La última semana de noviembre y principios de diciembre (2007), el régimen ecuatoriano enfrentó la movilización en la parroquia Dayuma, de la provincia de Orellana, y, al hacerlo, generó un hecho político de enorme significación que permite comprender el sentido que está adquiriendo la coyuntura y la política ecuatoriana en el mediano y largo plazo, en tiempos de socialismo de siglo XXI y de revolución ciudadana. La población de Dayuma se manifestó ante los incumplimientos del gobierno en materia de vialidad, energía eléctrica, y otras obras públicas que habían sido ofertadas por el gobierno.

A diferencia de las movilizaciones que hace algunos meses se efectuaron en la sierra centro sur en contra de la explotación minera, estas movilizaciones han tenido un inusitado despliegue en los medios de comunicación, y éstos empezaron a contrastar los argumentos del régimen y la dureza de la represión, con los testimonios de los pobladores que fueron brutalmente golpeados por el ejército, muchos de ellos fueron perseguidos en sus casas, de hecho el ejército con lista en mano, en la que constaban los nombres de los dirigentes de organizaciones sociales, empezó una cacería a éstos acusándolos de terrorismo; con esta estrategia mediática en la cual por vez primera la gran prensa ecuatoriana otorga un amplio espacio a las organizaciones de derechos humanos, se contribuyó a desvirtuar el argumento oficial de que la movilización había incluido la toma de pozos petroleros lo que había significado una enorme pérdida en el presupuesto gubernamental, así como el pronunciamiento gubernamental de que los manifestantes habían agredido con dinamita y armas a la fuerza pública y que ésta solamente se había limitado a garantizar el orden. Los medios de comunicación mostraron que la realidad distaba con mucho de las argumentaciones oficiales.

A primera vista se trata de un hecho político harto conocido y que viene desde los tiempos neoliberales: la población cansada ante tanta oferta demagógica decide salir a protestar y, dependiendo de las circunstancias, luego de la represión de rigor, arranca una o dos migajas del presupuesto, pero en esta ocasión no ocurrió así porque el gobierno de Alianza País vende la idea de que se trata de un régimen de izquierda, que está sintonizado con las necesidades populares, que no es un gobierno represivo y que está totalmente alejado de las prioridades del ajuste neoliberal.

De ahí la sorpresa que provoca el hecho de que el régimen enfrente con dureza y que empiece un proceso de criminalización a la protesta social bajo la figura del “terrorismo organizado” y el sabotaje, algo que no se había visto ni en los peores tiempos del neoliberalismo. Y el régimen confronta con dureza estas manifestaciones porque quiere generar un efecto demostración que atemorice a aquellos sectores sociales u organizaciones populares, sobre todo de las regiones afectadas por la producción petrolera y minera, de acciones similares. Se trata de cerrar cualquier válvula de expresión social que no sea aquella controlada políticamente por el régimen en momentos en los que cualquier tensión política pone en duda la legitimidad de su proyecto de largo plazo, en momentos en los se apuesta por una fuerte política extractivista de los recursos naturales.

Sin embargo, hay que añadir el contexto político: la Asamblea Constituyente. En efecto, el inicio de la Asamblea Constituyente no puede ser peor para el gobierno. Si bien es cierto que en las elecciones para asambleístas las listas oficiales ganaron con el 80% lo que les significó un control absoluto de la Asamblea, esta victoria puede revelarse un regalo emponzoñado. El régimen vio en su triunfo electoral en la Asamblea Constituyente un regalo de los dioses. Era la concesión de un poder absoluto al partido de gobierno en un hecho casi inédito en la política ecuatoriana. Incluso en los momentos de mayor profundización y radicalización de la reforma neoliberal, ningún gobierno pudo contar con tanto poder, y de ahí su necesidad de negociar y utilizar al sistema político como instrumento de negociación de la reforma neoliberal. Pero ahora el régimen de Alianza País no tiene oposición real de ningún tipo y eso a la larga es un problema. La poca oposición que puede existir solamente se convierte en un aditamento en la representación de la Constituyente que no cambia para nada el sentido de las políticas que se adopten, de ahí que éstas no tengan ese amortiguador o catarsis política que en el liberalismo representativo cumple la oposición.

Ahora bien, la Asamblea Constituyente se instala en medio del conflicto social y la guerra. Una semana antes de la instalación de la Constituyente el ejército ecuatoriano entraba en combates con las fuerzas irregulares de Colombia. El ministro de Defensa ecuatoriano, había hecho el juego a este involucramiento y escalada en el conflicto colombiano cuando había declarado que el Ecuador no limitaba al norte con Colombia sino con las FARC.

