Remozadas versiones de la “supremacía blanca” rondan por el mundo, a veces camufladas en el discurso de la superioridad de la “civilización global” y de su supuesta vocación apolítica, tecnológica y no ideológica, otras veces revestidas del alarmismo sobre la seguridad mundial o local, invariablemente teñida de matices étnicos, regionales, culturales o religiosos.  En ocasiones las expresiones son sutiles, pero cada vez menos, más bien el estigma del origen y de la identidad se levantan nuevamente como un canon necesario para ponderar lo que se considera viable y lo que no.

En lo que ha transcurrido del siglo XXI, hablar de racismo, xenofobia, nacionalismos, odios étnicos, polarizaciones culturales, se ha vuelto parte del cotidiano.  Es más, si hasta hace un decenio designar la limpieza o la exterminación étnica anunciaba un inminente peligro, ahora lo sucedido en Ruanda a mediados de los 90, por ejemplo, es parte de los acontecimientos ya registrados, como lo son las distintas masacres sucedidas en nombre de cualquiera de los elementos antes mencionados.  Asimismo, en las invasiones cometidas con el pretexto de imponer “democracia y libertades”, el argumento de las diferencias étnicas y culturales actúa como justificativo de la estigmatización de extensos colectivos humanos, tildados de ser adversarios del occidente y por tanto de la humanidad.

Para refrendar al Norte geo-económico como el polo y la síntesis de la “civilización mundial”, el recurso al etnocentrismo es moneda corriente.  El racismo, o más bien los racismos y las múltiples expresiones de éstos, son objeto de distintas formas de legitimación, por un lado, los distintos grupos discriminados son catalogados cada vez más como un peligro o hasta como enemigos declarados de la “civilización” capitalista, y por otro lado, sendas medidas, tomadas a nombre de la seguridad, amenazan a la vitalidad de los sectores que abogan por la erradicación de las discriminaciones y la vigencia de los derechos humanos.

El resurgimiento de organizaciones de extrema derecha y su posicionamiento, cada vez más abierto, en el escenario político, provee de una tribuna abierta a las posturas discriminatorias, que expresan públicamente y sin ambages sus visiones racistas, xenofóbicas, sexistas, homofóbicas, y otras.  El racismo político está de vuelta e incide directamente en el delineamiento de directrices y legislaciones, las mismas que, aún cuando aparentan ser locales, tienen un impacto internacional sin precedentes, un ejemplo de ello son las políticas sobre inmigración delineadas por los países del Norte, cuya interacción con el mundo tiene aristas múltiples.

El racismo de Estado ya no se circunscribe entonces a una nación o territorio, o a la interacción entre un Estado y otro, asistimos más bien al surgimiento  paradigmático de un racismo global, concertado con las dinámicas de la globalización y con los nuevos actores y empeños de recolonización general, cuyo escenario es el mundo y su sujeto privilegiado las poblaciones del llamado Sur global.

La xenofobia virulenta y ascendente

Las nuevas normativas migratorias delineadas particularmente por los países del Norte, son diseñadas con dedicatoria hacia la inmigración pobre y étnica, juzgada también de amenaza para la seguridad de esos países, y desde esa perspectiva objeto de grandes medidas para frenarla.

La militarización y el levantamiento de un muro en la frontera de los Estados Unidos con México, precedida de medidas para criminalizar y sancionar a la inmigración indocumentada, es un ejemplo del giro que han tomado las políticas sobre flujos humanos.  Pero si esto es alarmante, lo son aún más las evidencias del raigón social de dichas posturas, pues la simpatía popular hacia esas medidas no son casos aislados y las expresiones de violencia virulenta contra lo foráneo provenientes de colectivos civiles son cada vez más frecuentes.  El racismo social es un fenómeno ascendente, muchas veces impune y asociado a la defensa propia.

