A todos, parece ser, que en el marco de la visita a nuestro país de la comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, Louise Arbour, les quedó claro, así llanamente, que el Ejército no es policía y esa no es su labor; por cierto la decisión en México de sacar de los cuarteles a los soldados para enfrentar al crimen organizado, es totalmente contraria a la línea que siempre ha sostenido el organismo mundial.

Fue de tal manera contundente la posición de la funcionaria de nacionalidad canadiense, que el presidente Felipe Calderón Hinojosa, se comprometió a que en la medida en que avance la organización de las instituciones civiles, la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia organizada, será cada vez más esporádica.

De la declaración presidencial, en primer lugar se desprende, como ya lo hemos comentado en otras entregas, que no estamos ante un mandatario tozudo, como en el pasado, y que tiene la suficiente flexibilidad para determinar los mejores caminos para México, en este caso en un asunto tan sentido, como es de los derechos humanos.

Así lo esperamos, y el tiempo nos dirá si efectivamente hay un cambio sustancial, en cuanto aquella radical posición de “la mano dura”. Una cosa es la actitud en el poder de la firmeza y otra muy diferente la del garrote como toda forma de acción ante los problemas y fenómenos sociales.

Más dramático no podía haber sido el encuentro entre Calderón y Arbour, casi a las misma hora, en una refriega con delincuentes, fue muerto el coronel, Fortino Castillo León, dos delincuentes y tres civiles, además de que otros tres militares resultaron heridos, cuando el Ejercito realizaba un cateo en una casa de Parácuaro, Michoacán.

Es de resaltarse la firme posición de la comisionada de Naciones Unidas, ante los argumentos absurdos de algunos actores políticos, por ejemplo el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, el panista Alejandro González Alcocer, quien señaló que “no siempre los países pueden estar cumpliendo al ciento por ciento con los convenios internacionales”, debido a las condiciones y características propias de cada nación, y que por ello se recurre a las fuerzas armadas “porque no nos queda de otra”

La contestación de la funcionaria internacional fue contundente: “No voy a juzgar la sabiduría de tener ese recurso o haber llegado a esta ayuda del Ejército; creo que depende de todos nosotros reflejar las consecuencias de este tipo de actividades y para hablar de forma colectiva y fuertemente necesitamos iniciativas de seguridad bajo el estado de derecho. Los militares tienen sus operaciones, prácticas de protección a veces no adecuadas para ciertas áreas urbanas muy grandes donde los civiles se comportan de manera muy errática; hay muchas razones por las cuales yo creo que debemos tener mucho cuidado al utilizar este recurso”.

Y remato: “Los derechos humanos no son adversarios de la seguridad” y agregó: “Quiero enfatizar que rechazo totalmente cualquier sugerencia de que los derechos humanos son lo opuesto y un adversario a la seguridad. El derecho a la vida es fundamental; también a la libertad de la persona; la obligación primordial de un Estado es proveer o dar seguridad y voy a ser clara, no solamente de sus ciudadanos sino de todos aquellos que están bajo su jurisdicción, autoridad o control”.

Lo que no tiene nombre, fue cuando en otra reunión el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, le sostuvo que para el Poder Judicial de la Federación los asuntos relacionados con la defensa de los derechos humanos son “una prioridad”. ¿Es amnesia o burla? Se le olvidó al “togado de la impunidad” el caso de la colega Lydia Cacho, que gracias a su “atingencia”, se exoneró al represor de la informadora el tristemente famoso “gober precioso”, Mario Marín Torres.

En conclusión, coincidimos, el Ejército no es policía, y ante todo y sobre todo, la supremacía es asegurar los derechos humanos, sin distinciones de ninguna índole.

EN EL ÁTICO. Tres periodistas más han sido asesinados a balazos: en Camargo, Tamaulipas, Francisco Ortiz Monroy, corresponsal del Diario de México del Distrito Federal, y en Chimalhuacán, Estado de México, Bonifacio Cruz Santiago y su hijo Alfonso Cruz Pacheco, director y jefe de redacción del diario El Real de esa localidad. Con estas víctimas aumenta a 44 los periodistas asesinados del 2000 a la fecha y permanecen desaparecidos 7. Nuevamente nuestra Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, que preside Roberto Piñón Olivas, y la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México reiteran su exigencia de justicia.

- Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor mexicano.