En la misma semana de instalación oficial de la Constituyente, la población de Dayuma se toma las calles y reclama por la desatención gubernamental. El ejército los reprime duramente y el régimen opta por cerrar los espacios de diálogo con los sectores organizados y declara a quienes participaron en estas jornadas de protesta como “terroristas y saboteadores”. El affaire le cuesta el puesto nada menos que al mentalizador del partido de gobierno y que cumplía como Ministro del Interior, Gustavo Larrea.

El partido político de la minoría, de derecha y con la representación de asambleístas más importante luego de Alianza País, el Partido Sociedad Patriótica, PSP, presenta al interior de la Asamblea Constituyente una moción de solidaridad con Dayuma, denuncia la represión sufrida por la población y provoca al régimen. Es una hábil maniobra política que confisca en su propio beneficio las luchas sociales y empieza desgastando a la Asamblea Constituyente porque los asambleístas de Alianza País cierran filas detrás del ejecutivo y demuestran que su posición política obedece a directrices directas desde la Presidencia de la República, esto es, la Asamblea Constituyente se convierte en una palanca del poder ejecutivo y no en un espacio de dirimencia para la construcción de proyectos políticos alternativos. La jugada de Sociedad Patriótica pone a la defensiva al régimen que trata de cerrar todas las voces críticas y disidentes incluso a su interior. Los asambleístas de Alianza País no comprenden que al cerrar filas tras el ejecutivo le hacen el juego a la derecha y no notan que el círculo alrededor de ellos empieza a cerrarse.

La brutal represión a la población de esta parroquia de la amazonía ecuatoriana, con las consecuentes declaraciones gubernamentales, y el hecho de que los pobladores hayan sido calificados y perseguidos bajo la acusación de terrorismo y sabotaje, ha generado una serie de consecuencias políticas que han debilitado al régimen y han puesto contra la pared a la misma Asamblea Constituyente, puede, entonces, hablarse de un “efecto Dayuma”, que podría servir para analizar la coyuntura ecuatoriana desde varias perspectivas:

Primero: demuestra que el discurso gubernamental es estratégico y no programático, en otras palabras, la adscripción a tesis de izquierda y de crítica radical al neoliberalismo no se deben al hecho de que el régimen apueste a un verdadero cambio de modelo económico, sino a garantizar los espacios políticos en los cuales mantiene y conserva su hegemonía, esto es, los espacios electorales que ahora son muy susceptibles a la crítica moralista al sistema político. Por ello, el régimen es extremadamente cuidadoso en su imagen, y apuesta todo a la publicidad. El régimen quiere convertir a Alianza País y a su Presidente en “marcas políticas” y no desgastarlo en procesos políticos: lo importante, en esta estrategia gubernamental, no es lo que se hace y con quien se hace, sino lo que se dice y cómo se dice (en el marketing se diría: la imagen es todo). Dayuma afecta a la “marca” Alianza País: amenaza con correr el velo que esconde el rostro de la Medusa.

Pero esta estrategia esconde algo más profundo y que se revela al trasluz del “efecto Dayuma”: la confrontación social se está trasladando hacia la lucha por las territorialidades, porque estamos ante la presencia de una nueva dinámica de privatización de los territorios bajo el discurso de la autonomía, la descentralización, y la necesidad de recursos para la obra social. Esta conflictividad es puesta, desde el gobierno, en la matriz política de un juego de espejos entre el gobierno y la oposición, en donde el gobierno representa los intereses de la “revolución ciudadana”, mientras que la oposición representa a la vieja y corrupta “partidocracia”. Allí en donde existe lucha de clases y lucha por los territorios, el régimen hace creer de que se tratan de maniobras de la oposición en contra de su proyecto de “revolución ciudadana”. Una lógica maniquea en la que quienes no están con nosotros, necesariamente están en nuestra contra. La oposición de derecha está encantada con esta deriva política y agradece las bocanadas de oxígeno que le brinda el régimen. Se abandera de las luchas sociales y al hacerlo confisca en su propio beneficio las movilizaciones sociales. El extremo perverso de esta lógica está en las recientes declaraciones del Presidente: “todo aquel que se opone al desarrollo del país es un terrorista”.

