias de los campesinos de la región, sobre todo a organizaciones internacionales y también nacionales, pidiendo que no los fueran a agredir, que eran trabajadores. Desde el Senado de la República, en aquella época, los jefes de los partidos liberal y conservador lanzaron una campaña contra los campesinos de Marquetalia. La excusa para la operación militar contra los campesinos, era que allá existía una república independiente que había que recuperar con la fuerza de las armas del Estado. Resolvieron agredirlos con 16.000 hombres. Estos campesinos, liderados y organizados por el camarada Manuel Marulanda, con 48 hombres más, se alzaron en armas y enfrentaron la agresión, y de ahí para acá se distribuyeron en todo el país en guerrillas móviles. Ése es el origen de las FARC". Afirmaba más adelante Raúl Reyes: "La actividad fundamental de la guerrilla es la lucha armada, pero las FARC es una organización político militar, una guerrilla ideológica, y por eso permanentemente hace propuestas conducentes a buscar la paz, a buscar soluciones distintas a la guerra. Pero no hay por parte de la clase política colombiana, una predisposición a cualquier entendimiento, a cualquier fórmula distinta de la guerra. Porque ellos se benefician de la guerra, y reciben mucho apoyo de Estados Unidos en la lucha contraguerrillera". Al valorar la experiencia de la Unión Patriótica, decía: "Las FARC hicieron una propuesta política que fue la Unión Patriótica. Se llama al pueblo para que a través de la Unión Patriótica expresara sus intereses mediante esa organización, y tuvo una acogida enorme en ciudades y en el campo, al punto que la Unión Patriótica alcanzó un buen número de congresistas, de diputados, con un crecido número de votos y con unas posibilidades inmensas en muy corto tiempo de existencia, en muy corta vida. Eso preocupó muchísimo al militarismo, a liberales y a conservadores, al punto que empezaron a asesinar a los dirigentes de la Unión Patriótica, a eliminarlos físicamente, aplicando el terrorismo de Estado cruel contra todos  los dirigentes. Lograron liquidar a la Unión Patriótica, asesinaron candidatos presidenciales, senadores de la República, alcaldes, jueces, sacerdotes, profesores, estudiantes universitarios y secundarios. Por eso la Unión Patriótica desaparece. A los tiros la sacan de la contienda política".[1]

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso colectivo No. 11.227, que presentó la dirección nacional de la Unión Patriótica (UP), la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas. En su informe de admisión (No. 5 del 12 de marzo de 1997) la CIDH señaló: "Los hechos alegados por los peticionarios exponen una situación que comparte muchas características con el fenómeno de genocidio y se podría entender que sí lo constituyen, interpretando este término de conformidad con su uso corriente". Y agregó que, "los peticionarios han presentado argumentos que procuran establecer una práctica de asesinatos políticos en masa y la persecución extrema de los miembros de la Unión Patriótica con la intención de eliminar físicamente al partido y de diluir su fuerza política. Los peticionarios anexaron a su petición una lista de 1.163 miembros de la Unión Patriótica que fueron ejecutados extrajudicialmente entre 1985 y 1993. Presentaron, asimismo, una lista de 123 personas que fueron desaparecidas por la fuerza, otra de 43 personas que sobrevivieron atentados de asesinato y de 225 personas que recibieron amenazas durante el mismo período (parágrafos 24 y 25)".

 Es sabido que en ese contexto, fueron muchos más los luchadores y luchadoras exterminados, cuyos nombres no han sido identificados, y también muchos y muchas las familias desplazadas, destrozadas, como consecuencia de las políticas de exterminio de la Unión Patriótica.

 Otras organizaciones políticas y sociales fueron también víctimas de la persecución selectiva y de la eliminación física de sus dirigentes. Conviene recordar que el líder del M 19 (Movimiento 19 de Abril), Carlos Pizarro, fue asesinado por la espalda el 26 de abril de 1990, dentro de un avión, a escasos dos meses de haber firmado la paz. Era el candidato presidencial del M 19. El 9 de marzo de 1990, en las montañas del Cauca, el M 19 dejó las armas. En esa oportunidad Pizarro expresó en su discurso: "Se han hecho muchas preguntas alrededor de la preocupación de muchos colombianos, en el sentido de que el M 19 no tenga la suerte de la Unión Patriótica. Creo que en las manos de todos los que estamos aquí y de los hombres que creen que estamos asistiendo al último cuarto de hora se está jugando el destino de Colombia". Como tantas veces, el militarismo colombiano jugó su carta de plomo.

