Medellín

Si bien la Alcaldía de Medellín persiste en negar públicamente las acciones paramilitares en la zona occidental de Medellín, los hechos cotidianos ratifican lo contrario: castigos crueles e inhumanos a los menores de edad, “toque de queda” y restricciones a sus juegos callejeros, así como cobro de cuotas de seguridad a comerciantes, transportadores y lugareños del común, son pan de cada día para quienes habitan y trabajan en los barrios de influencia del nuevo Metrocable, que integrará 13 barrios de las comunas 7 y 13 de la capital antioqueña.

Desde sus ventanas se divisan las obras de construcción del nuevo sistema de cable que adelantan el Metro de Medellín y la Alcaldía. En este medio de transporte se invertirán cerca de 100.000 millones de pesos, se calcula que estará listo a finales del 2007 y servirá a 13 barrios de las comunas 7 y 13. El sector colinda con el corregimiento San Cristóbal, el Túnel de Occidente y la carretera a Urabá, un amplio y estratégico sector del occidente de la ciudad que los paramilitares persisten en mantener bajo control.

Sobre la situación que viven allí, son pocas las personas que hablan y aquellas que se atreven sugieren hacerlo en el centro de la ciudad o en lugares “donde nadie nos vea”. Tal es el temor a las retaliaciones de los grupos paramilitares que aún operan en este sector, caracterizado por la estrechez de sus calles, las pendientes de sus escalas y el aglutinamiento de las casas.

“Sí, son paramilitares”, afirman sus habitantes. “Llegaron con la operación Orión en octubre de 2002 y se quedaron. Eran del bloque Cacique Nutibara. Ni siquiera con la desmovilización se fueron del barrio”. Las afirmaciones se hacen casi en susurro y sus ojos revelan una cautela que raya con la desconfianza. “Ellos son comandados por un tipo negro, bravo, que vive en La Divisa”, señalan las fuentes.

“Yo conozco dos que estuvieron con la Policía y el Ejército en esa época. Ellos mismos entraban al barrio y sacaban la gente. ¡Eh Ave María si fueron muchas las cosas que se vieron por aquí! Lo que pasa es que una se tiene que quedar callada”, dice una señora del barrio Juan XXIII.

Por ello no hay identidades de las fuentes que contribuyen con su testimonio: nadie quiere ser identificado. “Entre menos sepan de uno mejor”, dicen. Son gente del común que está agobiada con lo que pasa en sus barrios, pero desconfían del Estado y prefieren la resignación.

“Es que ya no le creemos a nadie, ni siquiera a las autoridades. Somos conscientes de que quien habla se muere”, expresan. Y añaden: “esta situación la hemos vivido desde hace muchos años, ya estamos acostumbrados a que nadie resuelve nada”.

Esos hombres que señalan como paramilitares no son desconocidos para las autoridades. Aparecen denunciados en diversos procesos judiciales y varios de ellos han sido nombrados en expedientes relacionados con las investigaciones de fosas comunes halladas en el corregimiento San Cristóbal el 31 de julio de 2003.

En ellas aparecieron los cuerpos desmembrados de varios habitantes de la comuna 13, reportados como desaparecidos días después de la operación Orión, ejecutada entre el 15 y 17 de octubre de 2002 por diversos organismos de seguridad para recuperar la zona de la influencia de las guerrillas de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo.

Tratos crueles

“Un lunes, a comienzos de mayo de este año, dos señoras tuvieron que ir por sus hijos, dos pelaos como de 9 y 12 años, al tanque, un lugar donde los paramilitares meten a quienes no los obedecen. Los dejaron allí como cuatro horas; primero les pegaron varios correazos, luego los metieron al tanque de agua fría, con ropa y todo; los volvieron a sacar y les pegaron, y otra vez los metieron al agua”.

Quien narra esta escena es un vecino al lugar de torturas, ubicado en un descampado del barrio Juan XXIII, quien observó ese día la actuación de los paramilitares, cuatro en total, entre ellos una mujer.

A estos dos menores, de acuerdo con testigos, les estaban pegando y sumergiéndolos en agua fría porque se habían subido a un bus por la puerta de atrás cerca de la estación San Javier del Metro, una práctica prohibida por los paramilitares.

“Pero las cosas no se quedan ahí. Los muchachos por aquí, sobre todo los menores de edad, tienen que entrarse a sus casas a las 8 de la noche. A quien vean en la calle lo aporrean y si reincide lo hacen ir del barrio”, asevera la fuente, quien sostiene que por lo menos una señora conocida de él fue obligada hace un par de meses a desplazarse con sus dos hijos, de 12 y 14 años, porque no acataban “el toque de queda” impuesto por aquellos que son señalados como paramilitares.

Persisten “las vacunas”

Las presiones también se sienten en sectores como el transporte. Entre el gremio nadie habla porque se consideran expuestos a quienes les reclaman cada día una cuota en dinero. Pero entre usuarios y familiares de conductores todo se sabe.