En Estados Unidos, donde la población de habla hispana constituye la segunda más numerosa del mundo después de México -alrededor de unos 54 millones de personas-, el hecho capitalista de que su poder adquisitivo -unos 750 millones de dólares[1] - sea mayor que el PIB de cualquier país latinoamericano, no es un impedimento para cercenar derechos e incrementar las políticas de exclusión.  Al contrario, la deslegitimación del heterogéneo papel socio-económico de esta población es núcleo de las arengas sobre el peligro de la invasión latina y del presunto despojo de empleo y bienestar a la población local.

Similares características se expresan en el recrudecimiento de las políticas de inmigración europeas, allí también se han incrementado las medidas de control, la segregación, la violencia, y la militarización de las zonas de ingreso.  Distintas iniciativas locales apelan además a reforzar aún más los controles; el parlamento de las Islas Canarias, por ejemplo, debatió en mayo una propuesta de la derecha no sólo para redoblar el blindaje militar de las costas españolas, sino para desplegar buques de la armada a aguas internacionales cercanas a los países africanos emisores de emigrantes; distintas iniciativas similares a ésta se han presentado en otros países.

En otras palabras, la criminalización y militarización de las migraciones desplaza este fenómeno humano inherente a la globalización hacia nuevos escenarios, en los cuales las personas pobres y de grupos étnicos discriminados son juzgadas culpables de antemano, sancionadas y excluidas, sin derecho a réplica, sin contemplaciones sobre sus derechos humanos.

Los racismos presentes y crecientes

Si bien el alcance macro político y social del  racismo global es lo más perturbador del siglo XXI, también lo es la persistencia y masividad de las brechas creadas por el racismo estructural, que escinde a las poblaciones al interior de los países.

En Brasil, por ejemplo, según datos de UNIFEM[2], el 43% de la población afrodescendiente se ubica por debajo de la línea de pobreza y el 19% en la categoría de indigente.  En ambos casos los índices son dos o tres veces mayores que aquellos de los blancos.  Este caso ilustra una situación recurrente, pues en todas partes sin excepción los grupos discriminados por motivos étnicos se encuentran relegados en la extrema pobreza y la exclusión.

En Estados Unidos, país que tiene el record de condenas de pena de muerte en el mundo, alrededor del 75% de personas condenadas son latinas o afrodescendientes.  Y su presencia en las cárceles es proporcionalmente equivalente a su marginación de la educación, la salud, el empleo, y las proyecciones de vida.  

El racismo no es entonces apenas un lugar común y un comportamiento de rechazo individual y colectivo del “otro”, sino una realidad tangible y cuantificable.  Así, siguiendo el caso de Brasil como un ejemplo, según el estudio antes mencionado, casi el 65% de las capas de población más pobre es afrodescendiente, y el mismo grupo percibe apenas el 48% del salario que reciben los blancos; diferencia agravada con el género, pues las mujeres perciben apenas el 30% de la renta media de los hombres blancos.

Estas muestras ilustran hasta que punto las medidas posibles para la erradicación del racismo sólo pueden ser estructurales, y sensibles a la existencia de éste como sistema social que, al igual que el patriarcado, se interrelaciona y articula con los distintos sistemas dominantes, como lo señalaron distintos movimientos en el “Foro de las Américas por la Diversidad y la Pluralidad”, instancia de articulación para la “Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia, y las Distintas formas de Intolerancia” (ONU, Durban 2001), llamada de Conferencia de Durban, que permitió poner sobre la mesa un importante acervo propositivo generado por los distintos grupos discriminados.

A finales de julio se realizará en Brasilia (Brasil) la “Revisión Durban + 5”, con el objetivo de monitorear los avances realizados por los Estados de las Américas en la erradicación del racismo, la xenofobia y las otras formas de intolerancia, y ojalá ésta constituya una ocasión para reflexionar sobre la naturaleza de las políticas, relativas a estos asuntos, adoptadas en estos últimos cinco años, pues coincidentemente la Conferencia de Durban concluyó en vísperas de aquel 11 de septiembre, que marcó un giro legitimador de los principios y prácticas discriminatorias que la Conferencia pretendía erradicar.