 Otros dos candidatos presidenciales –pertenecientes a la Unión Patriótica-, Jaime Pardo-Leal y Bernardo Jaramillo-Ossa, fueron asesinados en 1987 y 1990 respectivamente. Cuando fue el asesinato de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, un dirigente joven muy convencido profundamente de la necesidad de dar una oportunidad a la paz, estaba realizando una gira por Buenos Aires y otras ciudades latinoamericanas, en las que iba denunciando la política de muerte ejecutada por militares y paramilitares en Colombia. Charlando con él luego de una entrevista, le pregunté qué medidas de seguridad estaban tomando ante esta ofensiva de muerte. Bernardo bromeando respondió: "las medidas del cajón". Unos años después, él era asesinado en otro aeropuerto.

 Señala un informe sobre este genocidio que "en 1994 la UP perdió al último de los miembros de su bancada parlamentaria, al ser asesinado el senador Manuel Cepeda-Vargas. Con anterioridad ocho congresistas habían sido víctimas de mortales atentados ocurridos, mayoritariamente, en sus sitios de vivienda. Cientos de alcaldes y representantes a los poderes locales han sido eliminados. En ocasiones se ha presentado el asesinato sucesivo de hasta cuatro alcaldes del movimiento en una misma localidad. Las sedes de la UP han sufrido los estragos devastadores de más de 30 atentados dinamiteros, y también se ha recurrido al silenciamiento de los testigos, sobrevivientes o de los familiares de las víctimas que han exigido justicia. El resultado de esta multiforme estrategia de persecución ha sido la muerte violenta de más de 5.000 personas y el desplazamiento o exilio forzados de una cifra indeterminada de la base social de la colectividad política. Dichas cifras tienen carácter provisional, pues hasta hoy se llevan a cabo actos de ejecución, persecución y amenaza"[2].

 En el caso del movimiento sindical legal, una publicación reciente de la Escuela Nacional Sindical, da cuenta de 2.515 sindicalistas asesinados por el poder represivo del Estado[3]. Precisamente Raúl Reyes, antes de incorporarse a la guerrilla era militante sindical. Después del asesinato de varios de sus compañeros, encontró que no quedaban mejores caminos que unirse a las fuerzas guerrilleras.

 Las políticas de muerte continúan hasta el presente. La Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia denuncia que "en Colombia desde hace 50 años se vive un conflicto social y armado, que ha causado uno de los dramas humanitarios más graves y antiguos del planeta: cientos de miles de muertos y desaparecidos, y más de 4 millones de desplazados internos dan cuenta de esta situación. La mayor parte de los crímenes han sido cometidos por grupos paramilitares que actúan bajo la protección de las Fuerzas Militares y de altos funcionarios del estado colombiano, y son financiados en muchas ocasiones por las multinacionales. Estas estructuras paramilitares y sus aliados han dado muerte a más de 15.000 personas, entre las que se cuentan 1.700 indígenas, 2.550 sindicalistas, y cerca de 5.000 miembros de la Unión Patriótica, enterradas en más de 3.000 fosas comunes o arrojado sus cadáveres a los ríos. Desde el 2002, fecha de su "supuesta desmovilización", han asesinado a 600 personas cada año… En los últimos años las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército Nacional han aumentado. Desde el 2002 las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han denunciado más de 950 ejecuciones de civiles presentados como muertos en combate. Desde el 2006, numerosos escándalos han hecho evidentes los nexos estrechos entre los grupos paramilitares y decenas de políticos, incluyendo parlamentarios, gobernadores, militares y otros agentes estatales. A pesar de esto muchos políticos continúan ejerciendo cargos públicos o diplomáticos".

