Cuando se anuncian cambios en el statu quo, que se presume afectarán profundamente los intereses de los grupos dominantes, estos despliegan todo su arsenal y combaten sin cuartel en todos los ámbitos que son propios de este tipo de luchas: en lo político, lo económico y lo ideológico.

La dura resistencia que presentaron en el Congreso Nacional para tratar de impedir la realización de la Consulta Popular , para limitar a la Asamblea Constituyente a través de restringir sus poderes, imponer una “agenda” o establecer como su único objetivo las reformas políticas, ejemplifican bien las armas utilizadas en esta primera fase y en este tipo de confrontación. Hoy se centran sus esfuerzos en el tratar de impedir se mantengan las declaratorias de emergencia que permiten avanzar rápidamente en la solución parcial, pero solución al fin, de urgentes problemas como los que afectan a los sectores de la educación y salud, entre otros, concientes que estas soluciones, colateralmente e inevitablemente, acumulan fuerzas a favor del proyecto de cambio del Presidente Correa, lo que afecta a su interés político: imponer el mayor número de asambleístas que les permita torcer el rumbo o modificar los objetivos de la Asamblea Constituyente.

La abierta defensa del actual Superintendente de Bancos y de los funcionarios del Banco Central, militantes fervorosos de la mínima ingerencia del Estado en la economía, y, consecuentemente, conmilitantes ideológicos y políticos de la dominación neoliberal, es buen ejemplo de la lucha en el área económica. A nadie escapa que la “transparencia” del Superintendente en lugar de la intervención que amerita la política usurera -puesto que sus tasas más comisiones superan la tasa máxima establecida por el banco Central-, les beneficia enormemente. La lucha por profundizar las autonomías y la descentralización, a más de debilitar al Estado Nacional –objetivo del poder imperial a nivel mundial-, les permite recomponer su poder político a nivel local y, con ello, acelerar su proceso de acumulación y concentración de la riqueza.

La arremetida, en este caso si unánime como lo comprueban los contenidos similares de todos los editoriales y artículos de opinión de todos los grandes medios impresos y televisivos, de todos los propietarios de los grandes medios de información en contra de la posición del Presidente Correa de enjuiciar al principal del diario La Hora, traslada la confrontación al campo ideológico. En este ámbito recurren a invocar el derecho de opinión y expresión, como si se tratase de un derecho generalizado al conjunto social, ocultando que ese derecho ha sido conculcado por ellos mismos, desde siempre, a través de agendas, restricción e incluso censura de contenidos adversos, listas negras de personas que no tienen cabida en los espacios de sus medios, por citar algunos.

La lucha ideológica no se agota con lo antes expresado, para lograr sus propósitos recurren también a satanizar la personalidad del Presidente Correa, conflictivo y autoritario lo presuponen. Lo incitan a que soporte: “un cierto mayor riesgo de lesión en sus derechos de la personalidad que las personas privadas”, en suma, que se acalle, reniegue de sus convicciones y posiciones. Pero van todavía más allá, sin importarles que la libertad de expresión y opinión, para ser tal, debe guardar absoluta coherencia con la realidad objetiva sobre la cual se expresa, comparan hechos incontrovertibles como la falta absoluta y total de justificaciones y justificativos para agredir a Irak que exhibió el Presidente Bush o la irrefutable para política de Uribe, con un supuesto “asalto a la Junta bancaria”, como lo publicitó La Hora.

La falta de ética exhibida por los grandes medios en la lucha ideológica en marcha, se demuestra también por otros hechos. El pretender que los contenidos de los artículos editoriales corresponden a un comunicador específico, seguramente para convocar a la solidaridad de los colegas, es una falacia más. Los editoriales expresan la posición del medio, es decir de los dueños del medio que no de quien lo escribe. Esta pretensión, por cierto, tiene otro objetivo ideológico, ocultar la mano del poder económico que controla los grandes medios de información.

La lucha ideológica adquiere también tintes abiertamente políticos que vale advertir. La abierta proclama de que el Presidente Correa deshace lo que, para ellos, bien lo hace el Ministro Gustavo Larrea, tiene otros alcances e intenciones. En lo referente a la Asamblea Constituyente , pretenden que el Presidente Correa convalide la alianza que el Ministro Larrea realizó con Alternativa Democrática, calificada por el poder económico tras los medios como “progresista y deliberante”, para impedir que avance el proceso unitario con todas las fuerzas de izquierda “premodernas y radicales”, como ellos califican a las fuerzas que apoyan la transformación reclamada por la mayoría del pueblo ecuatoriano. Este empeño tiene tres objetivos políticos evidentes: posicionar a sus fuerzas en la perspectiva de la Asamblea Constituyente -no olvidemos que Alianza Democrática esta conformada por quienes son parte de la “Ruptura de los 25 años”, estructurado y financiado por USAID lo que les liga más al interés de esas fuerzas que a las del cambio-; limitar los objetivos y alcances de transformación de la Asamblea Constituyente , como lo demuestran las propuestas planteadas el día en que se selló la alianza del Ministro Larrea; y, debilitar la política de amplias alianzas sugeridas por el Presidente Correa, toda vez que los restantes 5 o 6 miembros de la Alianza Democrática son disidentes del Movimiento Pachakutik, lo que obviamente determina condiciones adversas para que este movimiento se sume al esfuerzo unitario.

En lo político ideológico no podemos dejar de advertir que los grandes medios de información, como lo hicieran, por ejemplo, por voz de Jaime Mantilla Anderson en radio Visión, ponen por alto la capacidad “negociadora” que el Ministro Larrea habría demostrado con los grandes medios de información, capacidad que, resaltan, también, según ellos, lo habría demostrado con el Congreso Nacional cuando se trataba el tema de la Consulta Popular. Este tipo de afirmaciones deben llamar la atención, puesto que contrastan la actitud del Ministro Larrea con el accionar del Presidente Correa -a quien califican como político inmaduro, autoritario, conflictivo-, seguramente en el objetivo de inducir a que el Presidente Correa abdique de sus posiciones de cambio, de confrontación con los intereses de los grupos dominantes. A más de lo antes expresado, podría tener también otro objetivo menos claro pero más tenebroso, el Golpe de Estado, lo cual no sería raro dada la reciente visita de Negroponte, presencia siniestra en todos los golpes de Estado que se han sucedido en los países a los que ha concurrido o concurre. De ser esto así, la posición adoptada por las fuerzas dominantes señalaría que se han embarcado ya en esa ruta, para lo cual se hallan en búsqueda de un Miquilena criollo, el que se sumaría al equipo de todos aquellos que, desde el interior del gobierno, no impiden la reducción de la producción petrolera, el desabastecimiento del gas de uso doméstico, en tanto se muestran afanosos y seguros de conseguir ingentes fondos para equipos de fútbol.