Segundo: demuestra que el régimen no va a cambiar el sentido real de su política económica, esto es, otorgar mayor capacidad discrecional al gobierno en el gasto público (que no es lo mismo que cambiar el modelo económico neoliberal), a través de un uso intensivo y extensivo de recursos de corto plazo, a la sazón los recursos que pueden obtenerse por la explotación petrolera y por la explotación minera. Habida cuenta de que el neoliberalismo debilitó a la empresa petrolera estatal (Petroecuador) de una manera tan profunda que la recuperación de sus niveles de producción implicarán un tiempo más largo, el régimen opta por la privatización de la explotación petrolera y minera, con empresas petroleras ligadas de una u otra manera a sus gobiernos de origen sin que esto signifique que sean empresas públicas y sin que esto cambie el sentido real de la privatización de los recursos.

Por ello también el afán que ha puesto por privatizar el campo petrolero ITT (por Ishpingo-Tiputini-Tambococha), en el cual está la reserva ecológica del Yasuní, se trata del campo petrolero a la sazón más importante por su volumen de reservas probadas (más de mil millones de barriles de petróleo). Esta necesidad casi desesperada por recursos públicos frescos e ingentes es correlativa a su manera particular de construir su hegemonía electoral a través de un gasto fiscal clientelar y focalizado. El régimen necesita financiar su permanente campaña electoral con obras, publicidad y sonrisas. Dayuma muestra que la sonrisa gubernamental puede parecerse a aquella del gato de Cheshire: puro simulacro.

Tercero: al demostrar que los asambleístas de Alianza País obedecen a las directrices directas que les llegan desde el ejecutivo, la oposición empieza a crear un distanciamiento político entre la Asamblea Constituyente y la sociedad. Este distanciamiento es apoyado, corroborado y estructurado con una estrategia semiótica hecha desde los medios de comunicación, en su mayoría controlados por la derecha política y el capital financiero.

Este distanciamiento puede resultarle fatal a Alianza País, porque puede evidenciar que la Constitución que se está haciendo responde más a los intereses del gobierno de turno que a la necesidad real de la sociedad que hizo una apuesta por cambiar radicalmente al sistema político. Para ello, se ha empezado a victimizar a la oposición política al interior de la Asamblea Constituyente. Se la presenta como mártir de decisiones ya establecidas, sin derecho a tener una voz dirimente, y sin posibilidad de establecer un mínimo consenso. Los medios han señalado con particular insistencia en los procedimientos parlamentarios que otorgan poder al partido de gobierno en detrimento de la oposición política (algo que nunca les preocupó cuando la oposición política era de izquierda).

En el tiempo político que acompañará a la Asamblea Constituyente, se verá que cada vez que ésta adopte una decisión que afecte a la estructura de poder, será presentada como un acto de imposición de un gobierno que adopta tintes cada vez más autoritarios. De ahí que el sentido político de la Constitución tenga ya trazados sus límites y posibilidades: si Alianza País juega a cambiar las reglas de juego que alteren la estructura del poder oligárquico, la distancia que se creará con respecto a la Constitución será tan grande que existe el riesgo de que en el referéndum aprobatorio, se genere un consenso para negarlo.

Una estrategia muy parecida a la que funcionó con el referéndum validatorio de Hugo Chávez efectuado el 2 de diciembre de 2007, y en el cual el mandatario venezolano perdió una elección por primera vez en nueve años. El olfato político de los líderes de Alianza País les dice que esta es una posibilidad cierta y que su permanencia en el gobierno depende de su capacidad de negociación con el poder. Por ello el control que se hará sobre cada uno de los asambleístas de Alianza País será casi panóptico. El régimen no puede darse el lujo de las disidencias, las críticas y las disonancias con su proyecto de largo plazo. Cualquier asambleísta del régimen que se salga del libreto oficial estará incurso en las causales de destitución. Dayuma demuestra que el simulacro a veces es más real que la realidad.

A medida que la Asamblea Constituyente empiece la aprobación de leyes y la redacción de la nueva Constitución, tendrá una espada de Damocles pendiendo sobre cada una de sus decisiones. Si éstas dificultan, estorban o entran en contradicción con el poder real, esto es, el poder del capital financiero y de las oligarquías, existe el riesgo de que las circunstancias confabulen contra Alianza País: tanto poder para un parto de los montes exacerbará el sentimiento de que Alianza País confundió la brújula política del país con su propio norte. En efecto, si el régimen pierde en la disputa política-semiótica alrededor del nuevo texto constitucional, lo que es plausible luego de la experiencia de Chávez y la deriva cuasifascista al declarar terroristas a las movilizaciones sociales, corre el riesgo de que ese nuevo texto no se apruebe en el referéndum, y si no se lo aprueba el Ecuador entraría en un proceso de inestabilidad política que implicaría prácticamente el fin de Alianza País y su revolución ciudadana.

- Pablo Dávalos es economista y profesor universitario ecuatoriano.