 La política norteamericana para la región

 La nueva estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, formulada por Bush en Washington el 17 de noviembre del 2002, proclama que "en el mundo ha ocurrido una victoria decisiva de las fuerzas de la libertad, que es la de un solo modelo sostenible de éxito nacional: libertad, democracia y libre empresa". Un triunfo decisivo debería conducir al desmantelamiento de la "posición de fuerza militar sin paralelo" que mantiene Estados Unidos, por lo cual declara  que "la guerra contra el terrorismo de alcance global es una empresa mundial de duración incierta" y se amenaza, no sólo con que dicho país "ayudará a aquellos países que necesitan nuestra ayuda para combatir el terrorismo" sino que "hará responsables a aquellos países comprometidos con el terrorismo -incluso aquellos que dan refugio a terroristas-, porque los aliados del terrorismo son enemigos de la civilización". Todos los países de la tierra quedan involucrados en la confrontación que interesa a Estados Unidos. El gendarme del mundo se reserva el derecho a intervenir, bombardear, secuestrar personas, asesinar, en nombre de la libertad y de la democracia.

 En esta concepción, con la cual los Estados Unidos están interviniendo en el mundo, la definición del enemigo no requiere  que éste haya perpetrado alguna violencia, sino que Estados Unidos piense que podría cometerla.  Y afirma que "si bien Estados Unidos tratará constantemente de obtener el apoyo de la comunidad internacional, no dudaremos en actuar solos, en caso necesario, para ejercer nuestro legítimo derecho a la defensa propia, con medidas preventivas contra esos terroristas, a fin de impedirles causar daños a nuestro pueblo y a nuestro país; y privar a los terroristas de nuevo patrocinio, apoyo y refugio seguro, convenciendo u obligando a los Estados a aceptar sus responsabilidades soberanas".

 Los planes norteamericanos tendientes a constituir un "sistema hemisférico de seguridad" y a asegurar el control físico del territorio latinoamericano, -donde se juega una parte fundamental de la batalla de la burguesía norteamericana por asegurar su hegemonía mundial-, comprende desde la consagración de doctrinas intervencionistas en acuerdos y tratados internacionales, el espionaje militar y sociológico –vale recordar la denuncia realizada recientemente por el presidente de Bolivia Evo Morales, respecto de los espías contratados por la USAID-, planes de adiestramiento de los ejércitos locales, maniobras conjuntas en distintos operativos, instalación de distintos tipos de bases militares, acción común en políticas de control de pueblos y territorios como es la invasión a Haití, la venta y suministro de armamentos, el aporte de instructores, entre otros mecanismos que llegan a la intervención armada abierta en otros países.

 Venezuela en la mira

 Todas estas consideraciones tienen que ser actualizadas con la mirada que existe en la administración norteamericana sobre el nuevo contexto que se presenta en Latinoamérica, donde después de varias décadas de aplicación a rajatabla de las políticas neoliberales, los pueblos han expresado de diferentes modos su cansancio. Puebladas, elecciones, insurrecciones, fueron distintas caras de una misma expresión: "¡ya basta!".

 En los comienzos del siglo 21, este nuevo "estado de ánimo" derivó en la llegada al gobierno de distintas fuerzas políticas que recibieron como mandato popular priorizar una respuesta a la grave crisis social provocada por los proyectos fondomonetaristas. Más allá de las enormes diferencias existentes entre unos y otros gobiernos de la región, el resultado inmediato es una nueva relación de fuerzas en América Latina, que amenaza la prepotencia imperialista. En esa tensión, así como Colombia y Paraguay están siendo pilares de apoyo de la política norteamericana, Venezuela junto a Cuba y Bolivia –los países promotores del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas)- se han situado en el otro polo de la confrontación, tendiente a crear una actitud de autodeterminación de los países latinoamericanos, que rompa con la inercia de las "relaciones carnales" con los EE.UU.

 Sin embargo, tanto en Colombia como en Paraguay, han surgido fuerzas políticas de contenido progresista o democrático, que a pesar de sus fuertes contradicciones, podrían en perspectiva desestabilizar aun más esas relaciones.

 La política de guerra de Uribe y Bush tiende a revertir el proceso de acumulación de fuerzas de los movimientos populares antiimperialistas, y a hacerlo a través de la apelación nuevamente al terror, a la guerra, al miedo.