“Aquí todos le pagan una cuota diaria a los paramilitares”, señala una persona cercana a los transportadores de las rutas de buses de La Floresta y San Javier, que sirven a ese sector de la ciudad. “Hace poco vi a alguien que no pudo pagar los 10.000 pesos que le exigen y le advirtieron que ya llevaba varios días sin dar nada, que se pusiera las pilas”. Esas palabras se sintieron como una amenaza.

El tema tampoco es nuevo y de él saben bastante las autoridades judiciales. Un desertor de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) le narró a la Fiscalía el 8 de marzo de 2004 cómo operaba el cobro de “vacunas” en ese sector.

“Ellos vacunan a las busetas de Calasanz y a los colectivos de Blanquizal, los de Fuente Clara, la ruta de la Floresta Pradera, Juan XXIII, La Divisa, La Quiebra; es decir, todas esas rutas que trabajan para ese sector tienen que pagar la vacuna o impuesto, la inyección”, narra el desertor, quien integró el bloque Magdalena Medio de las Auc que hizo presencia en la comuna 13.

“La cuota de las busetas de Calasanz es de 20.000 pesos, la tienen que pagar cada ocho días los dueños; los de Blanquizal, 10.000 pesos cada ocho días; los de Fuente Clara, 15.000 pesos; los de La Floresta no sé cuál es la tarifa. El encargado de manejar esas vacunas de todo ese sector es Alex, alias El Barbado”, precisó hace tres años el ex integrante de las Auc, quien indicó a la Fiscalía que con esa plata se pagaba la nómina de los combatientes.

A juzgar por los testimonios recibidos, las cuotas se han incrementado, pues hoy los buses de La Floresta, por ejemplo, deben pagar la “vacuna” cada día, y no semanalmente como hace algunos años.

El comercio barrial de este sector de la comuna 13 tampoco se salva del cobro. Tiendas, panaderías, carnicerías, legumbrerías, peluquerías, talleres y almacenes de ropa pagan cuotas variables, desde 5.000 hasta 50.000 pesos semanales, de acuerdo con el tamaño de sus negocios. “Además, esos paracos llegan a las tiendas, consumen lo que les da la gana y se van sin pagar. ¿Quién es capaz de cobrarles?”, dice un comerciante.

Los habitantes también están amarrados a las “vacunas”. Cada semana pasan varios jóvenes cobrando. Este año subieron la cuota a 2.000 pesos. “Por servicios de seguridad”, dicen, pero “la seguridad debería estar en manos de la Policía y el Ejército, pero nadie hace nada”, reclama una habitante de La Divisa.

“¿Denunciar? Muy difícil”, y agrega: “La Policía y ellos son la misma cosa. A los policías nunca les decimos nada. Por allá llegan los “paracos” y está la policía y haga de cuenta que están juntos”.

Desconfianza total

“Ya ni siquiera vemos o escuchamos las noticias sobre la comuna 13 porque el Gobierno niega lo que pasa”, afirma con rabia una mujer que vive hace ocho años en el barrio La Quiebra.

La Alcaldía de Medellín ha sido reiterativa en minimizar la situación de conflicto armado que viven diversos barrios de la comuna 13. Uno de los últimos pronunciamientos se produjo el 10 de abril de este año a través del documento La comuna 13 de Medellín: Del miedo a la esperanza, observaciones al informe de riesgo No 009 de 2007, preparado por un equipo de trabajo conformado por la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá, el Ejército Nacional, el Batallón Pedro Nel Ospina, la Oficina de Paz y Reconciliación y la Secretaria de Gobierno Municipal.

El informe fue enviado al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), integrado por diversas instituciones de seguridad del Estado y coordinado por el Ministerio del Interior y de Justicia, con el fin de evitar que se declarara una alerta temprana, tal como lo solicitó la Defensoría del Pueblo a través del Informe de Riesgo 009-07, para que se activaran las acciones estatales pertinentes para proteger a la comunidad.

En respuesta a la solicitud de la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Medellín consignó en el documento que “la Administración Municipal sostiene, de manera rotunda, que en la comuna 13 no se presenta un conflicto armado; existen, eso sí, combos y grupos de delincuencia común, que son los causantes de la gran mayoría de los delitos que allí se cometen. Estos grupos no obedecen a estructura militar alguna, pues en la comuna 13 no hay presencia organizada de guerrillas o paramilitares”.

Y agrega: “Insistimos, lo que se presenta en la comuna constituye un fenómeno de delincuencia común, en los que es probable participen algunos desmovilizados que se han salido de los compromisos suscritos”. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, en la comuna 13 viven 167 beneficiarios del proceso de desmovilización.

Pero la apreciación de la Alcaldía riñe con la realidad descrita por los habitantes de esta zona de la capital antioqueña, con la visión de la Defensoría del Pueblo y con las intenciones de grupos paramilitares: “¿Tranquilidad por aquí? ¿Cuál tranquilidad? Quienes creen que por aquí no pasa nada están muy equivocados. La gente sí le agradece a la Alcaldía por los parques biblioteca, el Metrocable, pero lástima que las autoridades sigan negando la realidad”, se lamenta un habitante de La Divisa.

Fuente: Agencia de Noticias  IPC

Medellín, Colombia

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