Medellín

¿Delincuentes comunes o actores políticos? La disyuntiva ha quedado planteada tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de negarse a procesar a los paramilitares desmovilizados como sediciosos y a la medida tomada por estos de congelar sus presentaciones ante las autoridades judiciales hasta tanto no haya un cambio de criterio al respecto.

A través de un comunicado divulgado este martes en Bogotá, 24 jefes paramilitares recluidos en distintas cárceles del país, tomaron la decisión de “suspender indefinidamente la presentación a las diligencias judiciales, enmarcadas en los procedimientos de la ley de Justicia y Paz, por el flagrante incumplimiento del Estado Colombiano, a los compromisos acordados en el marco de la negociación con la organización de Autodefensas Campesinas, y la violación a las garantías del debido proceso”.

La controversia afecta profundamente a las víctimas, dado que los ex comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) advirtieron que “deploramos la congelación indefinida de las diligencias judiciales, el entorpecimiento grave del proceso de construcción de la verdad histórica, la suspensión de la información sobre fosas y desaparecidos, y la parálisis del proceso de entrega de bienes destinados a la reparación de las víctimas”.

Una de las primeras personas en expresar sus preocupaciones fue Amparo Mejía, presidenta de la Corporación Madres de la Candelaria - Línea Fundadora -, que agrupa a decenas de familiares de víctimas de la desaparición forzada de sus padres, esposos, hermanos e hijos a manos de grupos armados ilegales.

“Nos preocupa este tire y afloje que en el marco de la Ley de Justicia y Paz, dos años después de entrar en vigencia, no ha dado los resultados esperados. De un lado, no nos cuentan toda la verdad, y de otro, está la incapacidad de la Fiscalía para agilizar las audiencias. Llevamos dos años largos y ahora ellos deciden parar el proceso. ¿Entonces, cuántos años nos tocará esperar para conocer la verdad?”, se pregunta la líder social.

Y la preocupación de Amparo Mejía por la ineficacia de la Ley de Justicia y Paz, es compartida por el presidente del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria Díaz: “La ley es bastante defectuosa. Desde que se estaba debatiendo en el Congreso, se pusieron de presente muchas de sus fallas, y ahora en la aplicación se han puesto de presente de una manera mucho más protuberante, hasta el punto que no solo las víctimas, que han debido ser protagonistas de ella, pasaron a un plano secundario, sino que los propios beneficiarios se están manifestando inconformes con su aplicación”.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia que provocó el rechazo de los paramilitares desmovilizados y una dura crítica a la Ley de Justicia y Paz, está consignada en la Sentencia 26.945, proferida el pasado 11 de julio, en la que se establece que “equiparar el concierto para delinquir con el delito de sedición burlaría el derecho de las víctimas y de la sociedad a que se haga justicia y se conozca la verdad”. Y agrega: “Aceptar que en lugar de concierto para delinquir el delito ejecutado por los miembros de los grupos paramilitares constituye la infracción denominada sedición, equivale a suponer que los mismos actuaron con fines altruistas y en busca del bienestar colectivo”.

Gaviria Díaz, ex presidente de la Corte Constitucional, comparte plenamente la decisión del alto tribunal: “Los paramilitares no incurren en el delito de sedición. La sedición es un delito político que consiste en armarse y ocupar un territorio para impedir que en ese territorio tenga lugar la acción del Estado. Y es evidente que los paramilitares lo que han hecho es todo lo contrario: coadyuvar la acción del Estado, suplirlo donde el Estado no está, o sea, han sido siempre aliados del Estado y no sus contradictores”.

Frente a las palabras del presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, quien se mostró en desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia al señalar que “si se le reconoce sedición a la guerrilla, se le debe reconocer sedición con los mismos elementos al paramilitarismo”, el Presidente del Polo Democrático Alternativo cuestiona esta injerencia indebida en la rama judicial: “El presidente de la República no tiene por qué decirle a los jueces de qué manera fallan o cómo califican un delito”.

Frente a esta nueva crisis en el proceso entre los jefes desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y el Gobierno nacional, Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, muestra un tono más conciliador.

“Esto es una crisis adicional a todo este proceso. Ellos (los jefes paramilitares desmovilizados) están planteando un tema muy importante: la necesidad de repolitizar este debate, y no dejarlo únicamente en el ámbito judicial. Me parece que una vez se aclaren las aguas se va a retomar el proceso, como ha ocurrido meses atrás”, señala Pizarro.

Y en su análisis del asunto, presenta lo que a su juicio debe ser el camino a seguir en este momento: “es crucial que encontremos mecanismos mediante los cuales se reconozca que los desmovilizados están involucrados en una acción contrainsurgente y que no son simples criminales”.

Fuente: Agencia de Noticias IPC
Medellín, Colombia
www.ipc.org.co