En España hay un encontronazo entre la Iglesia y el Estado que latía desde hacía tiempo y que nadie era capaz de afrontar con entereza. Después de 40 años de nacional catolicismo, de dictadura y de control por parte del episcopado de la educación, la moral y la vida misma en todas sus dimensiones. Parecía que no se hubieran dado la Ilustración, ni las Revoluciones en EEUU y Francia, ni las Cortes de Cádiz, ni las Declaraciones Universales de Derechos, el progreso en las conquistas sociales, el acceso de la mujer a la educación. Se diría que el tiempo se hubiera detenido en el Concilio de Trento y en el Vaticano I.

Las prácticas de la Inquisición, tan próxima, la intolerancia y la intransigencia, el maridaje con el gran capital y con las oligarquías, la transformación en “Cruzada” (garantizado el cielo a quienes morían en ella, como entre los talibanes) de un Alzamiento militar contra la República democrática y legítima en 1936, las persecuciones y ejecuciones subsiguientes, el exilio de los mejores talentos, los escandalosos privilegios de obispos y de clérigos, la unión entre el Trono y el Altar, los esfuerzos del Gobierno de Felipe González por el diálogo con la Iglesia… parecen no haber servido de nada ante el inconcebible ataque de algunos cardenales y el estruendoso silencio de los obispos en una nueva cruzada que pone en duda el sistema democrático, que acusa al Gobierno legítimo de España, de pretender destruir la familia con las leyes del divorcio, la de interrupción del embarazo en los casos previstos, las uniones con efectos jurídicos de personas del mismo sexo, la asignatura de “Educación para la ciudadanía” en los colegios a la que acusan de manipulación y totalitarismo doctrinario, y la nueva ley que concede una ayuda por de unos 240 euros al mes a los jóvenes que trabajan para que puedan acceder a un piso de alquiler. Los obispos han calificado esta ayuda como “un ataque a la familia tradicional y unida”.

Lo curioso es que las leyes de divorcio y del aborto no fueron ni modificadas ni discutidas durante los gobiernos del PP y ahora ambas entidades han formado un frente común contra los fundamentos del Estado constitucional, plural, libre y democrático que tenemos. En los medios, y ya en la Universidad y en el mundo académico, se abordan estos temas tan propios del peor carácter y de la tradición españoles. Produciría vergüenza sino hubiera algo más en juego. Las descalificaciones e insultos desde los púlpitos y la emisora de los Obispos, así como en sus instituciones, colegios y universidades están creando un ambiente que alarma.

Muchos son los españoles que piden la denuncia de los Acuerdos con el Vaticano, que la Iglesia corra con sus gastos y que sus fieles la sostengan, que paguen impuestos, que se acaben los privilegios y asuman su corresponsabilidad democrática. Con sus actitudes, denuncias y manifestaciones por las calles están haciendo más anticlericales, más partidarios de un laicismo radical y más ciudadanos conscientes de su responsabilidad y de su fuerza.

Junto a esta caterva de insultos, el Gobierno se resiste a incluir en su programa electoral la denuncia de esos Acuerdos que sustituyeron al Concordato franquista.

Entre los artículos destacan los de Juan Luis Cebrián, del monje de Montserrat Hilari Raguer y el de Josep Ramoneda que escribe “cualquier relato que pretenda dar sentido a la existencia humana emana de la imaginación de los hombres. Los obispos pretenden excluir al suyo de la controversia con el obsceno recurso de hablar en nombre de Dios”. Por lo menos podrían tener la modestia del personaje de una novela de Andrei Makine: “Sólo se me ha pedido que os lo diga, no que os obligue a creerlo”. Y Zapatero, a pesar de la contumacia de los señores obispos, sigue haciendo concesiones. Debería tener el coraje de acabar con los privilegios de una religión que merece los mismos derechos que las demás.

El peso histórico de la Iglesia ha dificultado que apareciera una verdadera tradición liberal en España. Una Iglesia despoblada de feligreses y sin apenas vocaciones y que es incapaz de autofinanciarse, ha buscado en el ruido callejero una manera para hacer sentir su voz en una sociedad que cada vez la escucha menos.

Como señala Ramoneda, todos los españoles de cualquier creencia o increencia estamos financiando a la Iglesia católica, y ésta, ante cualquier contratiempo, responde cuestionando la democracia. A dos meses de unas elecciones generales esta acritud e inconsciencia puede derivar más lejos de donde quisieran sus responsables.

José Carlos García Fajardo
Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Director del CCS

Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS), España.
www.solidarios.org.es