 Como sostiene la analista brasileña María Luisa Mendonça: "La guerra en Colombia es esencial para que Estados Unidos mantenga un aparato bélico en la región. El Plan Colombia fue construido para servir de plataforma militar regional y, en diversos momentos, el gobierno estadounidense intentó involucrar a los países de Cono Sur en el conflicto… A partir de 2002, Colin Powell garantizó un subsidio adicional de 731 millones de dólares para financiar la participación de Ecuador, Bolivia y Perú en el Plan Colombia. El papel de Ecuador era central, sobre todo porque Estados Unidos utilizaban la Base de Manta, con capacidad de controlar el espacio aéreo de la región Amazónica, del Canal de Panamá y de Centroamérica. La elección del presidente Rafael Correa interrumpió el apoyo de Ecuador al Plan Colombia, ya que una de sus principales medidas fue anunciar que no renovaría el acuerdo con Estados Unidos para el control de la Base de Manta. La elección del presidente Evo Morales en Bolivia y el cambio en la política externa de aquel país significó un problema adicional para el gobierno estadounidense en la región".

 Parar al militarismo con la movilización popular

 Con estos antecedentes, volvemos a preguntarnos sobre cuáles son los mejores caminos para los pueblos de América Latina, y qué lugar tiene la paz en Colombia para asegurar un rumbo u otro.

 Es evidente que la guerra es interés de la política hegemónica norteamericana. También queda claro que los procesos populares que hoy se desarrollan en diversos países de América Latina, retrocederían violentamente en un nuevo escenario marcado por el militarismo. La galvanización de un contexto marcado por la guerra, significaría la postergación de las demandas y de las posibilidades de que en esta nueva etapa del continente, se pueda avanzar en dirección a procesos de real protagonismo y de creación de experiencias de poder popular.

 Luchar por la paz, luchar por la vida, son necesidades fundamentales de nuestros pueblos. Pero se impone crear las condiciones para que esas batallas no sean frustradas por las trampas y traiciones del poder hegemónico. Se trata de que la paz abra el camino no para la destrucción de las fuerzas rebeldes, sino para su participación política en la búsqueda de nuevos horizontes emancipatorios. Y esta perspectiva, sólo puede ser asegurada desde una intensa movilización internacionalista que recorra los cimientos del continente.

 En ese nudo de contradicciones, una batalla central se libra en estos días. Su corazón es Colombia. La solidaridad con las víctimas del terrorismo de estado, con las organizaciones populares colombianas, con la memoria de los caídos y caídas en las luchas de liberación, tiene hoy el rostro de la movilización callejera. Para muchos movimientos populares, esto plantea el desafío de repolitizar sus demandas, de construir los lazos entre perspectivas puramente sectoriales o locales de las batallas, y una acción que no se agota ni siquiera en el plano nacional, sino que exige un posicionamiento latinoamericano e internacionalista consecuente. Para algunas fuerzas de izquierda, el desafío es trascender las políticas puramente electoralistas, y los cálculos mezquinos de pérdidas y ganancias en el escenario nacional inmediato.

 El presente y el futuro de Colombia, cada vez queda más claro, nos concierne a todas y a todos. Pero no se trata de reaccionar solamente por el miedo que produce la posibilidad concreta de que el continente se sumerja en un tenebroso tiempo de guerra; se trata de que todavía estamos a tiempo para que nuestra movilización tenga como objetivo, afirmar las fuerzas populares para un momento de recuperación de la ofensiva. No se trata de no perder, sino de luchar para vencer. La victoria, en este contexto mundial, necesariamente será política, y tendrá el rostro de la paz.

 6 de marzo del 2008

________________________________

[1] Publicado en América Libre Nº 10.

[2] Fuente: Iván Cepeda Castro y Claudia Girón Ortiz, Le Monde diplomatique, Mayo de 2005, No. 614.

[3] "2.515 o esa siniestra facilidad para olvidar". Investigación realizada por Guillermo Correa Montoya, del Area de Defensa de Derechos Humanos y Laborales de la ENS.