Repudiaron el permiso del gobierno de permitir a las multinacionales la siembra comercial “controlada” de maíz y algodón transgénico en las regiones del Caribe colombiano. Advierten sobre los riesgos a mediano y largo plazo de este tipo de explotación.

Las protestas contra los agrotóxicos y transgénicos no se diluyen, y continúan firmes en las comunidades campesinas de América Latina. Esta vez, en Colombia se realizó un Congreso Científico Latinoamericano de Agroecología, en Carmen de Viboral Antioquia, con el fin de informar y repudiar los riesgos transgénicos en el campo y la ciudad.

Allí, docentes e integrantes de movimientos sociales de todo el mundo repudiaron la autorización del gobierno colombiano, a través del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), a las multinacionales Monsanto, Dupont y Syngenta para la siembra comercial controlada de maíz y algodón transgénico en las regiones del Caribe colombiano, Alto Magdalena y el Valle del Cauca.

En una carta abierta a la comunidad científica y empresaria del país, se advirtieron los riegos a mediano y largo plazo sobre los derechos humanos de la población. Bajo el fundamento de que los organismos genéticamente modificados (OGMs) ya provocaron en otros países problemas ambientales, sociales, culturales y económicos de consecuencias irreversibles, los firmantes de la Carta expresaron que el maíz y el algodón transgénico, generará cruces genéticos con especies nativas que causarán degradación genética o “supermalezas” en los agroecosistemas productivos.

Y agregan que del mismo modo “la tradición cultural, históricamente facilitadora de la seguridad alimentaría nacional, será vulnerada y arruinada por las políticas irresponsables del Estado colombiano que mide en términos de productividad la actividad agropecuaria y aumenta la desigualdad social en el sector rural colombiano, olvidando su compromiso con la soberanía nacional a partir del alimento como derecho humano fundamental”.

Asimismo, informaron sobre las acciones del gobierno colombiano al respecto. De acuerdo a los organismos sociales, el gobierno implementó, para una entrada de OGMs sin protestas sociales, los “talleres de Bioseguridad”, con el fin de informar a la opinión pública y a las instituciones sobre los riesgos de la introducción de ese tipo de cultivos en el campo. En esos encuentros se afirma que los efectos ambientales de los transgénicos son mínimos y los cultivos ayudarán a resolver el problema de hambre en el país.

En tanto, otro de los engaños denunciados públicamente es el hecho por Monsanto con los agricultores. Desde el año 2003, la compañía puso en marcha el Programa Campo Unido en Colombia, dirigido a los pequeños productores y a indígenas de los departamentos de Córdoba y de Tolima. El objetivo era incentivarlos para sembrar sus semillas transgénicas de algodón y en algunos casos, hasta experimentos con maíz.

En el resumen del Programa que presentó Monsanto, aparecían cifras y rendimientos de la rentabilidad del Programa en extensiones de tierras de pequeños agricultores no mayores a diez hectáreas. Sin embargo, los nombres que se mencionaban en el informe correspondían a grandes terratenientes del departamento de Córdoba, dueños de toda la maquinaria para la cadena de producción y de las empresas que procesan la semilla de algodón en tortas para alimentación animal e, incluso, dueños también de la producción ganadera y avícola.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina

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