En una decisión largamente anunciada, la Asamblea de Gobernadores del BID reunida en Guatemala aprobó la condonación de una parte de las deudas que ese Banco reclama a algunos de los países más empobrecidos de la región, entre ellos Haití, Honduras, Nicaragua y Bolivia. Si bien la decisión del BID es una respuesta a la campaña que Jubileo Sur y muchas otras redes y movimientos en esos países y en todo el mundo hemos impulsado por la anulación total e incondicional de esos reclamos, no podemos aceptar sus términos ni la expectativa creada en torno a ella.

Cualquier iniciativa de "alivio" de deuda, para beneficiar a la población afectada, debe contribuir a romper con la dependencia económica y política que sufren los países del Sur, promoviendo la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y la plena vigencia de los derechos humanos y ambientales. Debe, además, reconocer la ilegitimidad de las deudas que se quieren cobrar, gran parte de las cuales fueron contraídas por gobiernos no-constitucionales o corruptos, sin consultar a la población y con el objetivo de implementar políticas de ajuste, privatización, saqueo y liberalización que los pueblos latinoamericanos y caribeños vienen denunciando por genocidas.

El "perdón" de deudas aprobado por el BID no aparenta tener ese sentido. Más bien parece conformar a la historia de reducciones de deuda, instrumentadas por los propios prestamistas, que han traído alivio para los grandes capitalistas ansiosos por seguir concentrando riqueza y mayores condicionamientos y dificultades para los pueblos. No sólo son reducciones parciales de deudas cuya legitimidad no se ha cuestionado, sino que además se mantienen en pie el requerimiento de fuertes condicionamientos político-económicos y se reducirán la disponibilidad de futuros créditos en proporción directa a los montos ahora cancelados.

Es el caso de Haití, por ejemplo, ya que el BID ratifica que para acceder a la condonación, el país primero tiene que cumplir con todas las recetas e indicadores neoliberales que conforman el "Programa para Países Pobres Altamente Endeudados" ("HIPC" en inglés). Camille Chalmers, de la Plataforma para un Desarrollo Alternativo (PAPDA) de Haití, manifestó su preocupación ante el fuerte condicionamiento que implica no tener "ninguna garantía" de la condonación anunciada: "Otra vez, estas promesas del BID no resuelven la crisis de la deuda. Imponen dos años más de las mismas políticas que nos están matando. El informe de la CEPAL señala que la economía de Haití el año pasado transfirió más de 70 millones de dólares al exterior, mayormente para pagar deudas ilegítimas y criminales. Este escándalo debe parar ya. Este país devastado no puede seguir exportando capitales."

Para países como Bolivia y Nicaragua, los condicionamientos requeridos para acceder a ésta, como a las anteriores reducciones, han significado la privatización de sus recursos y servicios esenciales, una enorme desinversión social y el acelerado aumento de la deuda interna. Las negociaciones actuales entre el FMI y el gobierno nicaragüense buscan asegurar que los tenedores de esa deuda interna ahora sean los primeros en cobrar el "ahorro" que pudiera significar para su país, lo aprobado por el BID. Alejandro Bendaña, del Centro de Estudios Internacionales en Nicaragua, denunció que "el llamado alivio permite al gobierno de Nicaragua pagar en su totalidad y sin condiciones la deuda interna ilegítima e ilegal en manos de los banqueros nacionales e internacionales, y mantener el pago del resto de la deuda externa."

"Lo que cabe es la anulación de la deuda reclamada por el BID en su totalidad –señaló además Bendaña- y no simplemente algún denominado alivio. Debemos exigir una Auditoría integral y social de todas estas deudas, para establecer lo que ya hemos pagado de más."

"Haití y los 5 países no deben pagar ni un centavo más por una deuda ilegítima –reclamó también Chalmers - Son nuestros pueblos los acreedores y tenemos que revertir los procesos de saqueo y de empobrecimiento que son las verdaderas raíces de la situación actual."

No debe ser casual que se apruebe este "perdón" de deudas, que en realidad tendrían que ser "repudiadas", al mismo momento en que el BID discute la reestructuración de sus operaciones y en un marco de fuerte cuestionamiento de su mandato y papel, junto con el de todas las Instituciones Financieras y Comerciales Multilaterales como el FMI, el BM, la CAF y la OMC. EE.UU. además se niega a otorgarle recursos adicionales y en la región se inicia la creación de alternativas como podría ser un Banco Solidario del Sur .

Justamente, este "alivio" de unas pocas deudas, reduciendo la exposición del Banco y el tamaño de su cartera de créditos concesionales, tiene que ser analizado junto a los intentos del BID de agilizar su funcionamiento y continuar ampliando su rol de "Banquero de la Integración". Sea a través del Plan Puebla Panamá o el IIRSA, en el impulso de los tratados de libre comercio o los megaproyectos extractivos y energéticos, resulta igualmente deplorable que el BID siga profundizando su papel como agencia de financiamiento público para la oligarquía financiera regional e internacional. Alejandro Bendaña resume la experiencia reciente en Centroamérica al observar que "los mal denominados préstamos \'no soberanos\' –créditos otorgados directamente a empresas privadas- han duplicado su monto entre 2004 y 2006, en tanto los Estados centroamericanos, con la excepción de Costa Rica y Panamá, evidencian los más bajos niveles de inversión pública de América Latina. El Banco poco tiene que ver con el "desarrollo" toda vez que más de 4 mil millones de dólares en préstamos del BID no han sido capaces de impactar sobre los niveles de pobreza ya que en la mayor parte de Centroamérica dos terceras partes de la población viven en la pobreza, incluyendo la mayoría de las poblaciones indígenas".

Mientras el BID ofrece "alivios" para fortalecer otras formas de dependencia, desde Jubileo Sur/Américas hacemos un llamado a todos los pueblos de la región a profundizar la resistencia a sus políticas de endeudamiento y saqueo, rechazando sus proyectos de muerte, impulsando auditorías integrales y participativas para mostrar quiénes son los verdaderos acreedores y exigiendo de los gobiernos verdad y justicia frente a los responsables del terrorismo económico junto a políticas alternativas de vida, soberanía y dignidad.